Las víctimas de la dictadura militar en San Juan recuerdan bien qué fuerzas militares y de seguridad fueron parte del aparato represivo. El Ejército fue el que comandó las operaciones y dictó las órdenes, con la subordinación de la Policía de San Juan y de la Federal. La otra pata que integró el golpe de Estado, pero con menor acción, fue Gendarmería. Si bien ese dato se conocía desde el principio, quedó bajo la lupa en el último megajuicio que se desarrolló en la provincia, al punto que los jueces que condenaron a la cúpula represora y a exmiembros policiales también solicitaron investigar el rol de los gendarmes durante los años de plomo. Esos uniformados tenían a su cargo la custodia y traslado de los detenidos políticos y por cuestiones ideológicas. Al conmemorarse el aniversario número 43 del proceso, salió a la luz que el fiscal federal Francisco Maldonado solicitó la apertura de la causa, a la que accedió el juez Leopoldo Rago Gallo.

Fuentes calificadas indicaron que la investigación apuntará, en primer lugar, a determinar quiénes fueron los gendarmes que cumplieron funciones en el Penal de Chimbas. Hasta el momento no hay nombres dentro de la lista de posibles responsables ni tampoco imputados, por lo tanto, no están previstos llamados a indagatoria en el corto plazo. La tarea será ardua, ya que se tratan de hechos y actuaciones que ocurrieron hace más de 40 años, al punto que el jefe de esa fuerza en esos años, Ernesto Jensen, falleció. 

Maldonado y Rago Gallo abrieron la causa luego de que recibieran los testimonios que se ventilaron en el último megajuicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, que concluyó en octubre del año pasado (Ver recuadro). La investigación busca determinar si los gendarmes apostados en el Penal incurrieron en delitos como la omisión de velar por el cuidado y la seguridad de los internos, si fueron cómplices o si participaron directamente en los graves crímenes de lesa humanidad. Según se desprende de los expedientes, el personal también participó del traslado de los detenidos hasta los centros de tortura, por lo que conocían de primera mano las violaciones que se cometían.

Por otro lado, las víctimas recordaron que el trato de los gendarmes era relativamente correcto, pero no dejaron de resaltar que estos sabían lo que pasaba en la cárcel. Inclusive hubo muestras de interés por la suerte de algunos desaparecidos. Fue el caso de Víctor Hugo García. Su padre buscó su paradero con el comandante del escuadrón de Jáchal, de apellido Fernández, quien le indicó que de haber sabido de la detención del joven, “hubiera barrido” lugares para buscarlo porque su hijo “era un buen chico”. Tras ese episodio, llamativamente Fernández y su subcomandante fueron trasladados. 

Según la agencia de noticias Télam, María Julia Camus, quien fue querellante en el primer megajuicio, sostuvo en 2012 que un gendarme que prestó servicio desde marzo de 1976 en la cárcel de Chimbas dijo en el debate que “personal uniformado” retiraba a presos políticos y que los devolvían en malas condiciones de salud, aunque no precisó si se trataba de militares o gendarmes. Eso sí, insistió en que Gendarmería estaba subordinada al Ejército. Camus había expresado que el gendarme dijo que las órdenes de los traslados eran firmadas por el máximo jefe de Gendarmería.

Por el Día de la Memoria está prevista hoy a las 17 una marcha desde Plaza 25 de Mayo hasta plaza España. 

Los represores condenados en San Juan

Sentado a la izquierda aparece Horacio Nieto (fallecido). A su lado están Jorge Olivera y Alejando Lazo (fallecido). Luego, parados, se encuentran Osvaldo Martel, Gustavo De Marchi, Daniel Gómez y Francisco Del Torchio. Fue la imagen de la cúpula del aparato represor y de algunos de sus subordinados cuando escucharon el veredicto del Tribunal Federal. Tanto Olivera, Martel como Nieto fueron condenados a prisión perpetua. De Marchi, Del Torchio y Gómez recibieron una pena de 25 años de prisión y Lazo, un castigo de 10 años. 

Si bien el de 2013 fue el primer megajuicio, en 2011 había sido condenado Luis Tejada a 12 años de cárcel por apropiarse en 1980 de un bebé, hijo de militantes desaparecidos. Su esposa, Raquel Quinteros, tuvo una pena de 5 años. El nieto recuperado fue Carlos Alberto Goya Martínez Aranda. 

En octubre del año pasado, por nuevos hechos, la Justicia castigó con perpetua a Olivera, De Marchi, Martel, Gómez, Del Torchio, Eduardo Cardozo, Rubén Arturo Ortega, Juan Carlos Coronel y Eduardo Vic, al igual que a los expolicías José Hilarión Rodríguez y Juan Carlos Torres. 

Este año comenzará el tercer megajuicio por delitos cometidos en San Juan. El inicio se dará una vez que el nuevo tribunal quede conformado. Con 35 imputados, será el más numeroso. 

Quienes están en la mira son los ya condenados Gómez, Cardozo, De Marchi, De Torchio, Martel y Olivera. El resto de los implicados son los exmilitares Marcelo López, Miguel Ángel Megías, Miguel Ángel Bergounian, Jorge Laiseca, Eduardo Traverso, Alfredo Medina, Gustavo Adolfo La Fuente, Ricardo Kalisinsky, Adelmo Zuliani, Ángel Castro y Horacio Estrada.

Por otro lado, figuran exmiembros de la fuerza de seguridad, que en su mayoría pertenecían al área de Inteligencia, el D-2. A la cabeza de la lista están Rubén Ortega y Coronel, ya condenados. Los otros procesados son José Hilarión Rodríguez, Juan Carlos Torres, Agustín Pereyra, José Escudero, Alberto Bazán, Carlos Saavedra, Carlos Olha, Juan Carlos Turón, Andrés Alderete, Armando Carrizo, Felipe Molina, Rubén Mondaca y Norberto Trigo.