El fiscal de Cámara, Daniel Galvani, pidió ayer sanciones contra los defensores de dos imputados en la megacausa de las expropiaciones, dado que señaló que buscan dilatar el proceso con nuevas presentaciones para apartar a todo juez que intervenga en el caso. Frente a ello, el presidente del Tribunal que debe estudiar tales planteos, Alberto Caballero, manifestó que con sus pares analizarán la posibilidad de aplicar castigos a los profesionales. De aceptar el pedido del representante del Ministerio Público, la sanción podría alcanzar una suma monetaria "de hasta dos veces el salario mínimo del escalafón judicial", según lo establece la ley Orgánica de Tribunales. Los que están en la mira son Edishon Sobelvio y Cayetano Dara, abogados de la exjueza Rosalba Marún de Sobelvio; y Guillermo Toranzo, quien representa al exmagistrado Carlos Macchi.

Lo primero que hicieron ayer Caballero y sus colegas Federico Rodríguez y Carolina Parra fue rechazar de plano una queja que los abogados hicieron contra ellos para que no intervinieran en la causa. La negativa derivó en que los defensores plantearon otro recurso ante la Corte de Justicia. No obstante, ese Tribunal está en condiciones de definir si los magistrados de juicio (Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón) quedan confirmados para llevar adelante el debate, lo que se conocerá el miércoles.

El planteo que hicieron los defensores se basó en dos ejes: que la audiencia de ayer no se debió llevar a cabo por la feria extraordinaria fijada por la Corte por el coronavirus y que los magistrados no son los jueces naturales de la causa, porque fueron designados por el Estado, quien, a su vez, es parte querellante en el expediente. Tanto Galvani como el abogado querellante, Rubén Pontoriero fueron, durísimos contra Sobelvio, Dara y Toranzo luego de que estos acudieran al máximo tribunal tras la negativa que recibieron al pedido de apartar a Caballero, Rodríguez y Parra. Ambos indicaron que dicho planteo es absurdo, ya que el Estado está dividido en tres poderes, que es la Cámara de Diputados la que designa a los jueces y que la provincia es la que reclama, a través de Fiscalía de Estado, que los imputados paguen por lo que "indebidamente se llevaron". Por eso pidieron sanciones, ya que entienden que lo que buscan las defensas es sólo dilatar el proceso y no llegar a juicio. La posibilidad de que el tribunal imponga sanciones está establecida en Ley Orgánica de Tribunales. La norma da facultades a la Cámara para "imponer apercibimiento, multas y suspensiones de hasta quince días a los abogados que obstruyeren el curso de la justicia".