La megacausa de las expropiaciones transita por los pasos formales para la realización del juicio, pero, aún en esta instancia, dos abogados de imputados ya pidieron que se aparten los jueces y el fiscal, en lo que se ha convertido en la estrategia de dilatar el proceso, según vienen señalando en Fiscalía de Estado, que actúa como parte querellante. Si el tribunal, integrado por Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón, rechaza el planteo, los defensores pueden acudir en queja a la Corte de Justicia, aunque tal movida no suspendería los plazos. No obstante, aún queda la etapa de ofrecimiento de prueba (que insumiría unos tres meses) y la posibilidad de presentar reclamos que no hayan sido expuestos durante la instrucción, lo que, por el comportamiento que han tenido algunos defensores, es casi un hecho que lo harán. Así, fuentes judiciales indicaron que el debate arrancará en el primer semestre de 2022, a cerca de los 12 años de la denuncia.

En la megacausa hay 15 procesados por haber formado parte de una presunta red delictiva destinada a sacarle millones de pesos a las arcas provinciales al inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado. De hecho, se pagaron 42 millones de pesos y se frenó el desembolso de poco más de 1.600 millones. En la mira están los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, los exjueces Carlos Macchi y Rosalba Marún, los peritos Ana María Melvin, Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos. También figuran el exfiscal de Estado, Mario Díaz; el exempleado de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz; y los exintegrantes del Tribunal de Tasaciones Julio César Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera. Fuentes judiciales señalaron que el propio Graffigna y Guillermo Toranzo fueron los que presentaron las recusaciones, las que englobaron a los jueces Rosso, Heredia y Parrón y al fiscal Daniel Galvani. Otro abogado que viene haciendo planteos es Cayetano Dara, el cual fue notificado hace unos días y es probable que siga el mismo camino.