El pedido de retirar la escombrera de Calingasta que armó la minera chilena Los Pelambres ya lo había hecho la provincia y también lo requirió el fiscal federal. Pero para que efectivamente ocurra, tiene que ordenarlo el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien ayer habló del tema y dio pistas de avanzar en ese sentido.

Tal como lo adelantó DIARIO DE CUYO, el requerimiento del fiscal Francisco Maldonado ocurrió ayer e incluyó varios puntos: aceptar la solicitud de la provincia para ser parte querellante, que se investiguen a los exdirectivos de la firma que permitieron el depósito de desechos mineros en Calingasta y el retiro de inmediato de esa escombrera. Si bien el magistrado fue muy cauto en la nota que le dio a Radio Estación Claridad, ayer, explicando que va a evaluar con detenimiento lo solicitado por el fiscal, adelantó que evidentemente se hace necesario terminar con la comisión del presunto delito, lo que hace suponer que avanzará en el mismo sentido que Maldonado.

Según lo presentado por el fiscal, cesar en el delito corresponde exclusivamente al retiro de la escombrera “sin dilación alguna, ordenándose a los peritos designados en la causa que elaboren un plan progresivo de ejecución”, se indica en el escrito. Pero además, si el juez da lugar a lo requerido por el fiscal, mientras se produce el retiro de los escombros se deberá “llevar a cabo las medidas cautelares ya solicitadas por la provincia donde se encuentra la compactación de la escombrera, un sistema de drenaje de aguas superficiales, hacer monitoreos constantes tanto del suelo como del agua y, de ser necesario, instalar una planta de tratamiento de aguas”.

Costo del retiro

210 Son, aproximadamente, los millones de dólares que puede costar levantar la escombrera del territorio sanjuanino. La misma tiene casi 24 millones de metros cúbicos de material. 

El juez Leopoldo Rago Gallo no dio plazos para tomar la decisión de levantar la escombrera, pero sí aclaró que para eso está esperando las pericias que se llevaron a cabo en su momento. En sus declaraciones, el magistrado recordó que “tuvimos la oportunidad de estar en Los Pelambres y pudimos constatar fehacientemente cuál es la situación y la magnitud de la escombrera. Habrá que determinar en su momento, con las pericias, de qué manera se puede llevar a cabo eso que es de gran magnitud. De manera tal que es una decisión importante la que hay que tomar y va a haber que escuchar a los peritos al respecto”.

Según consta en el expediente, en 2004 el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals a comenzar con la construcción de la escombrera Cerro Amarillo, algo que al parecer recién se inició tres años después, extendiéndose hasta por lo menos 2012. Recién en 2014 y en 2015, la empresa concesionaria del lugar donde está ubicado parte de la escombrera, Glencore, demandó y denunció respectivamente la existencia de la escombrera en la Justicia federal.

Tal como lo plantea la provincia y lo hace saber el fiscal federal, dada la dimensión de la escombrera, de 35 millones de toneladas de desechos, “resulta casi imposible que quienes explotaban el proyecto El Pachón no hayan advertido las acciones realizadas por la minera Los Pelambres dentro del territorio concesionado”, lo que hace suponer que las autoridades de la empresa, Glencore, pudieron validar la formación del depósito, lo que implicaría también un delito. Por eso motivo es que el fiscal Maldonado dio lugar al pedido de la provincia para que también se investigue a los exdirectivos de Xstrata Pachón SA desde el año 2004 hasta la fecha.