En Brasil, nuestro vecino y socio comercial más importante, el gobierno de Michel Temer termina de conseguir la modificación de, nada menos, 115 artículos de la ley 13.469, de los cuales 106 cambian radicalmente las condiciones del trabajo y las relaciones entre asalariados, empleadores y sindicatos. Desde nuestro país se mira con atención este proceso porque se intuye que pueden ser éstos “recuerdos del futuro”. En realidad, a esta altura de la vida del MERCOSUR, con 32 años, deberíamos tener una idéntica legislación laboral, entre otras cosas.

Si bien es cierto que el bloque regional no ha servido hasta el momento para más que algunas reuniones anuales con buenas comidas de por medio y arduo trabajo de la parte formal de las cancillerías, la voluntad de unión no ha sido denunciada y podría entenderse que la demora es por no haber metido manos a la obra en una región convulsionada por vaivenes políticos pendulares.

Si Brasil baja sus costos, de alguna manera se tendrán que bajar acá.

Pero no olvidemos que, de una manera u otra, es real que se ha ejercido influencias innegables de un país a otro como cuando los vecinos copiaron de Argentina el cambio de moneda después de la convertibilidad peso-dólar de Cavallo-Menem creando para ellos el real. También son evidentes los pasos de baile al mismo compás con giros a derecha, izquierda, populismo o libremercadismo con Lula y Cristina, Macri y Temer, combate a la corrupción, etc.

Hay algo indiscutible. Más allá de lo ideológico, de las líneas de discurso, de la fortaleza o debilidad de las organizaciones gremiales, una segura baja de los costos en Brasil, que las proyecciones más optimistas suponen de un 30 por ciento, sacaría de un empujón inmediato a la banquina a todas las exportaciones argentinas que ya han sido desplazadas de otros mercados, como bien lo saben nuestros productores de Cuyo en uvas, aceites, pasas y todo el país en elementos de manufactura sofisticada como los vehículos.

La baja de los costos en Brasil desplazaría a las exportaciones argentinas.

Pero, veamos de qué se tratan los cambios para ir analizando si serían tolerables aquí, teniendo en cuenta que, de mantenerse el actual régimen, en nuestro país sería irrelevante un eventual cambio de dirección política porque quien fuere que tuviera a cargo el problema en el futuro, se vería presionado al extremo para encontrar alguna solución. Si Brasil baja sus costos, de alguna manera se los tendrá que bajar para poder seguir en el negocio. Gane quien ganare las próximas elecciones u otras que pudieran venir más adelante.

La primera novedad es que los acuerdos salariales serán allí ahora por empresa eliminando las convenciones colectivas por actividad. Se permiten acuerdos caso a caso para regímenes de vacaciones, extensión de jornada laboral y otras condiciones de la relación. Podrá haber trabajadores autónomos o monotributistas que facturen para un único empleador, es decir, sin relación de dependencia y se permitirá pagar salarios sobre una base horaria o diaria, no necesariamente de forma mensual.

Como se sabe, mucho de esto es solo un blanqueo legal de prácticas que ya se dan en los hechos. Un aspecto que tiende a modificar no solo el régimen de trabajo sino también las relaciones de poder es el que elimina la obligatoriedad de afiliación al sindicato de la rama y convierte a la contribución monetaria en voluntaria. Es duro porque, como aquí ocurre con el peronismo que fundó su base en la fortaleza del financiamiento sindical, Brasil estuvo gobernando nada menos que por el Partido Trabalhista y el propio Lula es hijo de ese sistema.

Pero se ha aprobado. Se han creado nuevos tipos de contrato que flexibilizan las relaciones, se eliminó la obligatoriedad de negociar con los sindicatos los despidos colectivos, cambian las condiciones de desvinculación y el monto de las eventuales indemnizaciones que ya no se regirán por el salario del trabajador, se encarece el acceso a la judicialización de los conflictos para evitar la llamada “industria del juicio”, se permite que empresas externas se involucren también en la actividad principal del establecimiento (tercerización que hoy se admite solo para lo que no es específico, limpieza, catering, etc.) y prevé la existencia de un banco de horas para compensación del trabajo extra sin acuerdo colectivo previo.

De afuera se advierte que puede haber gran dificultad para poner este plan en marcha más allá de que se haya sancionado la ley, sobre todo teniendo en cuenta tanto la debilidad de legitimación de origen como la vulnerabilidad del presidente Temer. En Argentina, los empresarios desde hace mucho tiempo vienen sosteniendo que un pilar estructural de la decadencia económica es la escasa productividad tanto del sistema en general como de la mano de obra. Nuestro régimen laboral se corresponde con el concepto del Estado de bienestar que hoy pueden mantener solo pocos países de Europa y varios de ellos, como Francia, a costa de fuertes endeudamientos.

Como última reflexión, ya está demostrado pero lo estará más en el futuro cercano, que aquél concepto que acuñó Aldo Ferrer en su famoso libro “Vivir con lo nuestro”, es bello de escuchar pero imposible de practicar, más en un país que apenas tiene 42 millones de habitantes con un 30 por ciento excluido del consumo. El propio Estados Unidos se ve amenazado por los chinos como vendedor al mundo reduciendo su influencia casi exclusivamente a la fabricación de armas. Nadie parece estar dispuesto a subir sus costos para mantener conforme a la élite sindical que se forjó en otras épocas. Habrá que ver.