La sanción del Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos contra Inés Rodríguez, responsable Técnica del Centro Anivi del Poder Judicial, fue dura, ya que la suspendió por seis meses en el ejercicio de la profesión debido a que las entrevistas que le realizó a tres menores en una causa por abuso sexual fueron "tendenciosas o coercitivas", por lo que incurrió "en una falta grave". En la Corte de Justicia no hubo una voz oficial, dado que la presidente, Adriana García Nieto, no contestó las consultas de este medio, aunque fuentes judiciales señalaron que en el máximo tribunal no van a tomar ninguna medida contra la profesional hasta que el castigo de la entidad que nuclea a los psicólogos quede firme. Esto se debe a que Rodríguez habría acudido (o lo hará) a la Justicia para revertir la resolución en su contra.

De acuerdo a la ley orgánica de Tribunales, la Corte tiene la facultad de imponer sanciones disciplinarias a magistrados, funcionarios y empleados, "pudiendo corregir sus faltas con apercibimiento, suspensión en el ejercicio de sus funciones hasta el término de un mes o multa hasta tres veces el salario mínimo del escalafón judicial", según establece el inciso g del artículo 17. La señal de alerta vino desde afuera del Poder Judicial, en este caso, del Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos, la entidad que agrupa a los especialistas en dicha materia, quienes conocen los procedimientos adecuados en el tratamiento a un menor que ha sido víctima de un ataque sexual. Pero, por lo que trascendió, en el máximo tribunal judicial prevalecería, por ahora, el principio de inocencia que juega a favor de Rodríguez, dado que, si apeló a la Justicia, la resolución no está firme. Hasta que eso suceda, el análisis de la causa puede demorar años, ya que será revisado por un Juzgado de primera instancia y, cualquiera fuese la resolución, es un hecho que el protagonista que se sienta perjudicado (la profesional o la entidad) acudirá a una instancia superior (la Cámara de Apelaciones) para que revea el fallo.

"Las entrevistas llevadas a cabo por la licenciada Rodríguez han sido inductivas, tendenciosas o coercitivas, dirigidas en lenguaje avanzado para que pueda entender el niño, no adecuándose a su nivel de desarrollo lingüístico", señaló en su dictamen el Tribunal de Disciplina de los psicólogos. Así, destacó que "la denunciada incurrió en una falta grave, implicando dolo, culpa grave y perjuicio importante en contra de los niños", por lo que dispuso la suspensión desde septiembre hasta marzo de 2021 "del ejercicio profesional y de todos los derechos emergentes de su calidad de matriculada".

El caso por el que la profesional fue denunciada ante su colegio fue en el que resultó procesado un reconocido bodeguero sanjuanino (su nombre no se da a conocer para proteger la identidad de los menores involucrados). No obstante, la causa penal sufrió un giro tras la apelación del abogado defensor y debe darse una nueva resolución en primera instancia (ver recuadro).

Rodríguez es la responsable Técnica del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (Anivi). Y, según las fuentes, tras el resonante caso, la profesional dejó de conducir las entrevistas. El dictamen del Tribunal de Disciplina implica un fuerte golpe, ya que el centro de atención fue clave para que la provincia avance en materia de abuso contra menores. De hecho, la institución se transformó en un modelo para Argentina y países de la región en el tratamiento del ataque sexual infantil.

Más fundamentos

El Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos indicó en su fallo que "todas las prácticas inadecuadas no sólo perjudican a la víctima provocando su revictimización, sino que, además, en muchos casos, afecta el esclarecimiento de los hechos". Según trascendió, la sanción es una de las más altas dentro del código disciplinario.

Faltas

De acuerdo a la resolución, Inés Rodríguez incumplió tres artículos del Código de Ética: prestar servicios profesionales eficientemente; no participar, ni activa ni pasivamente, en acciones que afecten al paciente; y, para aquellos que ocupan cargo público, respetar la ética profesional. Para el Tribunal, incurrió en una falta grave.

Revés en sede penal

La escandalosa causa que tiene como imputado a un reconocido bodeguero de la provincia estalló en 2016, cuando su exmujer lo denunció por haber abusado sexualmente de su hijo y de dos menores hermanos de éste. Tras la denuncia, el imputado fue detenido, hasta que, tras dos años de prisión sin sentencia, recibió la excarcelación. Si bien la causa se inició en el Tercer Juzgado de Instrucción, a cargo de Guillermo Adarvez, el expediente cambió de manos, luego de que la Cámara de Apelaciones resolviera hacerle lugar a un planteo del abogado defensor Marcelo Fernández porque no se habían incorporado pruebas ofrecidas por una de las partes.

La causa hoy se encuentra sin avances y el defensor confirmó que presentó la resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos en la Justicia para dar cuenta de que "la principal prueba que se tuvo en cuenta para dictar el procesamiento fue errónea", destacó. Así, espera que el informe psicológico cuestionado sea apartado del expediente.