La ley que establece un régimen de adecuación de precios para la provisión de bienes y servicios fue aprobada ayer en Diputados tras un intenso debate. La norma recibió el apoyo de 19 legisladores y el rechazo de 9 opositores. La iniciativa busca que quienes tienen contratos con la administración pública tengan a mano una herramienta para actualizar el valor del servicio que prestan, siempre y cuando la situación económica nacional haya hecho que los productos sufran una variación considerable en su precio, en un tiempo determinado. El proyecto fue defendido por Marcela Monti y Rodolfo Jalife mientras que los que se mostraron en contra fueron Fernando Moya, de Dignidad Ciudadana; Cesar Aguilar, del bloquismo disidente, y Susana Laciar, de Producción y Trabajo.