Luego de que el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, presentara una denuncia por el audio en el que un supuesto empresario le propuso a otro cartelizar una licitación de esa área del Ejecutivo, la fiscal Ana Lía Larrea le pidió al juez Benedicto Correa que abra la investigación y que, eventualmente, llame a indagatoria a uno de los presuntos implicados. En la grabación, quien se identifica es Darío Miadosqui y en la Justicia deben determinar, en primer lugar, si efectivamente se trata de él. Según el requerimiento de instrucción de la representante del Ministerio Público, el delito al que se apunta es fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa, ya que la maniobra no se concretó. La pena establecida por dicha defraudación es de 2 a 6 años de prisión, pero, al no consumarse, se baja entre un tercio y la mitad. Como la fiscal es la responsable de la acción penal, es un hecho que el juez llevará adelante la investigación.

Según indicaron fuentes calificadas, Larrea solicitó una serie de medidas para establecer quién es la persona del audio y que, si los procedimientos tienen resultado positivo, el magistrado llame a indagatoria al sospechoso.

Aballay presentó la denuncia a fines del mes pasado y el requerimiento de la fiscal ocurrió a los pocos días. En el escrito, lo que se busca es que la Justicia esclarezca si el supuesto empresario trató "de burlar" el mecanismo de contratación del Estado y de "frustrar" las expectativas de las autoridades de elegir la mejor propuesta entre varios oferentes. Es que, según se desprende del audio, uno de los protagonistas le ofrece a otro "cartelizar" los precios de la licitación de las comidas para las colonias de vacaciones. Dicho proceso se llevó adelante, como todos los años, a principio de diciembre, en la gestión de Armando Sánchez.

En la práctica, el mecanismo de cartelización consiste en que todos los participantes de una licitación se ponen de acuerdo para elevar sus ofertas económicas. De esa manera, el Estado se ve obligado a contratar a un precio muy por encima de su presupuesto oficial, por lo que la diferencia se suele repartir entre los concursantes o estos pactan quién luego se queda con otras contiendas por servicios u obras.

Según indicó Aballay, la denuncia se presentó porque el audio generó un manto de sospecha sobre un proceso que fue transparente y claro dentro de la administración. Es más, en el programa "A todo o nada" de LV5, el funcionario manifestó que "quienes se habrían comunicado en el audio no tuvieron nada que ver y ni siquiera participaron en ningún tipo de licitación". Además, explicó que "hablaban de 435 pesos la ración alimentaria, que es básicamente lo que se le da a los chicos que van a la colonia, que es un desayuno, algún alimento a media mañana y el almuerzo. Y la licitación finalmente salió por mucho menos, por 380 pesos. Y la ganaron tres empresas, que cada una de ellas actúa en distintas zonas porque estamos hablando de los 19 departamentos. Las compañías del rubro son ATA, Seralico y Servi Food", dijo Aballay.

Por otro lado, fue categórico al indicar que hizo la denuncia "a los efectos que no se extienda ningún manto de sospecha sobre lo que es un acto totalmente transparente por parte del Estado, como es un llamado a licitación en el que todos los oferentes o empresarios que participan la presentan a sobre cerrado". Además dijo que "hay que ir hasta donde corresponde para aclarar esto".

Monto
 

En el audio, el supuesto empresario le pidió a otro llegar a un acuerdo entre las empresas para que, al aumentar los precios de las raciones, cada uno logre cobrar hasta $64 millones. El objetivo era que cada empresa acceda a una de las cuatro zonas en las que se dividió la provincia.