Una condena de 3 años de prisión en suspenso para Antonino D'Amico y 2 años de prisión en suspenso para Pascual Manchineles, los máximos dirigentes del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), fue la sanción que les impuso un tribunal federal que los encontró ayer responsables de haber cometido el delito de defraudación en contra de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Es porque D'Amico cobró simultáneamente desde diciembre de 1996 a septiembre de 1998 un sueldo tanto en el sindicato municipal como en la mutual AMOEM y una jubilación por invalidez, lo que estaba prohibido por ley. Y a Manchineles le imputaron que como empleador, porque era el máximo responsable tanto del sindicato como de la mutual, debió comunicar la situación al organismo nacional para que cesara el pago y no lo hizo.

Pero la sentencia no significa que los dirigentes, que son condenados por primera vez, vayan a ir a prisión porque los hechos que se les imputan son excarcelables. Y desde la defensa, que ejercieron los abogados Carlos Bula y Diego Lavado, ya adelantaron que van a apelar.

Uno de los argumentos será que la Justicia Federal no es el ámbito en el que se debió tramitar la irregularidad y que, además, el organismo perjudicado, la Anses, nunca reclamó por el pago incorrectamente efectuado de los haberes.

El tribunal, presidido por el juez Raúl Fourcade, e integrado por Pedro González y Roberto Naciff, aplicó la sanción que había solicitado la fiscal Cecilia Kelly, quien en un extenso alegado de casi 3 horas el jueves, dijo que D'Amico y Manchineles habían "engañado" a la Anses y que le había ocasionado un perjuicio que fue estimado en los 136.471,57 pesos. Pero la sentencia no solicitó la devolución de los haberes mal cobrados sino que pidió que se envíen los antecedentes a la justicia local porque el cobro irregular se habría producido desde julio de 1987, cuando la ex Caja de Jubilaciones de la provincia le concedió a D'Amico la jubilación por invalidez, después de haberse desempeñado como jefe de Compras en la Municipalidad de la Capital.

Previo a la lectura de la sentencia, el tribunal le preguntó a D'Amico si quería expresar algo y el dirigente dijo que "soy una víctima porque he cuestionado el poder". A su turno, Manchineles, quien en todo momento se había abstenido de declarar, sostuvo que "resulta que todos los municipios tienen empleados en negro, pero somos nosotros los que estamos en el banquillo de los acusados".

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en una audiencia que tendrá lugar el viernes 18 de marzo, a las 20.