El exintendente de Angaco José Castro deberá enfrentar en un juicio las duras imputaciones en su contra por hechos ocurridos durante su gestión. La Sala Segunda de la Cámara Penal confirmó el procesamiento que lo tiene en la mira por delitos sensibles como malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La causa es la que surgió de la denuncia que hicieron exediles en 2019, en la que expusieron que el exjefe comunal habría hecho uso de maquinarias y personal municipal en un predio de Chimbas. En esa línea, el fallo indica que "existe una probabilidad razonable derivada del mérito de la prueba reunida en la investigación" para sentar a Castro en el banquillo de los acusados. Así, los camaristas Juan Bautista Bueno, Silvina Rosso de Balanza y Maximiliano Blejman ordenaron que el expediente regrese al juzgado de primera instancia para que se cierre la investigación y se lleve adelante el juicio. La resolución se cumplirá dado que la decisión la Cámara no es revisable por la Corte.

La situación judicial le genera dolores de cabeza políticos a Castro, ya que ha manifestado que tiene intenciones de regresar al sillón angaquero en 2023. La resolución de la Sala II se da en un momento en el que comenzará debatirse un proyecto de ley que impide las postulaciones a cargos públicos de aquellos que tienen condena. Si bien el exintendente cuenta con un procesamiento confirmado, este no representa un castigo, aunque el escenario podría cambiar tras el juicio. Castro no atendió los insistentes llamados de este medio para conocer si dicho procesamiento afectará sus aspiraciones de cara al año que viene. Si bien puede no ser un impedimento para ser candidato, es casi un hecho que la causa será utilizada por sus rivales políticos en el marco de una eventual campaña electoral.

Desde los últimos años, Angaco se presenta como un distrito conflictivo en el que los cruces entre el intendente y los concejales han terminado en la Justicia. Un punto álgido fue durante la gestión de Castro al punto que, por las presuntas irregularidades, fue suspendido en su cargo. Si bien dicha suspensión duró poco, el escándalo siguió su curso en el fuero penal por el presunto delito de haber utilizado maquinaria y personal municipal en un terreno de Chimbas.

Castro fue procesado a principios de 2020 por el juez Benedicto Correa, a cargo en ese entonces del Quinto de Instrucción, quien entendió que "hay elementos de convicción suficientes que permiten determinar la existencia del hecho investigado, del cual resultaría responsable Castro".

El elemento central de la resolución fue que el "12 de octubre de 2019 en el terreno privado ubicado en calle Oro, entre Necochea y Ruta 40, Chimbas, se encontraba realizando tareas de compactamiento de suelo una máquina tipo retropala marca John Deere, propiedad del Municipio de Angaco y tres empleados del mismo municipio. Por un lado, el maquinista Vedia, Rodrigo Andrés y por otro, Morales González, Jorge Norberto junto a Romero, Gustavo Alberto, los que realizaban tareas con la anchada, además, en el lugar estaba el intendente Castro".

La defensa del exjefe comunal, a cargo de Fernando Castro, apeló el procesamiento indicando que el juez "llegó a conclusiones contradictorias", por lo que "la investigación fue incompleta" y, así, se afectó "el derecho de defensa". La Cámara Penal sostuvo que procesamiento es una resolución "cautelar" que "no causa estado, siendo eminentemente precautoria" y que el razonamiento que utilizó el juez Correa fue válido, al punto que determinó que los trabajos y servicios realizados en Chimbas "se llevaron a cabo violando todo régimen legal vigente en tanto y en cuanto Castro, cumpliendo funciones como intendente de Angaco, dio una orden por fuera de sus atribuciones y para lo que, obviamente, no se encontraba facultado".

> CLAVES DE LA CAUSA

DELITOS

Castro enfrenta cargos graves que implican castigo de reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración le haya sido confiada por razón de su cargo.

FALLO FIRME 

El proyecto que se debate en Diputados para evitar que condenados sean candidatos apunta a que exista sentencia firme de una sala de juicio. Si dicha sala concede el recurso extraordinario para la revisión de la Corte, se deberá esperar a su resolución.