Tiene 45 años y dio el visto bueno para someterse a la extracción de muestras de sangre para comparar su perfil genético con el de víctimas o desaparecidos durante la última dictadura. Así, la mujer abrió el camino para confirmar o no si sufrió el delito de apropiación cuando era una bebé, en el marco de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía Federal a cargo de Francisco Maldonado. La causa se está manejando con hermetismo y lo que ha trascendido es que la mujer nació en San Juan, pero actualmente está viviendo en otra provincia argentina. Y las personas que la criaron (sus padres biológicos o apropiadores, que es lo que se determinará) ya han fallecido. De esa manera, si hubiesen incurrido en la maniobra delictiva, la acción penal se encuentra extinta.

Se trata de la segunda investigación por la apropiación de menores en San Juan, aseguraron fuentes calificadas. La primera ratificó que Carlos Goya Martínez Aranda fue apropiado cuando era un bebé y las personas que lo criaron se sometieron a juicio y fueron condenadas en 2011 en el Tribunal Oral Federal (Ver Caso histórico). La causa actual está en curso y ha avanzado a un punto central: el OK para la realización de la pericia genética.

De acuerdo a lo que ha trascendido, la nueva investigación surgió de un llamado anónimo a una de las vías de contacto para todas aquellas personas que tienen dudas sobre su identidad y que hayan nacido desde marzo de 1976 a diciembre de 1983, el periodo que duró el último golpe de Estado. Esa comunicación tiraba pistas y sembraba dudas sobre el vínculo biológico de los progenitores con la mujer nacida en San Juan. La denuncia ingresó en 2019 en la Justicia Federal local y Fiscalía empezó con la investigación, la que consistió en ubicar a la mujer, ya que, según fuentes calificadas, estuvo en otra provincia antes de radicarse en su domicilio actual. Además, los pesquisas no pudieron encontrar registros del lugar de nacimiento, es decir, si fue en un hospital público sanjuanino o si fue en una clínica privada, sumado a que tampoco consta en el certificado de nacimiento.

Los investigadores localizaron a la mujer y ayer se llevó adelante una audiencia informativa, por medio de una comunicación remota y virtual con el fiscal Maldonado y las autoridades judiciales federales de la respectiva jurisdicción, de la cual no trascendió el lugar. La mujer estuvo acompañada por personal de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y uno de los psicólogos le dio a conocer el motivo de la audiencia y si estaba dispuesta a prestar su conformidad para la extracción de sangre para la realización de un análisis de ADN. Tras el planteo, la mujer no tuvo ningún inconveniente en acceder a la práctica.

Según informaron las fuentes, luego de la extracción, las muestras son enviadas al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina. El Banco existe para buscar e identificar a hijos e hijas de personas desaparecidas que fueron secuestrados junto o nacieron durante el cautiverio de sus madres, de acuerdo a lo que señala la página oficial. El resultado es indubitable y definitivo, por lo que ahí se confirmará si la mujer es o no hija de personas desaparecidas.

• PASOS

Denuncia

La denuncia fue a través de un llamado anónimo a una de las vías de contacto para todas aquellas personas que tienen dudas sobre su identidad y que nacieron en el período de la última dictadura. La causa fue girada a la Justicia Federal con asiento en San Juan.

Investigación

Fiscalía Federal, a cargo de Francisco Maldonado, encaró la investigación y ayer realizó la audiencia informativa con la mujer, a quien se le informó de la situación y se le preguntó si estaba dispuesta a la extracción de sangre para una pericia genética. Dijo que sí.

Análisis

Con el visto bueno de la mujer, las muestras de sangre serán cotejadas con la información del Banco Nacional de Datos Genéticos, el cual tiene material genético y muestras biológicas de personas desaparecidas durante la dictadura militar argentina.

>> CASO HISTÓRICO

El 25 de octubre de 2011, el Tribunal Oral Federal condenó a Luis Alberto Tejada a 12 años de cárcel por haberse apropiado de un bebé (hijo de desaparecidos) en 1980. Su esposa, Raquel Josefina Quinteros, fue castigada con 5 años de prisión domiciliaria. En primera fila estuvo quien fue criado por ambos, Carlos Alberto Tejada, quien, tras el veredicto, los abrazó y lloró desconsoladamente. Siete años después, el joven habló con este medio y dijo que aquel Carlos Alberto Tejada "se fue", dado que hoy lleva el apellido de sus padres biológicos: Carlos Goya Martínez Aranda (foto). No fue lo único, ya que había manifestado que con Tejada, luego de la sentencia, "tuvimos altibajos. No tengo mucho más para decir, excepto que con el tiempo aprendí a perdonarlo". Además, había indicado que "no quería que mis hijos crezcan sin haber encontrado la verdad y que ellos saquen sus propias conclusiones".