La jueza de Faltas de Rivadavia, Gladys Abelín de Tejada, cobró hasta noviembre 48 mil pesos de bolsillo y desde diciembre viene percibiendo alrededor de 37.500 pesos, según fuentes calificadas. Frente al recorte de 10.500 pesos, que a la fecha llegan a los 31.500, la magistrada le pidió el mes pasado al intendente Fabián Martín que le reintegre el importe y que le ponga punto final al descuento. La titular del Juzgado municipal adelantó que si recibe una negativa, realizará la demanda en la Justicia. Pese a los llamados, este medio no pudo contactar al jefe comunal para tener su opinión.

La poda en el salario de Abelín de Tejada se debe a una decisión del Ejecutivo municipal. En diciembre, Martín dejó sin efecto un aumento del 27,1 por ciento para la planta política que había establecido su predecesora, Ana María López, a través de un decreto en 2012. Es decir, desde ese mes, el propio intendente, secretarios, directores, concejales y asesores dejaron de percibir ese porcentaje, que incluyó a la jueza de Faltas. La magistrada sostiene que la comuna comete un error, ya que esa cifra la percibe porque su puesto no pertenece al plantel político sino que corresponde al de “autoridad superior”, tal cual lo determinó la resolución de la ex jefa comunal. En su presentación destacó también que, a nivel judicial, su salario goza de intangibilidad, por lo que no puede ser disminuido. 

El intendente le dio de baja a la suba del 27,1 por ciento del staff político para tratar de descomprimir un reclamo de los empleados de planta. Sucede que en su momento, Ana María lo aplicó a las autoridades superiores y no lo hizo extensivo a todos los trabajadores. En Rivadavia existe la ley de enganche, por lo que si hay un aumento para los políticos, el mismo se debe replicar en el resto del personal. Ante ese escenario, se desató un conflicto que hoy cuenta con tres demandas de los trabajadores en sede judicial (Ver recuadro).

En el caso del Juzgado de Faltas de Rivadavia, es la comuna la que se hace cargo del presupuesto de gastos y del sueldo de su titular, a diferencia de lo que sucede en el Poder Judicial, que enfrenta con sus recursos las erogaciones de su funcionamiento y las remuneraciones de los funcionarios.

La jueza resaltó que la comuna incurrió en un error y que está esperando la respuesta a su planteo. En el caso de reciba un rechazo, aseguró que acudirá al Contencioso Administrativo por daños y perjuicios. En su escrito, indicó que el decreto que sacó Martín posee un vicio de nulidad debido a que no cuenta con el dictamen del servicio jurídico, clave cuando una decisión política afecta derechos adquiridos.

Demandas y negociaciones

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Luego de que la exintendenta Ana María López sacara una suba del 27,1 por ciento sólo para el plantel político, los trabajadores de planta permanente se manifestaron e hicieron diversos reclamos frente al municipio (foto). Al no tener respuestas, conformaron tres grupos e iniciaron sus respectivas demandas en el Juzgado Contencioso Administrativo para que se respete la ley de enganche. La suba comenzó a regir desde 2012 y según estimaciones, el monto que debería repartirse entre los 430 municipales rondaría los 90 millones de pesos. 
A fin de año, Martín le ofreció al personal el cobro de un extra permanente de 1.000 pesos por mes remunerativo y no bonificable, es decir, sujeto a descuentos jubilatorios y de obra social y sobre el que no repercuten adicionales como el título y la antigüedad. Para los empleados la propuesta fue insuficiente.