Un docente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) había decidido dejar su cuenta sueldo en el Banco Nación como un mecanismo de ahorro, pero, ante la necesidad, tuvo que ir en marzo de 2015 a retirar fondos. Al chequear el resumen, detectó con suma sorpresa (y bronca) que le faltaba mucha plata, que luego se comprobó que fue poco más de 241 mil pesos. La entidad financiera le devolvió todo el dinero más intereses, abrió un sumario interno y determinó que hubo personal bancario que metió mano en la cuenta del cliente en nueve ocasiones, desde mayo a diciembre de 2014. La investigación interna fue la base de la denuncia y de la causa penal que llevó adelante la Justicia Federal, la cual llegará a juicio el mes que viene contra dos acusados. Una es la exsubtesorera, Liliana Rabasa, quien está acusada de llevar a cabo muchas de las extracciones. El otro es el exjefe de la Plataforma Operativa, Fabián Saavedra, al que responsabilizan de haber autorizado a Rabasa a realizar un número importante de los retiros, según consta en el expediente.

Ambos serán enjuiciados en el Tribunal Oral Federal por los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y Hugo Echegaray. Los dos están imputados de fraude contra la administración pública y fueron calificados como funcionarios públicos, por lo que también se les endilgó la sustracción de caudales que tenían bajo su cargo. Al tratarse de delitos excarcelables, enfrentarán el debate en libertad. Inclusive, trascendió que Rabasa fue despedida, pero tuvo que ser reincorporada por tener tutela sindical, ya que era secretaria suplente de la Asociación Bancaria (Ver recuadro).

Según el expediente, en el Banco Nación se realizan operaciones llamadas "por retaguardia", las que consisten en que los cajeros pueden efectuar extracciones para clientes preferenciales de las cajas que tienen a su cargo, siempre y cuando hubiera un pedido de directivos. Tal movimiento se hace para apurar el trámite de esos clientes, con el fin de descongestionar las largas colas que, a cierto horario de la mañana, se forman en la entidad bancaria, lo que genera malestar en el público. De esa manera, "los cajeros podían extraer dinero de las cajas a su cargo en forma directa cuando los montos eran de baja cuantía", pero cuando se trataba de sumas mayores a 30 mil pesos, "requerían la autorización" de Saavedra, el responsable de la Plataforma Operativa, según señala la acusación del fiscal Francisco Maldonado. Eso sí, tales extracciones debían contar, en algún momento, con el OK del titular de la cuenta, que debía poner su firma y exhibir su DNI.

En el caso del docente universitario, todo indica que, al tener su cuenta sin movimiento por un tiempo, fue el caldo de cultivo para la maniobra ilegal. En el expediente, dos cajeros declararon que Rabasa le acercó a cada uno un papel con un número de DNI, sin la firma del cliente y los respectivos montos, por lo que les pidió que hicieran la extracción dado que Saavedra iba a dar el OK. Así, los empleados le entregaron el dinero a la subtesorera. Y otro cajero también llevó a cabo otra transacción similar "por orden" de los imputados, según las constancias, en las que, además, figura que la subtesorera también "hizo operaciones como cajera", mientras que el contador "avaló" muchas de las extracciones y no verificó que se cumplieran los requisitos.

La exsubtesorera
 

Según la acusación, Rabasa "fue quien comenzó con la extracción de dinero de la caja de ahorro del cliente, realizando la primera extracción y las últimas. En el medio también hubo operaciones bancarias que las hizo como cajera".

El exjefe Operativo

"Si bien Saavedra no efectivizó directamente las extracciones, autorizó a Rabasa a efectuarlas por montos considerables de dinero, sin verificar la presencia de la totalidad de los requisitos exigidos", indica la acusación.

Idas y vueltas con la protección sindical

Luego de que estallara el caso en el seno del Banco Nación, el área Legal inició una acción judicial para quitarle la tutela o protección sindical de la que goza Liliana Rabasa por la ley de Asociaciones Sindicales, ya que la mujer era secretaria suplente de la Asociación Bancaria, con mandato desde el 4 de enero de 2015 al 3 de enero de 2019, más un año de tutela una vez finalizado el mismo. La presentación se hizo en el Juzgado Federal Nº1, a cargo de Miguel Gálvez, quien le hizo lugar al planteo, por lo que la entidad bancaria despidió a la subtesorera bajo las causales de injuria grave y pérdida de confianza. Sin embargo, la mujer apeló y la Cámara Federal de Mendoza, por mayoría, revirtió el fallo. En líneas generales, señalaron que, de acuerdo a lo que dijo Rabasa en el sumario, "puede llegar a ser únicamente un indicador de un incumplimiento de los deberes a su cargo", pero que no es suficiente para configurar una injuria laboral grave y la pérdida de confianza". Además, que los dichos de los restantes empleados pueden ser "meras especulaciones" y que el sumario es "objetable".