No sólo conoce el funcionamiento desde adentro de la Justicia local sino que también está al tanto de la mecánica del Poder Judicial del país. Eduardo Quattropani es el jefe de los fiscales en San Juan y es el vicepresidente primero del Consejo Federal de Política Criminal de Argentina. Así, no tuvo empacho en decir en el programa “A todo o nada” de Radio Sarmiento que la Justicia Federal enclavada en Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, condicionan al poder político. Además habló del fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la ley del 2 por 1, de la “anarquía” en el país en la lucha contra el narcotráfico y de la instrumentación del sistema de flagrancia, entre otros temas. 

- ¿Está de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la ley del 2 por 1 en delitos de lesa humanidad?

- El 2 por 1 es el pensamiento del garantismo argentino que reinaba y que reina entre los juristas del país. Que un día se levantan y dicen “cómo hacemos para darle una manito a los delincuentes”. Nunca estuve de acuerdo con el 2x1. Son locuras garantistas que pegan cachetadas en el entendimiento y en el sentido común de la gente. El fallo de la Corte es absolutamente oportunista, que más muestra la ideología de los votantes que el pensamiento jurídico que antes era absolutamente distinto. 

- Entonces no está fundado en argumentos jurídicos...

- Tiene fundamentos jurídicos pasados por el tamiz de la posición ideológica del derecho.

- ¿Cree que el Gobierno nacional tiene injerencia en este tipo de decisiones?

- No lo creo respecto de la administración anterior ni lo creo de la actual. Si la Corte Suprema va a estar condicionada por lo que piensa un presidente, válgame Dios. ¿Qué le puede interesar a un Presidente de la Nación tener este tipo de golpes de efecto político? Todo es culpa del Gobierno, porque los que hablan son los políticos y lo que ellos quieren es pasarse mutuamente facturas.

- ¿El fallo puede aplicarse en San Juan?

- Hay fallos de la Corte Suprema que son vinculantes, es decir, que son obligatorios para los jueces inferiores. Este caso no es así, no es vinculante. Creo que la gran mayoría de la jurisprudencia argentina no va a seguir a la Corte y que los tribunales se van a negar. 

- ¿Ve que en la Justicia Federal, los fiscales y los jueces, están teñidos de acciones políticas?

- El periodismo nacional, a partir de muchos hechos conmocionantes, se acostumbró a hablar de la Justicia como si fuese la Justicia de Comodoro Py. Esta última de ninguna manera es la Justicia argentina y es lo peor. No tiene nada que ver con las justicias provinciales. La Justicia de Comodoro Py pretende condicionar a todo Gobierno. Se llame Cristina Fernández de Kirchner, De la Rúa o Macri.

- ¿Lo hacen?

- Claro que lo hacen. Cuando el ministro de Justicia en esta administración ha pretendido hacer cambios profundos en las competencias de las cuestiones federales ha recibido inmediatamente el abroquelamiento de la Justicia Federal de Comodoro Py y ha tenido que retroceder. Ellos no le cierran las causas a nadie y siempre las tienen en el cajón. Entonces pensar que Macri o Cristina Fernández manejan la justicia de Comodoro Py es pensar al revés. La Justicia de Comodoro Py, normalmente en la historia argentina, actúa como condicionante del poder político y en algún momento, el poder político se va a tener que decidir a arrasar con la Justicia de Comodoro Py y democratizar la Justicia Federal. No se puede permitir que los jueces y los fiscales de Comodoro Py quieran gobernar el país. El único remedio que existe es ponerle límites.

- ¿Qué va a pasar con los casos de corrupción que se están ventilando?

- Toda la vida la Justicia de Comodoro Py solamente ha juzgado y ha perseguido al que se va del Gobierno. Este es el futuro que le espera a Macri. Todos los gobiernos pasan y ellos quedan.

“No es propio de un juez determinar minería sí o minería no. Eso es propio del poder político”.

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- ¿Que hay que cambiar?

- Hay que cambiarla estructuralmente. Algún día, oficialismo y oposición tendrán que dejar de jugar al gato y al ratón en ese tema, tendrán que sentarse y decir que lo único que no puede pasar en este país es que las policías y las fuerzas de seguridad se muevan como algo autónomo y que los jueces pretendan gobernar. El avance de la Justicia Federal, pero no de las provincias sino la de Comodoro Py, sobre el poder político es tremendo.

“La Justicia tiene como una dualidad, quiere ser libre e independiente, pero no quiere asumir las obligaciones”.

“Con el apoyo que hay desde el Ejecutivo, Flagrancia no puede fracasar. Si lo hacemos, nos tenemos que ir”

- ¿Pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema minero en San Juan?

- No. Seguramente que hay fallas en el Gobierno, en la autoridad de policía. Pero también es cierto que uno ve un show de denuncias. El que compra el diario del domingo, saca un artículo, se presenta en una fiscalía y pone una denuncia. Funcionarios públicos que tienen la obligación de investigar previamente van con un recorte de un diario y en tres frases pretenden abrir una causa. Falta seriedad de todos los sectores. El problema termina siendo que se politizan todas las discusiones. La Justicia ha cerrado dos veces la mina Veladero. Ahora si desde algún sector político, del oficialismo o la oposición, creen que es la Justicia la que tiene que decir “minería sí o no”, me opongo. El Gobierno de los políticos puede ser malo o bueno, ahora el que seguro va a ser malo es el de los jueces. 

- Muchas veces la Justicia ha dejado manejarse...

- No estoy muy de acuerdo en las cautelares tan inmediatas. No me gusta la Justicia cautelar. Para cerrar un emprendimiento minero, un medio de comunicación o un emprendimiento industrial, no me alcanza solamente con el testimonio de alguien. Debo producir algunas medidas urgentes que determinen la necesidad de esa acción. No me gusta el Gobierno de los jueces.

- Hace poco dijo que había que tomar una decisión, si gobiernan las mafias o los gobiernos...

- Es un hecho que no admite discusión que el narcotráfico en Buenos Aires y en Rosario, por ejemplo, empieza a tener dominio territorial. Es un hecho absolutamente indiscutible que el poderío económico del narcotráfico empieza a comprar voluntades dentro de las fuerzas de seguridad y dentro del poder político. Esto debería ser preocupación del oficialismo y la oposición. Colombia es un ejemplo muy típico. 

-¿Cree que ahora está pasando?

-Claro que está pasando.

-¿Pasa en todo el país o solamente en lugares como Rosario o Buenos Aires?

-Se va extendiendo. 

- ¿Cuál es la situación de San Juan, ya que varios policías estuvieron involucrados en hechos de corrupción, drogas y otros problemas?

- Si me pregunta qué opino de la Policía Bonaerense, le digo que es una fuerza estructuralmente corrupta, corrompida por los narcos, por el poder político y por ellos mismos. Y no le veo solución. En las provincias, como San Juan, se ha cambiado el modo de reclutamiento de los efectivos. En San Juan el poder político tiene dominio sobre las fuerzas policiales. No hay kioscos en la Policía. Habrá gente corrupta, seguro, como lo hay en el Poder Judicial o en el periodismo.

- ¿No le parece que los efectivos detenidos de la seccional 17 tenían kioscos?

- Claro que es un kiosco, tremendo, pero están presos.

- ¿Ve que el macrismo es capaz de hacer una depuración en ciertas estructuras?

-Reconozco que a esta altura no veo eso. Ni lo vi en el Gobierno anterior. Por ejemplo, en el tema narcotráfico me parece que hoy estamos en el peor de los escenarios. Argentina está sumida en un desorden absoluto, en una anarquía y estamos divididos en el modo de luchar y en la organización contra el narcotráfico. Durante el gobierno de Néstor Kirchner salió una ley que se llamó de desfederalización, donde invitaba a las provincias a adherir, tomando para las provincias el narcomenudeo. La ley prometía fondos a quienes adhirieran. ¿Quién adhirió? Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chaco y Formosa, el 52 por ciento de la población argentina, el resto no. Entonces, más del 48 por ciento de la población argentina y en más de dos tercios de las provincias, el narcomenudeo y el narcotráfico está en manos de los federales y en cinco o seis provincias, en poder de las justicias provinciales. No lo arregló la administración anterior porque no se ponían de acuerdo y este gobierno tampoco le ha dado solución al tema. No saben si avanzar o retroceder.

-¿Cambió algo con el ingreso de Guillermo De Sanctis a la Corte?

- De Sanctis es un hombre que ha dado sobradas muestras de que es capaz de cambiar la realidad del lugar por donde pasa. Hoy integra un cuerpo colegiado de cinco miembros. Imagino que un hombre acostumbrado a decidir por sí solo, cuando entra en un grupo, es un problema para él. De cualquier manera no tengo dudas que dejará una impronta en el Poder Judicial. 

-¿Cómo ve la relación de la Corte con el Ejecutivo?

- No sé de la relación de la Corte con el Ejecutivo. Yo puedo hablar de la Fiscalía General, donde el contacto que tenemos con el ministro de Gobierno y el jefe de la Policía es absolutamente cotidiano, normal y rápido. Pero en general e históricamente las relacionas son deficientes, porque hay un Poder Judicial que no se pone los pantalones, esto es, hacer lo que debe hacer. El Gobierno anterior y éste no se han metido en temas judiciales y no han condicionado. Hoy y antes también, el Ejecutivo ha demostrado que está predispuesto, ha comprado un edificio, ha llamado a licitaciones, están haciendo fideicomisos, están haciendo Flagrancia, están empujando el sistema acusatorio, creo que está haciendo mucho más que lo esperable de un Ejecutivo.

- ¿Y qué hace la Corte?

- De eso no hablo. Le puedo decir solamente qué es lo que estamos poniendo desde el Ministerio Público. Le puedo decir que con el apoyo que hay desde el Ejecutivo, Flagrancia no puede fracasar. Si lo hacemos, nos tenemos que ir. Si fracasamos por culpa del Ministerio Público me tendría que ir, pero avergonzado. No podemos ni tenemos derecho a fracasar, porque se está invirtiendo. Sería de una absoluta mediocridad trabajar como formalmente en el tema. Tenemos que estar comprometidos. Pero ojo, antes de irme se van a tener que ir muchos: fiscal, defensor que no se adapte al sistema de Flagrancia, se va a tener que ir. Y si no se va, lo vamos a tener que echar.