El frente Juntos por el Cambio (JxC), que lidera Marcelo Orrego, presentó ayer en la Corte de Justicia una serie de planteos con el objetivo de dar de baja al nuevo Código Electoral, el cual establece un mecanismo de elección igual a la ley de Lemas. Incluso, en la acción que esgrimieron los opositores, solicitaron que el máximo tribunal local, mientras define ese pedido, suspenda la aplicación de la norma que eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la que fue sancionada a principio de mes, que incorporó un nuevo esquema de votación de autoridades a través de agrupaciones y subagrupaciones políticas. No fue lo único, ya que, a su vez, pidieron que la Corte local "despeje, mediante una declaración de certeza, el estado de incertidumbre causado por la abrogación de la ley N°613-N". Es decir, que indiquen si la eliminación de la norma que establecía que el sistema electoral no se podía modificar 18 meses antes del comicio rige para la elección del año que viene o para 2027, tal como lo viene sosteniendo la oposición. Según explicaron las fuentes, la embestida judicial de JxC, además, tiene por objetivo, de tener una respuesta negativa, contar con elementos suficientes para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueda tomar intervención de manera más rápida, bajo el argumento de que la provincia está inmersa en una "gravedad institucional", producto de los cambios de leyes promovidos por el oficialismo.

La movida que se dio a conocer ayer por parte de JxC, que recibió apoyo de otros sectores de la oposición y de miembros del frente Consenso Ischigualasto, es la concreción de lo que venían manifestando políticamente. La primera jugada en conjunto, y en la que adelantaron la judicialización, ocurrió a fines del mes pasado, a días de la sanción del mecanismo electoral en Diputados. Lo que llamó la atención ayer, incluso para fuentes de Tribunales, es que hayan decidido realizar acciones directas en la Corte, cuando algunos entendían que, políticamente, era conveniente iniciar una presentación en los tribunales de primera instancia. Así, podrían mantener el tema en la agenda social y, de esa manera, intentar desgastar al oficialismo. Sobre ese punto, fuentes de la oposición indicaron que se priorizó una acción judicial frente a una movida más política. Además, quedó claro que JxC busca llegar de la manera más rápida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde creen que tiene más chance de recibir un fallo favorable.

Por otro lado, fuentes tribunalicias indicaron que no es posible sumar hechos nuevos a una causa que está en trámite en la Corte, por lo que vislumbran que es casi un hecho que la presentación de JxC será rechazada. Así, deberán iniciar un camino desde la primera instancia.

De acuerdo al escrito presentado, la posibilidad de llegar al máximo tribunal del país es válida, ya que el nuevo sistema electoral ha generado una "gravedad institucional". Según expresaron, "la ley de Lemas resulta contradictoria con lo previsto en la Constitución Provincial respecto de la elección directa de gobernador, vicegobernador e intendentes". Así, explicaron que dicha gravedad es uno de los motivos que faculta a la Corte Suprema a analizar esa situación, sin tener en cuenta los elementos y todos los requisitos para llegar a ella. Por otro lado, entienden que el escenario local trasciende las fronteras de la provincia, por lo que el máximo tribunal del país puede tomar intervención y dictar una resolución rápida.

>> MÁS DATOS

• Fiscal de Estado

El fiscal de Estado, Jorge Alvo, salió a cuestionar la judicialización de JxC al indicar que "es más de lo mismo". Esto es, que la acción opositora no ha cambiado desde la eliminación de las PASO. En el programa Demasiada Información, quien defiende los intereses de la provincia en la Justicia sostuvo que "el planteo tiene mucha semejanza con el que realizó el giojismo y que fue rechazado por la Corte". Es decir, realizar un planteo directamente en el máximo tribunal y no en primera instancia.

Por otro lado, según el escrito, JxC indicó que no están en contra de la eliminación de la ley 613-N, sino que la misma debe tener vigencia recién en los comicios de 2027.

• Habló Fabián Martín

El intendente Fabián Martín habló luego de la polémica que se armó por la fiesta que organizó el municipio para unos 1.800 docentes de las escuelas de Rivadavia. El jefe comunal dijo que "fue un acto institucional", pero reconoció que todos "tienen un tinte político". Además, reconoció que los fondos salieron del municipio. Los recursos "surgieron de partidas presupuestarias que hacen a este tipo de eventos, están destinadas para eso". Así, resaltó que "todos los municipios hacen festejos de esa naturaleza" y que el agasajo "salió muchísimo menos que 20 millones de pesos, pero no recuerdo cuánto". El cálculo había sido esgrimido por el concejal bloquista Walter Vázquez, en el pedido de informes que hizo del Frente de Todos .