El Jurado de Enjuiciamiento suspendió de sus funciones al juez de Jáchal, Javier Alonso, mientras dure y se resuelva el proceso de destitución en su contra por morosidad injustificada. La resolución se dio luego del pedido del jefe del Ministerio Público, Eduardo Quattropani, y del fiscal de Estado, Jorge Alvo, quienes habían sostenido que constituía un riesgo que el magistrado continuara en su puesto, teniendo en cuenta que en el juzgado se encuentra toda la prueba, por lo que podría obstaculizar la causa bajo la posible manipulación de documentación. A su vez, la defensa de Alonso atacará, en el juicio, la auditoría que hizo la Corte y fue la pieza clave de la denuncia, al punto de que uno de sus abogados, Franco Montes, la calificó de "irregular".

De esa manera, Alonso y sus defensores apuntarán al corazón de la herramienta que tiene el máximo tribunal para controlar y mejorar el rendimiento de los jueces, por lo que se expondrá en el juicio si la auditoría estuvo bien o mal hecha en el caso del juzgado jachallero.

El máximo tribunal había auditado el juzgado de Jáchal y el informe arrojó que hubo retrasos en la resolución de expedientes con personas detenidas y que no están privadas de la libertad, en hechos de violencia intrafamiliar y de género y en causas civiles, dado que el tribunal es multifuero. Montes había asumido la defensa de Alonso junto a Marcelo Fernández, quienes cuestionaron, en primer lugar, que la auditoría se centrara solamente en los años 2019 (a dos meses de la asunción del magistrado) y 2020, "sin que se tuvieran en cuenta años anteriores". En ese sentido, destacó que, "para evaluar la conducta funcional, se necesita saber con qué se encontró el juez, debido a que se tuvo que hacer cargo de la morosidad que traía el juzgado". Inclusive, el magistrado había indicado en su descargo que, antes de su asunción, "existían una gran cantidad de causas sin resolver, tanto en materia civil como penal".

Por otro lado, el defensor resaltó que la auditoría "tiene muchas inexactitudes y cuestiones genéricas, es un informe sesgado y difuso que afecta y dificulta el derecho de defensa". De hecho, el juez, en su escrito de defensa, había remarcado que, en las "causas sin detenidos, que la auditoría señala como las más trascendentes, me veo imposibilitado de brindar al Jurado explicaciones fundadas al respecto, al no encontrarse en el informe los datos de los expedientes a los cuales se refieren".

Con respecto a los casos con detenidos, el propio magistrado había resaltado que los auditores "infirieron" que desconocía la cantidad, dado que no le consultaron, sino que tomaron información de la Secretaría Penal. Así, Alonso luego dio detalles de la situación de los detenidos en su primer informe de respuesta. A su vez, su abogado explicó que "hay muchos detenidos que no estaban a su disposición porque las causas fueron elevadas a juicio". En ese contexto, agregó que los auditores expresaron que se comunicaron con el Penal y "con la comisaría departamental, cuando hay otras dos". Alonso había señalado que las cifras de detenidos informados por los auditores "son cuestiones no comprobadas, son simplemente dichos vertidos por ellos en el informe".

Con respecto a los casos de violencia familiar, el juez había plasmado que el informe no menciona fechas de inicio de los expedientes y que existen causas de "períodos anteriores a los auditados" y que fueron resueltas después de su asunción. Además, había criticado que, al igual que en el área penal, en las causas civiles se excluyeron años anteriores del análisis y que tampoco se "menciona el año de inicio de los expedientes resueltos, ni, mucho menos, su individualización".

Alonso fue suspendido por el Jurado y ahora falta que el fiscal General y el de Estado hagan la acusación (Ver aparte).

• PASOS DEL JURY

Denuncia

La Corte de Justicia denunció el 12 de abril al juez de Jáchal, Javier Alonso, por morosidad injustificada, incumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta.

Suspensión

El fiscal General, Eduardo Quattropani, y el de Estado, Jorge Alvo, pidieron la suspensión del magistrado, dado que señalaron que era un riesgo para el resguardo de las pruebas.

Descargo

En su primer informe, Alonso descargó duras críticas hacia los auditores que cuestionaron su labor. En su descargo formal, al igual que en el informe, atacó el trabajo de la auditoría.

Intervención

El fiscal de Estado, Jorge Alvo, decidió participar en el juicio como acusador especial al entender que puede estar en juego el patrimonial público por la actuación del juez jachallero.

Acusación y juicio

El Jurado suspendió a Alonso. El fiscal de Estado había adelantado que acusará al juez y todo indica que lo hará en tándem con el fiscal General. Tras ese paso, el Jury debe fijar la fecha de juicio.

Admisión formal

El Jurado de Enjuiciamiento admitió el 28 de abril la denuncia contra el titular del Juzgado de Jáchal. Con ese OK, se avanzó para que los fiscales decidan si acusan o no.

• Rechazo al pedido para sacar al fiscal de Estado

Los abogados Franco Montes y Marcelo Fernández le habían solicitado al Jurado de Enjuiciamiento que apartara al fiscal de Estado, Jorge Alvo, como acusador especial. Sin embargo, los integrantes del Jury consideraron que la "presentación es inadmisible en esta etapa del proceso", debido a que "hasta tanto no haya acusación fiscal, no se admite la participación del denunciado", según establece la norma.

Los defensores de Alonso habían planteado que la participación del fiscal de Estado es inconstitucional, ya que la Carta Magna provincial sólo le atribuye facultades de intervención en procesos judiciales, mientras que el procedimiento de remoción de un magistrado tiene, en esencia, la característica de juicio político no jurisdiccional.