Una resolución nacional delegó en la provincia el control del transporte de personas con discapacidad, incorporado en el Programa Incluir Salud, y generó un fuerte tironeo en la Justicia Federal con asiento en San Juan. Por un lado, los empresarios transportistas pidieron la inconstitucionalidad del documento y con un amparo frenaron la aplicación del chequeo administrativo por parte de la jurisdicción local. El fundamento es que el traslado de los discapacitados es un servicio esencial y que el acuerdo no da certeza sobre el envío de los recursos nacionales para afrontar el gasto. La movida desató una fuerte respuesta de Fiscalía de Estado, que representa a la provincia, dado que en un escrito resaltó que los privados "no quieren ser controlados y auditados" por instancias locales. En Salud Pública también llamó la atención la jugada, ya que indicaron que los fondos los seguirá aportando la administración central y que están asegurados, a la vez que explicaron que si se llegasen a producir demoras en las transferencias, el dinero saldrá de las arcas locales, el cual luego será recuperado.

Federal Incluir Salud (ex Profe) es un plan nacional destinado a dar cobertura sanitaria a todas aquellas personas que cuentan con una pensión no contributiva (Ver Cobertura del plan...). Dentro de los beneficiarios se encuentran las madres con siete hijos y más, personas con discapacidad, con invalidez laboral, mayores de 70 años en situación de pobreza. En San Juan, el beneficio llega a unas 23 mil personas, de las cuales unas 550 son discapacitados que diariamente se movilizan a través de un transporte especial. Dicho traslado se realiza desde el domicilio del beneficiario hasta el instituto o entidad en el que es atendido por su problemática y a la inversa.

El cruce judicial gira en torno a si Nación directamente debe hacer el pago por el traslado de los discapacitados o si lo tiene que realizar la provincia como intermediario. De hecho, el Gobierno de Macri dispuso que se haga de esta última manera. Pero el trasfondo perfila como mucho más duro. Fuentes empresariales indicaron que en el sector existe el temor de que la gestión nacional lleve adelante un ajuste de las partidas, luego de que el año pasado se impulsara una baja de pensiones no contributivas a personas con discapacidad. En la provincia, las fuentes apuntaron a que el control local será más directo e incluso se estima que en San Juan existe cerca de un 35 por ciento de personas con certificados con discapacidad que no necesitarían del servicio del traslado privado, pero que hoy son parte de la facturación que las empresas le hacen mensualmente a la Nación. Al ser consultado, el abogado de los transportistas, Fernando José Conte-Grand, resaltó que no tienen ningún problema que el control lo haga la provincia o "quien sea" y que es "ilógico" plantear tal situación.

La presentación judicial contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) la hizo la Federación Sanjuanina de Organizaciones No Gubernamentales de y para Personas con Discapacidad (FESANDI), la cual se tramita en el Juzgado Federal Nº1. La respuesta de Fiscalía de Estado no fue la única, ya que representantes de Nación le pidieron al juez Miguel Galvez que se declare incompetente, ya que entienden que el conflicto debe debatirse en Buenos Aires, donde se encuentra la sede de Incluir Salud, indicaron fuentes calificadas.

Por otro lado, Conte-Grand indicó que son once los transportistas que integran la demanda y que hay situaciones similares en Jujuy y en Buenos Aires.

> La palabra de los protagonistas

• ALEJANDRA VENERANDO   Ministra de Salud

"Los privados no están de acuerdo con la participación de la provincia. Con el convenio, tenemos que realizar un trabajo de mayor control y evaluación del programa. Esto no va a perjudicar, sino que le va a garantizar a los beneficiarios un mejor servicio".

• FERNANDO CONTE-GRAND   Abogado

"El acuerdo es inconstitucional porque los fondos no están asegurados y es inconvencional, porque contrapone el convenio internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Queremos que el Gobierno local respalde los recursos".

• JORGE ALVO   Fiscal de Estado

"La provincia sostiene que, con la resolución firmada, no hay ninguna afectación constitucional contra las personas con discapacidad. Salud Pública va a controlar que el servicio de transporte lo utilice realmente quien lo necesite".

Cobertura del plan Incluir Salud

A través de la transferencia de fondos a las provincias, el Programa Federal Incluir Salud busca garantizar que todos los titulares de las pensiones no contributivas accedan a una atención sanitaria de alta calidad. Los servicios incluidos están marcados por el Plan Médico Obligatorio (PMO) y cubre gastos de alto costo, como fármacos oncológicos y diálisis, entre otros.

A San Juan, al igual que en el resto de las provincias, la transferencia se hace por un monto fijo por persona, conocido como cápita. Actualmente ese valor asciende a 280 pesos, más un monto igual para el servicio de traslado para las personas con discapacidad, por lo que mensualmente llegan casi 13 millones de pesos por mes para los 23 mil beneficiarios incorporados al plan Incluir Salud.