En plena cuarentena por el coronavirus, el intendente de Zonda, el bloquista Miguel Atampiz, decidió no renovarle la beca laboral a Antonella Muñoz, por lo que la mujer, madre de cuatro hijos, salió a gestionar la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, no pudo obtener el beneficio, dado que seguía como monotributista activa en la comuna, pero descubrió que con su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) estaba cobrando una beca otra mujer, también de apellido Muñoz. Y no solo eso, sino que también alguien utilizó su clave fiscal para facturarle servicios al municipio por al menos 41 mil pesos que nunca cobró. Frente a ese escenario, el abogado Marcelo Arancibia denunció la violación y uso de datos personales para que la Fiscalía y el Juzgado Federal Nº2 encuentren al autor de la maniobra. Además, el profesional sembró el interrogante sobre la responsabilidad de algún funcionario departamental sobre los pagos de la beca a una mujer con el CUIT de Muñoz y la facturación de servicios, lo que podría derivar en una causa en la Justicia provincial.

La denuncia se hizo ayer, aunque Antonella Muñoz había dado a conocer su situación en Radio Sarmiento. Según la presentación, la mujer había entrado a trabajar en el municipio en 2017 con una beca bajo la figura de monotributista, con la que cumplió diversas funciones. En abril de este año, desde la comuna le informaron que su vínculo laboral finalizaba a partir de mayo, por lo que le pidió al propio Atampiz que le renovara el contrato, pero contó que este le dio un "rotundo no".

Tras ser dada de baja, comenzó el trámite de la AUH en la Anses, pero se la negaron porque seguía figurando como empleada de la comuna. Luego de que en el municipio se desligaran de la situación, en la denuncia consta que acudió a una repartición provincial que audita las becas a monotributistas y descubrió que Erica Muñoz estaba cobrando una beca de 7 mil pesos con su CUIT. A raíz de esa irregularidad, hizo averiguaciones y detectó que utilizaron su clave fiscal para facturar servicios por 35 mil pesos en mayo de 2017, honorarios en noviembre de ese año, limpieza de calles por 5 mil pesos en mayo de 2018 y otras tareas en junio, julio y agosto de ese año. De todos esos trabajos, Muñoz destacó que no cobró nada. Tales "circunstancias me llevan a sospechar que alguien desde el municipio conocía y usaba sin mi consentimiento mi clave fiscal. Esto implicaría una estafa para la comuna con un concreto perjuicio fiscal y una violación de mis datos personales", se resalta en la denuncia.

Los concejales Carlos Cortes, Silvana Fernández y Martín Gutiérrez ratificaron la presentación que habían hecho en la Justicia Federal para que se investigue la adulteración de facturas comerciales y de personal contratado, en la que el apunta, como presuntos responsables, al intendente, al contador Mauricio Fullana y al tesorero Manuel Cortéz. De acuerdo al escrito, habría una compra no documentada por 247.500 pesos y otra factura por 165 mil pesos, cuyos datos presentan inconsistencias. Además, expusieron la situación de un proveedor y una prestadora de servicios que habrían ofrecido productos que no se corresponderían con sus funciones, resaltaron en la presentación.