La investigación por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum sumó este viernes un nuevo capítulo. El Ministerio Público Fiscal de San Juan confirmó que once exfuncionarios fueron notificadas sobre la existencia de las actuaciones y sobre los derechos que tienen en el marco del expediente, antes de que la causa pueda avanzar hacia una eventual formalización.
Acueducto Gran Tulum: Fiscalía notificó a 11 exfuncionarios y avanza en la investigación por presuntas irregularidades
La UFI Delitos Especiales comunicó a exfuncionarios y otras personas que están siendo investigadas. La medida es previa a una eventual formalización y no implica una imputación penal.
La medida fue dispuesta por la UFI Delitos Especiales, que lleva adelante el legajo denominado “Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública”. Desde Fiscalía remarcaron que se trata de una instancia procesal previa y que la notificación no significa que las personas hayan sido imputadas ni que exista una declaración de responsabilidad penal.
De acuerdo a lo que precisó el sitio 0264 Noticias, quienes recibieron la comunicación durante la mañana fueron Sergio Mauricio Uñac, en su rol de vicegobernador y gobernador de la provincia, primo de Gustavo Horacio Monti (fallecido); Julio César Ortiz Andino, Ministro de Infraestructura de la provincia años 2015 a 2023; Gustavo Fabian Mastelono, pesidente y representante de la firma Krah América Latina S.A. adjudicataria de la obra, que tenía como representante en la provincia a Gustavo Horacio Monti; Cristian Felipe Andino, como ex presidente de OSSE 12/2011 al 12/2015, actualmente diputado nacional; Sergio Fabian Ruiz como ex presidente de OSSE 12/2015 al 02/2019 y actualmente asesor del senador Uñac.
A estos se le suman Humberto Gonzalo Caballero, ex jefe del departamento jurídico de OSSE y actualmente juez laboral; Juan Carlos Caparros, ex presidente de OSSE 02/2019 al 12/2019; Guillermo Nicolas Sirerol, ex presidente de OSSE 12/2019 al 10/2023; Juan Antonio Sanchez, Funcionario dependiente de OSSE vinculado a la implementacion del proyecto acueducto; Francisco José Javier Correa, funcionario de OSSE, auditor técnico en la repartición y gerente de obras; y, finalmente, Rolando Vicente Caruso, Jefe del departamento proyectos de OSSE.
Qué significa la notificación
La comunicación tiene como objetivo poner en conocimiento de las personas individualizadas que existe una investigación en curso y permitirles ejercer los derechos que contempla el Código Procesal Penal de San Juan.
Entre ellos se encuentra la posibilidad de designar un abogado particular o, si no cuentan con uno, solicitar la intervención de un defensor público. También podrán requerir información al fiscal sobre los hechos que son materia de investigación y sobre las diligencias que ya fueron realizadas o que todavía se encuentran pendientes.
Según explicó el Ministerio Público, los hechos atribuidos, la calificación legal y el grado de participación que eventualmente pudiera corresponder a cada persona serán expuestos en una audiencia de formalización, si Fiscalía decide avanzar en esa instancia ante un juez de Garantías.
El procedimiento está contemplado dentro de la etapa de investigación previa a la formalización. El artículo 338 del Código Procesal Penal provincial establece que, cuando un posible autor se encuentra individualizado, debe comunicársele la existencia de la investigación y los derechos que le corresponden.
Una causa que comenzó en diciembre
La investigación judicial se inició en diciembre de 2025, luego de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia a partir de publicaciones periodísticas que advertían sobre posibles irregularidades en la megaobra. Desde entonces, los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, llevaron adelante distintas medidas de prueba. La jueza de Garantías Mónica Lucero autorizó además una extensión del plazo de investigación preliminar solicitada por el Ministerio Público.
Uno de los últimos movimientos importantes se produjo a comienzos de septiembre, cuando la Justicia autorizó allanamientos en oficinas de Krah, una de las empresas proveedoras de los caños utilizados en el Acueducto Gran Tulum.
Durante los procedimientos se secuestró documentación y computadoras que ahora deberán ser sometidas a análisis y peritajes. Entre las cuestiones que busca establecer la investigación se encuentra si los materiales empleados cumplían con las condiciones exigidas para la obra y si pudieron existir eventuales sobreprecios.
El antecedente con los expresidentes de OSSE
La decisión de notificar a las personas que podrían quedar vinculadas al expediente tomó fuerza después de que el abogado Nasser Uzair se presentara ante la UFI Delitos Especiales como representante de los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol.
El profesional había solicitado acceder a la investigación y realizar medidas de prueba. Sin embargo, ese pedido fue rechazado porque, en ese momento, Ruiz y Sirerol no habían sido notificados como personas investigadas ni tenían carácter de parte dentro del expediente.
Con las notificaciones realizadas ahora por Fiscalía, la situación procesal es diferente para las personas alcanzadas por la medida, ya que pasan a conocer formalmente la existencia de las actuaciones y los derechos que pueden ejercer durante esta etapa.
Qué puede pasar con la causa
La Fiscalía tiene tiempo hasta los primeros días de noviembre para definir el futuro de la investigación preliminar. Entre las alternativas se encuentra solicitar ante un juez la formalización de la Investigación Penal Preparatoria, desestimar la denuncia o disponer el archivo del expediente.
La denuncia original planteó posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros. Sin embargo, esas figuras forman parte de las hipótesis que deberán ser analizadas a partir de las pruebas reunidas y no constituyen, por sí mismas, una imputación formal contra las personas notificadas.
El propio Ministerio Público señaló que, una vez realizada la audiencia de formalización —si finalmente se concreta—, los fiscales podrán brindar públicamente detalles sobre los aspectos centrales de la investigación, dentro de los límites establecidos por la legislación y procurando preservar las actuaciones que todavía se encuentran en curso.