Con una presentación en la Justicia Civil, un grupo de mujeres solicitó que la provincia renuncie a ser parte querellante de la causa penal en la que cuatro personas están en la mira por haber realizado pintadas y daños a la escuela Normal Superior Sarmiento, en el marco de la última movilización por el 8M. El planteo fue realizado por el abogado Conrado Suárez bajo una "denuncia por violencia política contra las mujeres", dentro de la ley de protección integral de las mujeres, en el ahora exjuzgado Contencioso Administrativo. El grupo fue en contra del Estado por entender que existió una "persecución" al haberse sumado como querellante en la causa y, así, existió una "conducta perpetrada desde el Estado y por sus agentes, usando indebidamente el derecho penal sin fundamento y con el objetivo de criminalizar la labor de defensoras de los derechos humanos y deslegitimar las causas que perseguimos, lo que provoca deshonra, descrédito y persecución social hacia luchadoras sociales". Por la acción civil, además de una serie de agentes policiales, fueron llamados como testigos el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga; el subsecretario, Abel Hernández, y quien radicó la denuncia, el director de Patrimonio, Jorge Martín; quienes deberán responder las preguntas en los próximos tres días hábiles.