La Mesa de Enlace Rural resolvió ayer un cese de comercialización de cereales y oleaginosas, entre el 17 y el 24 de enero próximos, luego de haber fracasado todas las negociaciones con el Gobierno nacional, por la eliminación de los cupos y liberación de los pedidos en el registro de operaciones de exportación (ROE) de trigo.

Luego de arduas e infructuosas negociaciones con el Gobierno, por la mañana, en el Ministerio de Agricultura y de un cónclave, por la tarde, en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Mesa de Enlace dispuso además del cese de comercialización de granos, una movilización de productores a Bahía Blanca, para protestar por el manejo de la política triguera.

La jornada comenzó temprano en la sede de la cartera rural donde el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, recibió a la Mesa de Enlace integrada por Mario Llambías (Confederaciones Rurales), Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Carlos Garetto (Coninagro) y Hugo Biolcati (Sociedad Rural).

El encuentro tuvo lugar en la sede de Agricultura, y se extendió por poco más de una hora.

Según indicaron los ruralistas, Domínguez les anunció la liberación de la totalidad de el saldo exportable de trigo, conformada por unos 7,5 millones de toneladas correspondientes a la campaña 2010-2011. La presentación del titular de la cartera agrícola cayó como una bomba entre los integrantes de la Mesa de Enlace, que consideraron al enunciado oficial como "un anuncio pomposo" y la apertura de "una nueva cuotificación". Por su parte, los hombres del campo concurrieron con la idea de obtener la liberación total de los ROE Verdes y el cese del esquema de cupos, que según consideran, hacen que el productor pierda por "la falta de competencia" unos 240 pesos por tonelada a manos de los molinos y las cerealeras exportadores de granos, que acordaron oportunamente con el Gobierno pagar el FAS Teórico de 984 pesos, conformado por el precio internacional, menos retenciones y otros aranceles portuarios.

Tras una breve presentación de Domínguez, respecto a las últimas medidas adoptadas por Agricultura, tales como créditos por $840 millones para auxiliar a los trigueros, incentivos para la siembra en el sudoeste y la apertura del saldo exportable durante el primer semestre de 2011, la atención de los ruralistas fue acaparada por Tomada, quien reclamó apoyo de las patronales para concluir con el trabajo informal en el sector.

A poco de concluir el encuentro, los ruralistas aumentaron su malestar al conocer que en una sala próxima en la propia sede de Agricultura estaba por comenzar una reunión con referentes de la industria molinera, presidida por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Por ello, Buzzi calificó a la política oficial de "incongruencias" en torno a la estrategia empleada para sostener al mercado de trigo y reconoció que "la fijación de las exportaciones de trigo las toma la Secretaría de Comercio Interior, por ello hay decisiones que escapan al ministerio competente".

Tras el encuentro, Domínguez defendió la gestión emprendida por su cartera para "defender" al productor triguero y afirmó que las entidades "deberán fundar ante la sociedad" si optan por medidas de fuerza tras conocer la propuesta oficial.