El Ejecutivo tiene todo listo para comenzar con el proceso de traspaso de unos 2.000 contratados a planta permanente. Según las estimaciones que realizó la titular del Ministerio de Hacienda, Marisa López, el proyecto tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, por lo que el OK legislativo puede darse a principio del mes que viene. En esa línea, tras la reglamentación de la norma, los pasos administrativos estarán definidos para los dos últimos meses del año, plazo en el que estarán incluidas las capacitaciones y los exámenes, por lo que los primeros traspasos oficiales se darán durante los primeros meses del 2023. Una vez comenzado el pase, López proyectó que el proceso no debería demandar más de seis meses, por lo que en el primer semestre del próximo ejercicio deberían estar todos completados.

La decisión de la gestión uñaquista para realizar el traspaso de contratados a planta permanente se dio en los primeros días de junio, cuando la administración cerró la negociación de un aumento salarial con sus trabajadores. En aquella oportunidad se definió que quienes quedarán efectivos serán todos aquellos empleados contratados antes del 31 de diciembre de 2018, por lo que, según los datos oficiales, hay 1.959 personas en esa condición, de las casi 4.500 que tienen un contrato en la actualidad con el Estado. De acuerdo al registro oficial, el Ministerio de Educación contiene a poco más de la mitad (50,8 por ciento), luego le siguen Salud Pública, Seguridad, Desarrollo Humano, Obras y Secretaría General de la Gobernación con 100 a 160 empleados (Ver infografía).

Sobre el tiempo que demandará el proceso administrativo para concretar los primeros traspasos, la titular de la cartera de Hacienda indicó que, una vez aprobada la ley por la Cámara de Diputados y definido los pasos a seguir, "dependerá de las reparticiones, ya que las áreas deberá recolectar los datos de cada contratado para armar las carpetas de cada uno de ellos". Así, dijo que, con esos pasos listos, "recién ahí se podrá comenzar con los cursos de capacitación y los exámenes, para luego concretar las designaciones". En esa línea, estimó que recién a principios del año que viene se podrán formalizar los primeros traspasos. Además, consideró que aquellas áreas de Gobierno con menos contratados "probablemente demoren menos tiempo", por lo que podrían ser las primeras es finalizar, ya que los que tienen más cantidad "les será más complejo".

De acuerdo al proyecto que será girado a Diputados, y como ha ocurrido en traspasos anteriores, los contratados deberán cumplir con una serie de requisitos para ingresar a planta permanente. Entre ellos se encuentran: "efectuar la capacitación que, por reglamentación, se establezca con relación directa a cada cargo a cubrir y aprobar el examen correspondiente", "haber demostrado experiencia, conocimiento y eficiencia para el trabajo, situación que deberá ser certificada por el Director o responsable máximo de la unidad para la cual prestó y presta los servicios de colaboración" y no tener antecedentes que le impidan ser parte de la plantilla del Estado, como no haber sido exonerado de áreas nacionales, provinciales o municipales, entre otros.

Al ingresar a planta permanente de la administración pública, el personal alcanza estabilidad laboral y su futuro no dependerá de la voluntad política de ningún Gobierno de turno, ya que los contratos que firman son temporales y, generalmente, de un año, con la posibilidad de renovación por un periodo igual.

Reunión con gremios

El traspaso de contratados a planta permanente ha sido un reclamo de los gremios estatales. La decisión la tomó el Ejecutivo en la reunión por el acuerdo salarial que se definió en junio. Por el tema de sueldos, las partes mantendrán una reunión el miércoles 14, a las 17, luego de conocer el dato de inflación de agosto.

Contratados

1.959 Es la cantidad de empleados contratados que tiene el Estado y que están en condiciones de pasar a planta permanente. Para hacerlo, deberán cumplir con una serie de requisitos que estarán fijados por ley.