Tras una resolución del Tribunal de Cuentas, el exintendente de Jáchal, Jorge Barifusa, y dos de sus por entonces secretarios debían devolver de sus bolsillos 3,3 millones de pesos en total. La sanción se debía a que su gestión le había pagado esa suma a una empresa para el armado y ensamblaje de una planta de pulpa de membrillo, pero no había ni un certificado de avance de obra que justificara tal desembolso. Sin embargo, el documento estaba en un Ministerio de la provincia, por lo que los exfuncionarios municipales lo presentaron y el organismo de control del gasto público emitió un nuevo dictamen y decidió liberarlos del castigo. En otras palabras, zafaron y no tendrán que pagar nada.

La polémica por la construcción de la planta de pulpa de membrillo para potenciar y darle valor agregado a la producción del departamento había estallado cuando el Tribunal analizó el ejercicio 2015, es decir, el último año de la administración de Barifusa, quien hoy es diputado. Sucede que la máquina no está en poder de la comuna y lo que se ha fabricado de ella se encuentra desperdigada en tres talleres mendocinos, a pesar de que se desembolsaron casi 5 millones de pesos. Por ese motivo, el actual intendente Miguel Vega y su equipo de asesores demandaron a la compañía Klaus SA por incumplimiento de contrato (Ver recuadro).

Barifusa y otros exfuncionarios habían sido sancionados además con otros seis cargos por presuntos desmanejos, pero como sucedió con la planta de membrillo, presentaron la documentación y el organismo consideró, por mayoría, que todo quedó aclarado y aprobó la cuenta 2015. Los que votaron en ese sentido fueron la vicepresidenta del Tribunal, Graciela Chávez, y los vocales Laura Yanzón y Aldo Molina. En cambio, Isaac Abecasis, titular de organismo, y el vocal Enrique Conti se inclinaron por rechazar el ejercicio porque consideraron que algunas de las observaciones que habían hecho en un principio no fueron salvadas (no fue el caso de la máquina) tras la instancia de descargo y presentación de prueba por quienes fueron señalados como responsables. De todas formas, la mayoría se terminó imponiendo.

El cargo por la planta de pulpa de membrillo había sido el más cuantioso. Tras revisar el expediente municipal, el Tribunal no encontró ningún certificado de avance de obra que avalara el desembolso de 3,3 millones de pesos. Dicha tarea de control era responsabilidad de las autoridades comunales, tanto de Barifusa como de quien fuera su secretario de Gobierno, Cristian Romero, y de su por entonces director de Producción, Ricardo Guerrero. Pero luego de la primera resolución, los exfuncionarios presentaron el certificado de obra realizado por el municipio que estaba en la Secretaría de Agricultura del Ministerio de la Producción de la provincia. Con ese documento, lograron quedar a salvo.

Liberados del cargo

1,1 Era la cantidad en millones de pesos que debía devolver, cada uno, tanto Barifusa como dos de sus exfuncionarios. Sin embargo, zafaron del pago.

El exintendente, quien fuera su tesorero, José Pérez; su secretario de Hacienda, Carlos Quiroga; su contador municipal, Daniel Bollati; su secretario de Deporte, Luis Codorniú, y su directora de Cultura, Silvia Jofré también presentaron documentos y expedientes y zafaron de los otros seis cargos. Los mismos tenían que ver con el pago de 150 mil pesos a una escribanía, el desembolso de 48.960 pesos a capacitadores en un plan nacional de empleo, la provisión de bienes por 66.150 pesos, la rendición de los fondos para los gastos que demandaron los Juegos Evita por 12 mil pesos y otra rendición del mismo evento, pero por 10 mil pesos, y el balance y la entrega de premios de carruajes del día de la Primavera por un total de 18 mil pesos.

Denuncia archivada

Luego de que saliera a la luz la primera resolución del Tribunal de Cuentas, en la que sancionaba a exfuncionarios jachalleros, un concejal radicó la denuncia. Sin embargo, la Justicia la había archivado por extemporánea.

¿Y la máquina?

El mes pasado, el actual intendente Miguel Vega y sus asesores letrados informaron que el municipio demandó a la empresa Klaus SA por incumplimiento de contrato por 7.258.584 pesos. Además, le solicitaron al propietario la entrega de la maquinaria o lo que esté construido y los casi 5 millones de pesos que se le pagó. Barifusa disparó los fondos en noviembre de 2015, a días de entregarle el mando a Vega, quien encaró los trámites para tratar de cerrar la operatoria. Por la demora, la compañía le reclamó un millón y medio de pesos al actual intendente por la suba de costos, pero el contrato fijaba que si había una actualización, a esa fecha debía ser de unos 235 mil pesos, indicó Vega. El empresario luego reclamó 2 millones de pesos, mientras que los funcionarios le exigían la entrega de la maquinaria (prevista para enero de 2016), pero constataron que estaba sin armar y desperdigada en tres talleres mendocinos.