Sobre el entonces juez penal Pablo Flores se había desencadenado un juicio de destitución luego de entregarle, de manera irregular, una camioneta 4x4 al exjefe del Depósito Judicial, el comisario Gustavo Padilla. Al renunciar a su puesto, el exmagistrado enfrentó la investigación judicial y la fiscal Claudia Salica había pedido que fuera procesado. Con todas las fichas en contra, trascendió ayer que el juez de la causa, Alberto Caballero, entendió que hay pruebas para considerar que incurrió en el incumplimiento de sus deberes de funcionario público, según destacaron fuentes calificadas. Es que la disposición de los vehículos es una facultad exclusiva de la Corte de Justicia, que puede cederlos sólo a favor de instituciones y no de personas determinadas, como en el caso de Padilla, que utilizó la Toyota Hilux para pasear con amigos en el campo. Este último enfrentará el juicio en el Tercero Correccional este año (ver claves).

El procesamiento es sin prisión preventiva y el delito que pesa en su contra está contemplado en el artículo 248 del Código Penal, el cual tiene castigos que van de un mes a dos años de prisión. Es decir, como el máximo es menor a tres años, tal escala permite una condena en suspenso, en el caso de una eventual sanción, sumado a que Flores no acarrea antecedentes. Además, es un hecho que su abogado, Iván Román, apelará la sentencia de Caballero.

De acuerdo al expediente, tras una denuncia, Flores ordenó la búsqueda y el secuestro de un vehículo el 7 de septiembre de 2017. En distintos operativos, la Policía recuperó distintas movilidades, entre las que se encontraba la Toyota Hilux, la que fue a parar al Depósito Judicial de 9 de Julio, área que estaba a cargo de Padilla. Según las fuentes, el comisario, "valiéndose" de su cargo, comenzó a obtener información sobre el estado en el que se encontraba la movilidad desde el 4 de abril de 2019. Así fue que el uniformado le solicitó al entonces juez del Segundo de Instrucción que le entregara la camioneta como depositario judicial, cosa que hizo en mayo de aquel año.

No obstante, Caballero resaltó que el exjuez contaba con elementos que lo obligaban a declarar su incompetencia en la causa desde el 10 de octubre de 2017 (a un mes del secuestro de la movilidad), señalaron las fuentes, debido a que el título de propiedad, la cédula verde y la cédula de autorizado de la Toyota eran apócrifas, por lo que debió haber pasado el expediente a la Justicia Federal para que se investigaran tales adulteraciones.

Al cederle la Toyota al exjefe del Depósito Judicial, Flores se arrogó una facultad que no es suya, ya que sólo la Corte puede disponer de los vehículos a favor de instituciones para fines específicos. Inclusive, un tribunal puede entregar efectos "provisoriamente" a quien "acredite tener derechos sobre ellos", cosa que el comisario no cumplía, resaltó Caballero en sus fundamentos, según las fuentes.

El ex titular del Segundo de Instrucción había declarado que "cometió un error" al ignorar el procedimiento del Código Procesal Penal, aunque Caballero consideró que Flores actuó con conocimiento de lo que hacía y que, incluso, conocía a Padilla, lo que surgió de las declaraciones de una empleada.

Juicio

La jueza Correccional Mónica Lucero, del Tercero Correccional, realizará el juicio contra el comisario Gustavo Padilla, ex jefe del Depósito Judicial, quien consiguió la Toyota Hilux para fines laborales y la usó para pasear con amigos en el campo.

Más causas

Padilla tiene dos procesamientos más en su contra: uno por quedarse con un Corsa luego de haber engañado a su titular y haberlo retirado con un acta con una firma falsificada y otro por la sustracción de autopartes de vehículos del Depósito Judicial.

Jury y sanción

Flores fue sometido a un Jury, el cual tenía como fin su remoción para que pudiera ser indagado, ya que, como juez, contaba con fueros. Sin embargo, renunció. En 2018, la Corte lo había suspendido tras una auditoría que reveló demoras e irregularidades.