Frente a 3 demandas de los empleados de planta permanente de Rivadavia por el pago de una deuda millonaria, el intendente Fabián Martín realizó su primera oferta.

La misma consiste en que el personal cobre un extra permanente de 1.000 pesos por mes remunerativo y no bonificable, es decir, sujeto a descuentos jubilatorios y de obra social y sobre el que no repercuten adicionales como el título y la antigüedad. Desde los 3 sectores de los trabajadores hubo rechazo al ofrecimiento debido a que lo consideraron insuficiente y 2 de ellos hablaron de seguir dialogando y acercar contrapropuestas. 

La oferta que hizo el jefe comunal trascendió ayer, pero fue planteada en la primera semana de este mes.

El reclamo de los 430 municipales efectivos se debe a que en la gestión pasada, a cargo de Ana María López, se produjo un aumento del 27,10 por ciento para la plana política que no contempló a la planta permanente.

En Rivadavia existe la ley de enganche, por lo que si los funcionarios se suben el sueldo, automáticamente se debe aplicar el mismo porcentaje a los agentes. Así se generó una deuda que ninguna de las partes involucradas tiene aún el cálculo fino, pero de la que se habla que rondaría los 200 millones de pesos. 

Frente a ese escenario, Martín sacó un decreto con el que le dio de baja al que había emitido su antecesora, el cual había otorgado la suba sólo para el plantel político. En otras palabras, a partir de enero, a los 30 funcionarios se les descontará el 27,10 por ciento.

El intendente reconoció que su sueldo de 32 mil pesos tendrá un recorte de 8 mil pesos. “Se trata de barajar y dar de nuevo”, destacó. La decisión del jefe comunal fue ratificada ayer por mayoría en el Concejo Deliberante.

En su momento, Ana María no hizo extensiva la suba basándose en que se trató de un suplemento, dado que en gestiones anteriores a la suya se habían dispuestos incrementos al personal superiores a los de los políticos, por ende, lo que se hacía era compensar esos desfasajes. La medida provocó la airada reacción de los empleados (Ver recuadro).

Al suprimir el 27,10 por ciento para el staff político, Martín dijo que habrá una disponibilidad de 400 mil pesos mensuales, que servirá para repartir entre los 430 empleados y entregar el extra de 1.000 pesos.

La diferencia que surge será cubierta por las arcas municipales, aclaró el intendente. Además, el plus tendrá movilidad cuando se produzcan los incrementos salariales anuales. O sea, si hay una suba en el sueldo, el porcentaje se sumará al plus, explicó Martín.

Esa es la oferta que dio a conocer a los sectores que nuclean a los trabajadores. Un grupo está representado por el gremio UPCN, otro por el sindicato SUOEM y el tercero por un abogado independiente.

Los 3 recurrieron al Juzgado Contencioso Administrativo, donde se está llevando a cabo la demanda, pero todos tienen voluntad de llegar a un acuerdo. Enrique Funes, de UPCN, señaló que le hicieron una contrapropuesta al intendente, aunque no la dio a conocer debido a que aún no han sido informadas las bases. Alberto Derel, de SUOEM, dijo que la oferta es “inaceptable”, mientras que el abogado Humberto Conti dijo que sus representados la consideraron “muy baja” (Ver Protagonistas).

 

 

Protesta en la calle y planteo en la Justicia
 


En marzo de 2012, la entonces intendenta Ana María López disponía el aumento del 27,10 por ciento sólo para la planta política. El personal de planta permanente había salido a reclamar que la suba también fuera para ellos, tal cual lo establece la Carta Orgánica. Los empleados se manifestaron frente al edificio municipal y a través de los representantes gremiales buscaron llegar a un acuerdo, cosa que finalmente no se dio. 

Los empleados buscaron representación y se dividieron en 3 grupos y recurrieron al Juzgado Contencioso Administrativo. En esa instancia, se han llevado a cabo audiencias de conciliación para llegar a un arreglo.

De todas formas, las partes siguen dialogando por fuera de la vía judicial, ya que todos reconocen que es mejor un acuerdo razonable a esperar el resultado de un juicio que puede demandar entre 10 y 15 años.

 

 

Los sectores que dan pelea

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ENRIQUE FUNES - Secretario Gremial de UPCN

“No hemos definido la cifra, es un tema pendiente. Hicimos una contrapropuesta y esperamos la respuesta para bajarla a las bases. Toda oferta es buena si la acepta la gente. Una negociación es mejor que un juicio”.


ALBERTO DEREL - Secretario de Prensa de SUOEM

“Los 1.000 pesos sufrirán un recorte del 24% debido a los descuentos de ley. Encima no bonifica los adicionales porque no va al básico. Los trabajadores lo rechazaron por insuficiente, pero hay voluntad de diálogo”.

 

HUMBERTO CONTI - Abogado particular

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“Mis representados dijeron que la propuesta no se acerca a las expectativas. En la demanda que hicimos, la causa sigue su curso, ya que fracasaron las conciliaciones y estamos en la etapa de ofrecimiento de pruebas”.