Fiscalía de Estado había puesto el grito en el cielo cuando descubrió que una perito estableció que la provincia debe pagar 93 millones de pesos por una deuda por tres baños y un terraplén. Y de acuerdo a los cálculos del Gobierno, la preocupación tenía su fundamento, ya que un informe oficial reveló que lo que debe desembolsar es 1,1 millones de pesos, es decir, 8.233 por ciento menos. Ante la abismal diferencia, la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, deberá resolver cuál es la liquidación que corresponde y si no la convence ninguna, puede ordenar una tercera valuación.

El caso lo dio a conocer este medio y levantó polémica debido a la abultada cifra a la que llegó la perito designada por el juzgado, Patricia Alday, hermana de Horacio Alday, este último implicado en la megacausa de las expropiaciones. La provincia fue condenada a pagar una suma a la empresa Ivaco SRL por trabajos que había realizado en la década del "90 y nunca se cancelaron. Dichas obras son tres baños y sus respectivos sistemas cloacales en el Servicio de Pediatría del Hospital Rawson, de los cuales hoy queda uno en pie dado que los otros fueron demolidos por la remodelación del centro de salud. Y la otra es un terraplén para la ampliación de la escuela Florencia Nightingale de 25 de Mayo, en donde actualmente hay un jardín de infantes. Lo llamativo también es que la misma empresa había reclamado en 2008 un monto de 2,5 millones de pesos y nueve años después, la pericia arrojó 93 millones.

Por eso, desde el organismo encargado de defender el patrimonio impugnaron la semana pasada la valuación y presentaron las pericias del Tribunal de Tasaciones, la Dirección de Arquitectura y el auditor de obra de la provincia, que arrojaron un total de 1.115.909 pesos.

El fiscal de Estado, Jorge Alvo, explicó que los organismos realizaron los análisis utilizando los mismos parámetros que se tuvieron en cuenta en esa época y con los valores actuales. El funcionario señaló que rechazaron la pericia de Alday porque tuvo en cuenta ítems que no se encuentran probados en la causa. Por eso, le solicitaron a la magistrada que aplique la ley nacional de desindexación 24.283 y un decreto provincial. Ambos establecen que cuando deba actualizarse el valor de un bien, a través de la aplicación de índices, la liquidación judicial o extrajudicial no puede establecer un monto superior a lo que hoy cuesta realmente dicha cosa. En ese marco, aseguró que esa normativa debe aplicarse sí o sí. La perito Alday explicó y respaldó su trabajo, pero en Fiscalía calificaron su resultado como "desproporcionado" e "irrazonable".

Todo se desencadenó en 1994. El entonces gobierno justicialista contrató a Ivaco para realizar tres baños, con sus cloacas exteriores, en el servicio de Pediatría del Hospital Rawson por 125.082 pesos y la ampliación de la escuela Florencia Nightingale de 25 de Mayo por 174.048 pesos. Las tareas se fueron ejecutando y abonando, pero la provincia comenzó a retrasarse en los desembolsos. Así fue que al año siguiente se paralizaron los trabajos frente a la suspensión de los pagos de los certificados de obras. De esa manera se generó un saldo en rojo, con sus respectivos intereses, y el Ejecutivo de entonces decidió incluirlo en las leyes de consolidación de deuda, que contemplaba las obligaciones desde 1991 a 1994. Por eso, le abonó los certificados de obra a la empresa con títulos públicos. Sin embargo, para los demandantes, esa movida les significó un perjuicio y resaltaron que los certificados no debieron ser incorporados en la consolidación, ya que la deuda se había originado después de 1994. Además, indicaron que la liquidación de los intereses por el retraso estatal se aplicó a una tasa diferente a la que le hubiera correspondido si se hubiese hecho con la ley de obras públicas. Fiscalía de Estado dio pelea, pero la jueza le hizo lugar a la demanda de Ivaco y su sentencia quedó firme. Ahora, la disputa es por el monto a pagar.

• 22 de abril 1994

La provincia contrató a Ivaco para realizar tres baños y sus cloacas. Luego incorporó la ampliación de la escuela.

• 19 de junio 1997

Tras la crisis económica, que derivo en el retraso de los pagos, la provincia rescindió los contratos con Ivaco.

• 3 de octubre 2008

La empresa recibió la última respuesta administrativa del Estado y pudo plantear la demanda por 2,5 millones.

• 14 de abril 2015

Luego de que las partes impulsaran el proceso, la jueza Tettamanti condenó a la provincia a pagar la deuda con Ivaco.

• 24 de mayo 2017

La Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó el fallo de la jueza. La puja ahora es por la liquidación.