Un tribunal analizó y rechazó el pedido de recusación contra los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, por lo que dichos magistrados quedaron confirmados para llevar adelante el juicio de la megacausa de las expropiaciones. Además, en la resolución, los miembros del primer organismo consideraron que el planteo que hicieron los defensores de la exjueza Rosalba Marún de Sobelvio, los abogados Cayetano Dara y Edishon Sobelvio, buscaron "dilatar el proceso, obstruyendo la prosecución del juicio oral y público", por lo que los multaron a cada uno con "un salario mínimo del escalafón judicial", monto que, según fuentes judiciales, asciende a los 40 mil pesos. Dicho tribunal también dispuso que se comunique al Foro de Abogados para que el castigo figure en el legajo de los profesionales.

De acuerdo a los registros, ya hubo pedidos de sanciones de jueces contra Dara y Sobelvio e, incluso, el primero de ellos hasta recibió un severo llamado de atención para que "se dirija con respeto y decoro hacia los magistrados" en una causa vinculada. Pero es la primera vez que son castigados con una sanción económica. Es más, las fuentes no descartan que pueda reiterarse una multa si los profesionales mantienen la misma postura.

El fallo contra los defensores de la exjueza Civil fue fundamentado por el magistrado Alberto Caballero, el cual fue acompañado por sus pares Carolina Parra y Federico Rodríguez. El juez Correccional criticó a los abogados porque señalaron que Rosso de Balanza y Heredia Zaldo no tendrían "idoneidad ni tampoco las cualidades éticas propias de un funcionario judicial de estirpe para integrar el Tribunal que intervendrá en el presente proceso". Por ese punto y otros, como indicar que no son jueces naturales, Caballero consideró que existe una "total falta de ética profesional", por lo que "deben ser pasibles de una sanción pecuniaria, a fin de evitar en el futuro epítetos desafortunados contra los jueces, que agravian fundamentalmente a la magistratura en su conjunto".

Con la confirmación del tribunal de juicio, los pasos que siguen son la citación a juicio y el debate. Hay 15 imputados que están en la mira por integrar una red delictiva que infló el valor de los terrenos que el Estado expropiaba para quedarse con millonarios fondos de las arcas locales.