El Gobierno de Sergio Uñac llevará adelante la erradicación de las primeras tres villas en su gestión y planea concretar los operativos en el lapso de los próximos tres meses. No serán las únicas, ya que hay otras en carpeta que se trasladarán a barrios nuevos entre fines de este año y principios del que viene, según señaló Martín Juncosa, interventor del IPV.


Uno de los puntales de la administración uñaquista viene siendo la construcción de viviendas para todos los sectores y en este caso apuntará a aquellos más carenciados al retomar el plan que se instrumentó en la gestión pasada (ver recuadro). El Gobierno tiene en ejecución más de 5 mil viviendas en diferentes niveles de avance y de acuerdo a ese cupo irá respondiendo a la demanda de la clase media y a los que se inscribieron en la operatoria de los gremios. De hecho, en estos meses han ido entregando las casas que se sortearon del padrón del IPV en 2015.


La gestión uñaquista incluyó en su plan de obras la erradicación de villas con el objetivo de seguir atendiendo la necesidad de los más pobres de contar con un techo propio y sacarlos de la miseria que implica vivir en un rancho de caña y barro. 


Los datos sobre los nombres de los asentamientos, sus ubicaciones y la cantidad de personas que los habitan se mantienen guardados bajo siete llaves. En el IPV quieren evitar que nuevas familias se instalen en las villas a último momento y quieran sacar ventaja para obtener una casa. Por eso, el personal del Instituto ya tiene censados a los habitantes y ha elaborado el padrón de beneficiarios. Sólo faltan las puntadas finales de la construcción de los complejos habitacionales que albergarán a los moradores. Lo único que trascendió es que las villas son del Gran San Juan y que los barrios estarán ubicados en la misma zona. Uno de los puntos que se está definiendo es si los tres asentamientos serán reubicados en tres o dos complejos habitacionales.


El titular de la repartición manifestó que el objetivo es llevar a cabo los traslados “a mitad de año o antes” y que todo dependerá de las aprobaciones técnicas de las instalaciones de los servicios. Además, están constatando con otros ministerios si en los futuros barrios será necesario dejar espacios para centros de salud, establecimientos escolares o dependencias policiales.


Sobre la erradicación de villas a fin de año y principios del que viene, prefirió no dar la cantidad, pero indicó que se trata de núcleos “importantes de San Juan.”


El plan de erradicación consiste en la puesta en marcha de un complejo operativo que, en primer lugar, comprende la demolición de ranchos para evitar que en esos lugares vuelvan a instalarse familias y sigan viviendo en condiciones precarias. La otra pata abarca la reubicación de los beneficiarios, que involucra a cerca de 10 reparticiones del Estado. De esa manera, los habitantes de bajos recursos pasan de vivir en casas de adobe y cañas a disfrutar de un hogar nuevo, de material, sismo resistente y provisto de los servicios básicos.
Juncosa explicó que las viviendas antes se ejecutaban con el plan nacional Fedvillas, pero que en esta ocasión se están construyendo con fondos de las arcas provinciales. No obstante, señaló que harán gestiones con la administración macrista para conseguir aportes.


Además de ser una solución para bajar el déficit habitacional que hay en San Juan, el plan ha permitido que tantos privados como el Estado mismo recuperen terrenos que fueron usurpados por gente que quería levantarse una precaria casa. En algunos de ellos, el Gobierno decidió hacer nuevos barrios y en otros se han hecho espacios verdes.

 

Traslado

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El plan de erradicación de villas comenzó a rodar en 2005. Desde entonces, se removieron 90 asentamientos de distintos departamentos y más de 5.500 familias fueron reubicadas en casas de material y sismorresistentes. Según los datos que aportó en su momento el IPV, la  movida benefició a unas 33 mil personas en total. De ese total, la inmensa mayoría son niños. En los operativos de traslado interviene personal de 10 dependencias del Estado, como OSSE, Policía de San Juan, Vialidad Provincial, el propio IPV, los Ministerios de Desarrollo Humano, de Salud, de Infraestructura, empresas como Energía San Juan y en ocasiones personal del Ejército y Gendarmería. El procedimiento más numeroso tuvo a 300 empleados trabajando. Las maquinarias oficiales derriban los viejos ranchos, por lo que las familias deben sacar sus pertenencias, las cuales son trasladadas a los nuevos barrios.

 

Reintegro

250 millones de pesos ha devuelto la Nación a la Provincia por fondos que ha ido aportando de sus arcas para no frenar el ritmo de la construcción de viviendas. 

Alternativa
Además de los sorteos de viviendas y la operatoria de los gremios, el IPV lanzará un plan para que los interesados adquieran un lote y luego puedan acceder a los créditos que otorga el organismo para la construcción de viviendas. El Instituto está en los trámites para la compra de los inmuebles y a mediados de año planea lanzar a la venta entre 300 y 350 lotes.