

A casi dos meses y medio de la denuncia por las escandalosas cifras en la contratación de la ART para los estatales, el giojismo dio explicaciones y ofreció pruebas ayer en la Justicia. Lo hizo a través de un abogado que efectuó una presentación espontánea en nombre de Walter Lima, exsecretario General de la Gobernación, quien llevó adelante los convenios entre San Juan con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER). En el escrito explican que la contratación fue directa porque se trató de una relación entre provincias, una de las excepciones que contempla la ley para no hacer una licitación pública. Además, sostienen que el acuerdo fue aprobado por la Legislatura y mientras se mantuvo vigente hasta 2016, tras renovaciones anuales, ningún organismo de control del gasto detectó irregularidades. El lunes, el abogado entregaría una nota firmada por el exgobernador José Luis Gioja.

La presentación la hizo el abogado Fernando Castro, en la que constan una serie de dardos hacia la denuncia que presentaron los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia, dirigentes del GEN. El escrito señala que los motivos políticos “saltan a la vista” y que acudieron a la Justicia “con una hipótesis sólo sostenible en el ámbito de la opinión de café” para que investigue “un conjunto lúdico de suposiciones, más allá de la vigencia de cualquier principio jurídico”, entre otras críticas. Fuentes calificadas indicaron que el juez Pablo Flores ya está recibiendo la documentación que requirió a instancias del fiscal Daniel Galvani. A todo eso, las actuales autoridades de Gobierno entregarán el lunes los expedientes que faltan, atento a que tuvieron que recolectar toda la información que solicitaron los funcionarios judiciales.

Según la presentación, la Contaduría y el Tribunal de Cuentas no realizaron ninguna observación del convenio.

En cuanto a la presentación giojista, se destaca que el convenio fue un acto administrativo legítimo, “aprobado por los mecanismos de control pertinentes” y que la denuncia solo “se contenta con señalar diferencias de costos” y que no se describe ninguna maniobra delictiva.

Las variaciones en los montos son el centro del escándalo. En 2016, la provincia le pagó al IAPSER unos 503 millones de pesos. Sin la renovación automática, el Gobierno licitó el servicio y con la nueva empresa que resultó ganadora ahorrará alrededor de 300 millones de pesos anuales. Sobre los precios, en la presentación se señala que la cotización del IAPSER de 2005 a 2016 obedeció a “la calidad de prestación que se brindaba, en cuanto a los riesgos asegurados y al universo comprendido y también por el índice de siniestralidad”. En ese último punto, resaltan que el nivel de siniestralidad en el período en el que el IAPSER brindó el servicio fue alto.

En cuanto a los números de la licitación, se indica que “en un escenario desflacionario, como el actual, con recesión y drástica disminución del consumo, las estrategias de los oferentes pueden consistir en la disminución de los precios de sus productos, con renuncia de parte de sus ganancias, en un escenario de gran competencia”.

Los denunciantes también apuntaron a que el seguro escolar era gratuito a través de La Caja, hasta que el giojismo se lo concesionó al IAPSER. La respuesta fue que el instituto entrerriano abarcaba más prestaciones, más alumnos de distintas modalidades y que contempló el Seguro de Responsabilidad Civil que instituyó la ley 24.830.

Números en la mira

15 Millones de pesos por mes percibirá la compañía Provincia Art por la cobertura del servicio. Para la provincia significarán 27 millones de pesos menos en comparación con lo que se le pagaba al IAPSER. El ahorro anual es de 300 millones.

Ahorros

El Gobierno también llamó a licitación para el seguro escolar y de las movilidades de Salud Pública, servicios que también venía prestando el IAPSER. En el primero, la gestión uñaquista logró reducir un 60 por ciento el monto que le venía pagando a la firma entrerriana. En el segundo, la baja fue del 73,3 por ciento.