Las fallas y la inacción judicial jugaron en contra de unos 375 cauceteros que, en los primeros días de 2017, se intoxicaron por beber agua contaminada. La Corte de Justicia declaró la causa prescripta, por lo que siete imputados, entre los que se encontraba el encargado de OSSE en Caucete, Oscar Silva, fueron sobreseídos "total y definitivamente". Es decir, por más que hubiesen existido pruebas para condenarlos, fueron desligados de responsabilidad por el tiempo transcurrido sin avances en el proceso. El máximo tribunal hizo foco en un elemento clave: el primer llamado a indagatoria de los imputados que, en este caso, se dio en abril de 2017. El plazo límite surge de la pena máxima del delito por el que son investigados los sospechosos, el cual fue "envenenar o adulterar aguas potables por imprudencia, negligencia, impericia o por inobservancia de los deberes a su cargo", que tiene una sanción de cinco años. Como se superó ese período sin ninguna actuación que interrumpiera la prescripción, el expediente se cayó.

El fallo de la Corte fue dictado por la Sala Segunda, integrada por Marcelo Lima, Guillermo De Sanctis y Adriana García Nieto. El hecho había ocasionado conmoción en la provincia, al punto que el Ejecutivo creó un Comité de Crisis para asistir a las personas intoxicadas (ver recuadro). Incluso, tras una investigación interna, desde OSSE decidieron echar a todas las personas que cometieron errores, quienes, a su vez, quedaron en la mira judicial. Los cesanteados fueron Oscar Silva, exencargado de la instalación caucetera, y los que estaban al frente de las guardias: Walter Pacheco, Guillermo Orduña, Nicolás Vega, Luis Ricardo Paredes, Orlando Tejada y Daniel Alberto Rodríguez.

Un punto clave de la Corte fue que la fiscal de Cámara, Marcela Torres, había opinado por la prescripción.

Según indicaron fuentes judiciales, la causa tuvo fallas que derivaron en la prescripción, además de contratiempos. Entre estos últimos se encuentra que el caso se inició en un juzgado de Instrucción, a cargo de Pablo Flores en ese entonces, que lo pasó a uno Correccional por el tipo de delito. Así, lo tuvo la jueza Silvina Rosso, que ascendió a camarista y la reemplazó Federico Rodríguez. En el medio, hubo un llamado a indagatoria en abril de 2017 al exjefe de la planta de OSSE Caucete, el cual se anuló y se fijó uno nuevo para febrero de 2019, mientras que el expediente principal, que constaba de dos cuerpos con unas 400 fojas, se perdió y tuvo que ser reconstruido dos veces.

Al no contar con los escritos originales, el abogado de Oscar Silva, su hijo, hizo presentaciones de nulidad y requirió copias certificadas. Así, desde las primeras actuaciones en 2017, entre las que se encontraba el llamado a indagatoria a Silva, pasaron dos años hasta que se completó el expediente, por lo que el defensor solicitó la prescripción. ¿Por qué? Su planteo se basó en que el delito en la mira contemplaba sólo un castigo de multa, causas que, de acuerdo al Código Penal, se vencen a los dos años sin que exista un acto interruptivo, como el requerimiento fiscal de elevación o la citación a juicio.

Según trascendió, el juez Rodríguez, a cargo del Cuarto Correccional, le negó la prescripción al entender que Silva fue indagado recién en febrero de 2019, ya que la convocatoria de 2017 había sido "revocada a través de una providencia judicial". Ante el rechazo, Silva apeló a la Sala II de la Cámara Penal, integrada por Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Martín Heredia, que en 2021 coincidió con Rodríguez en que el llamado a indagatoria vigente era el de 2019 y no el de 2017. Además, el tribunal recalificó el delito y apuntó al establecido en el último párrafo del artículo 203 del Código Penal, que castiga con hasta 5 años de prisión si por la contaminación, las personas se enfermaran o murieran. En el caso de Caucete, unas 375 personas tuvieron que ser hospitalizadas y atendidas.

Con el nuevo revés judicial, Silva llegó hasta la Corte quien aceptó tratar el caso en diciembre de 2021 y emitió la resolución a fines del mes pasado. El máximo tribunal indicó que el primer llamado a indagatoria de abril de 2017 es el que se debe tener en cuenta para contar el plazo de prescripción porque, en ese escrito, "se plasmó por primera vez la intencionalidad del Estado de ejercer su autoridad investigativa y sancionatoria frente a un hecho de apariencia delictual". Así, como el delito investigado tenía un castigo máximo de cinco años, la causa caducó en abril de este año.

Dramática situación por intoxicación

Durante los primeros cuatro días de marzo de 2017, las salas del Hospital de Caucete estuvieron repletas de personas (desde niños, jóvenes, adultos y ancianos) que se hicieron atender por cuadros de gastroenteritis. En ese escenario, se vieron llantos, quejidos, malestar y corridas sorpresivas hacia los baños para vomitar. El eje principal del episodio fue agua contaminada, por lo que muchos tanques tuvieron que ser limpiados (foto). La lupa recayó sobre Oscar Silva, jefe de la instalación de OSSE, por ser el principal responsable del correcto funcionamiento, y de los operarios que tenían que llevar a cabo las tareas de cloración y su posterior control. De acuerdo a la investigación interna, los empleados estaban convencidos que el nivel de cloro que salía de la planta (0,4 miligramos por litro) era el óptimo, cuando lo ideal para cubrir a toda la red es de 0,9 miligramos por litro. En el caso de la perforación en el Barrio Felipe Cobas, directamente no cambiaron el aparato roto que inyecta el químico potabilizador.