La defensa del funcionario judicial Mario Parisí, a cargo de Nasser Uzair y Fernando Castro, apunta a desvincularlo de la causa por lesiones y amenazas agravadas contra su expareja, a la que se agrega la imputación por desobediencia judicial. En el caso de que no lo consiguieran, el primero de los abogados reconoció que manejan la chance de pedir y que le otorguen la probation, un beneficio que implica la realización de tareas comunitarias a cambio de la sanción penal. El segundo de los profesionales también representa a Juan Pablo Ortega, otro funcionario judicial ligado al caso Parisí por encubrimiento, quien señaló que pedirá una audiencia en la que está la posibilidad de que plantee lo que se llama excusa absolutoria, la desvinculación de la responsabilidad criminal de aquel "amigo íntimo" que actúa a favor del acusado dentro de la figura de encubrimiento, según indica el Código Penal.

La probation también se llama suspensión de juicio a prueba. Como este último nombre lo indica, el juicio se suspende y el imputado queda a prueba, dado que debe cumplir pautas de conducta y realizar tareas comunitarias durante un determinado tiempo, sumado a que debe ofrecer una suma simbólica de dinero. Cumplido todos esos pasos, evita el juicio y, por ende, una eventual condena. Para acceder al beneficio se deben reunir ciertos requisitos, como que la escala penal de los hechos delictivos contemple una pena en suspenso. Además, el Código Penal establece que no procede "cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito", mientras que el Código Procesal Penal local determina que el Ministerio Público Fiscal no puede prescindir de la acción penal en esa circunstancia. Parisí es funcionario judicial, pero Uzair explicó que en los hechos por los que se lo acusa "no estaba ejerciendo su tarea de funcionario público. Es más, estaba en una supuesta relación privada. Por lo tanto, no es un obstáculo para que se le otorgue la probation, en el caso de que se llegase a plantear. Debería concederse por el principio de igualdad ante la ley, debido a que el sistema acusatorio actual tiene, como mínimo, 25 sentencias que han otorgado beneficios en circunstancias más graves".

No obstante, el nuevo régimen procesal indica que el o la fiscal "no puede prescindir de la acción penal cuando aparece como un hecho dentro de un contexto de violencia familiar". Parisí está imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por producirse en un contexto de violencia de género, de acuerdo a lo que fundamentó la fiscal Claudia Salica, en compañía de su colega Roberto Ginsberg, por lo que ahí aparecería un obstáculo para la pretensión de la defensa. De hecho, los representantes del Ministerio Público expusieron la situación de control y dominio del funcionario judicial sobre su expareja (Ver recuadro). Sin embargo, los defensores habían señalado que no había violencia de género porque se trató de "un solo episodio".

Por su parte, Ortega está imputado de haber tenido contacto con la denunciante para tratar de convencerla y que cambie su declaración. Castro indicó que pedirá una audiencia por su defendido y, si bien no reveló qué planteará, sí dijo que es una posibilidad exponer la excusa absolutoria para el que "hubiere obrado en favor de un amigo íntimo", dado que Ortega y Parisí encuadran en esa figura.

El tercer imputado
 

Se trata del médico Jorge Gil, amigo de Parisí, quien está imputado por encubrimiento por haber tomado contacto y tratado de revertir la declaración que la mujer hizo contra el funcionario judicial.

Revuelo
 

Jorge Gil declaró y confirmó que revisó a la víctima y que presentaba golpes coincidentes con lesiones leves, al punto de que hizo gestos como demostración. Tras la audiencia, el abogado Nasser Uzair renunció a su defensa.

Postura fiscal

La fiscal Claudia Salica y su par Roberto Ginsberg, de la Unidad Cavig, expusieron en la audiencia de investigación preparatoria que Mario Parisí hacía valer su rol dentro del Poder Judicial en la relación con su expareja, lo que convirtió al vínculo en una situación asimétrica, de supremacía y de poder. Incluso, en la denuncia que realizó por haber recibido golpes de manos del profesional, la mujer señaló que, en varias ocasiones, el funcionario se jactaba de ser "quien disponía sobre la libertad de las personas", ya que ocupa un alto cargo dentro del fuero penal. Así, Parisí pudo ejercer una situación de dominio, al punto que, según se planteó ante el juez, le exigía a su expareja "qué ropa ponerse, que bajara de peso y que, dentro del domicilio, se vistiera con tacos y que estuviera con ropa interior o con body". Salica había dicho que el imputado impuso su supremacía judicial con la participación de otro funcionario, Juan Pablo Ortega, en la mira por haber tomado contacto con la presunta víctima para que cambie su declaración.