La auditoría que requirió el juez Martín Heredia para determinar si el expresidente de la Caja de Acción Social, Guillermo Ruiz Álvarez, utilizó fondos públicos para sus supuestas actividades como prestamista y usurero ya se está realizando y desde el Tribunal de Cuentas, que tiene a su cargo la tarea, indicaron que el trabajo estará finalizado a mediados de diciembre. Si bien el magistrado le solicitó al órgano que controla la legalidad del gasto público que revisara la gestión del exfuncionario desde diciembre de 2003 hasta octubre de este año, desde el Tribunal señalaron que sólo se trata de unos 180 expedientes, porque son todos aquellos que llevan la firma de Ruiz Álvarez.

El extitular de la Caja de Acción Social está en la mira de la Justicia luego de que la fiscal Ana Lía Larrea le pidiera al juez del Cuarto de Instrucción que abra una investigación contra él y su hermano Javier, quien a su vez se desempeña en el Tribunal de Cuentas (ver Regreso...). En la movida también está implicado Renzo Tinto, un presunto intermediario. La fiscal solicitó que se indague a los tres como presuntos autores de los delitos de usura, defraudación, peculado y adulteración y uso de documentos falsos. El escándalo estalló porque una comerciante denunció que los hermanos Ruiz Álvarez le ejecutaron dos cheques que había presentado como respaldo de dos préstamos solicitados a Tinto. Según explicó la mujer en sede judicial, canceló la deuda más los intereses, pero igual le ejecutaron los documentos y al parecer, uno de los cheques fue adulterado para su cobro. Cuando fue a reclamar por los cheques, Tinto le dijo que estaban en posesión de los hermanos Ruiz Alvarez, que ambos tenían una mesa de dinero y que prestaban plata de la Caja de Acción Social.

Tras la presentación fiscal, el magistrado abrió la investigación. Así, llevó adelante allanamientos en las oficinas de la Caja, en el Tribunal de Cuentas y las oficinas particulares de los implicados, mientras que el gobernador Sergio Uñac decidió apartar a Ruiz Álvarez de su cargo en la Caja. En ese marco, el juez le solicitó al Tribunal que realice una auditoría de todos los años en los que el exfuncionario estuvo al frente del organismo para tratar de determinar su hubo un perjuicio contra el erario público.

Quién dio detalles sobre el trabajo que se está realizando en la Caja fue el vocal del Tribunal, Enrique Conti. El funcionario explicó que hay un cuerpo de tres auditores que se encuentran apostados en una oficina de dicho organismo analizando los expedientes. Si bien hace unos 15 días que ya se encuentran en el lugar, desde esta semana comenzaron a estudiar los documentos en los que intervino Ruiz Álvarez. Conti manifestó que "con la colaboración de la Caja, creemos que en 20 días hábiles finalizaremos el informe para remitirlo al juez". El informe es clave, ya que fuentes calificadas indicaron que es una de las piezas para armar el rompecabezas.

Regreso a su trabajo

Tras la apertura de la investigación y el allanamiento en el Tribunal de Cuentas, Javier Ruiz Álvarez hizo uso de 15 días de vacaciones adeudadas de 2017. Tras ese plazo, el funcionario regresó a su puesto de trabajo el lunes 12 de noviembre, indicaron las fuentes. Ruiz Álvarez se desempeña como fiscal de cuentas en el Tribunal, por lo que, según la ley orgánica del organismo, sólo puede ser suspendido de sus funciones si el magistrado lo procesa. A su vez, puede ser apartado siempre y cuando obtenga una condena firme por parte de la Justicia.