Luego del tercer incidente en un año y medio en Veladero, Sergio Uñac decidió hacer una fuerte apuesta. No sólo dio la orden de suspender la actividad en la mina y disparar el sumario que acabará en una nueva multa, sino que también le marcó los puntos a la empresa Barrick. El Gobernador no levantará el freno en el emprendimiento hasta que las máximas autoridades a nivel internacional de la compañía lleguen a San Juan y aseguren que no habrá ningún otro episodio que genere revuelo y desconfianza. Son las garantías que exigirá para que la firma pueda seguir operando en el yacimiento, según le dijo ayer a este diario el mandatario. La jugada es de alto impacto, la cual también implica riesgos. Barrick explota la mina más grande e importante de la provincia, que ocupa a 3.500 trabajadores directos. Al exigirle condiciones a la empresa para su continuidad, la decisión puede ser vista desde afuera como una medida que ahuyenta inversiones. El ministro de Minería, Alberto Hensel, dijo en una entrevista con este medio que la decisión no afectará futuras inversiones (Ver entrevista). Pero el movimiento no es caprichoso, ya que en la gestión uñaquista están hartos de la repetición de incidentes en un lapso de un año y medio, que desatan desconfianza en los sanjuaninos por su impacto en el ambiente. 


Lo que no está en duda para el Gobierno es que la extracción de oro y plata en Veladero continuará para compañías que presenten credenciales de máxima seguridad en las operaciones. Encima, el escenario actual es sumamente favorable al de años atrás para los que quieran invertir. El valor de la onza de oro se encuentra a buen precio (1.200 dólares) en el mercado internacional, no hay retenciones a las exportaciones del mineral y no se vislumbran cambios en las reglas de juego, sumado a que el presidente Mauricio Macri está en búsqueda de inversiones.

DETALLES


Hensel brindó ayer una conferencia de prensa en la que estuvo, entre otros, con el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Eduardo Machuca, quien viajó a la mina tras el incidente. Este último explicó que tiene presunciones sobre los motivos de los desacoples de tres de cinco cañerías, lo que provocó que la llamada solución rica (que contiene oro y plata y algo de agua con cianuro) saliera junto con ripio del valle de lixiviación (Ver infografía). El líquido y el material luego fueron reencauzados hacia la zona de contención y no llegó a ningún río. Machuca dijo que las juntas del primero de los caños pudieron haberse aflojado por cambios de temperatura. La otra posibilidad era que una de las cañerías se desenganchara de las uniones con los otras cuatro. Al producirse eso, ese tubo trabajó solo, se flexionó y se desacopló, explicó el funcionario. Hensel indicó que la suspensión en la mina contempla la tarea de agregado de cianuro al proceso de lixiviación y que Barrick debe garantizar las fuentes de trabajo y los salarios de los trabajadores de esa área. Desde la repartición exigieron el cambio de las cañerías involucradas.

Alberto Hensel, ministro de Minería

“La provincia, sin minería no se va a quedar”


Por Julio Turcumán
jturcuman@diariodecuyo.com.ar
DIARIO DE CUYO

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-¿Qué garantías le dará la gerencia canadiense de Barrick que no le dan las autoridades de la compañía en Argentina?


-El Gobernador me instruyó para que convoque a las máximas autoridades de la empresa, ellos son los máximos responsables de garantizar que no ocurran estos incidentes. Y con ellos queremos analizar a fondo esta situación. La provincia hace todo para que se desarrollen, pero también necesitamos que los sanjuaninos estemos tranquilos. 


-¿La gente de la empresa que trabaja en Argentina no le da garantías?


-Es el tercer hecho que registra la compañía en muy poco tiempo. Además sabemos que hace poco hubo cambios de estas autoridades. Por supuesto que con ellos seguiremos dialogando, pero necesitamos también el compromiso de las máximas autoridades. 


-Si no vienen, ¿chau Barrick?


-Es importante que aclaremos algo: Barrick es la empresa que ha tenido problemas para sostener el desarrollo del emprendimiento. Veladero es una concesión de la provincia, y San Juan es dueña de los recursos naturales. La provincia, sin minería no se va a quedar. 


-¿Esta decisión no afecta las inversiones futuras o presentes?


-¿Por qué lo haría?


-Porque nadie va a querer invertir en una provincia donde el Gobernador condiciona a una de las minas en desarrollo más importantes del mundo...


-Tenemos que dar garantías a la sociedad sanjuanina de que los emprendimientos de ésta o de cualquier otra industria van a brindar un desarrollo genuino sin afectar el medio ambiente ni las leyes. Si nosotros dejamos que estos episodios continúen, lo que está en peligro es la licencia social que todos estos emprendimientos deben tener. Está en peligro la imagen de toda la industria. Recuerde que en San Juan hay tres minas en funcionamiento y que hay muchas otras empresas del rubro trabajando. En el mundo minero, que una empresa tenga problemas ambientales, es contraproducente para esa empresa, pero también para el lugar donde se desarrolla y para el resto de las empresas que desarrollan o se quieren desarrollar en esa provincia. No da seguridad jurídica una provincia que deja que las empresas hagan lo que quieran.


-Si al final se decide que Barrick no opere más en la provincia, ¿chau Lama?


-Lama o cualquier otro proyecto que se quiera realizar en San Juan debe ofrecer las máximas garantías para los sanjuaninos.
 

Se disparó la investigación judicial

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Sohar Aballay, el fiscal subrogante en Jáchal, impulsó ayer la investigación judicial por el nuevo incidente en Veladero y le pidió al juez Pablo Oritja una serie de medidas tras la denuncia del concejal antiminero Jorge Morales y el abogado José Torres. Entre los elementos que solicitó están el envío de los registros de novedades del día del evento, la nómina de responsables que estaban de turno y el protocolo de actuación. Además, pidió la realización de una inspección ocular y declaraciones testimoniales. La resolución resalta que el contenido de la denuncia no reúne los requisitos para ser considerada como tal y que contiene afirmaciones “arbitrarias”, dado que “no se sustentan en un relato fáctico que las respalden”. No obstante, Aballay entendió que, debido a la trascendencia del tema, era necesario requerir la instrucción para determinar si el hecho constituye delito y si hay responsables. A su vez, Oritja dispuso una cautelar con la que también suspendió la actividad en el valle de lixiviación.

También dijo que “no es normal” que se hayan producido tres hechos en tan poco tiempo y que “todo indica que el sistema hidráulico está fallando”. Por eso, ordenó que se constituya una comisión de evaluación ambiental para que aconsejen medidas para actuar en ese sentido.