El caso del Acueducto Gran Tulum, una de las obras de infraestructura más costosas en la historia reciente de San Juan, sumó un nuevo capítulo judicial de alta tensión. El abogado Marcelo Arancibia formalizó una nueva ampliación de la denuncia penal ante la UFI Delitos Especiales, incorporando pruebas que apuntan a un conocimiento previo de graves deficiencias técnicas por parte de funcionarios y empresas.
Caso Acueducto Gran Tulum: amplían la denuncia penal y solicitan la intervención de un "Amigo del Tribunal"
El abogado Marcelo Arancibia presentó un informe técnico clave que demostraría que las fallas en los caños eran conocidas desde 2020. Pide participar como "amicus curiae"para garantizar la transparencia en la investigación.
El informe técnico que complicaría a funcionarios
La base de esta nueva presentación, a la que tuvo acceso este diario, es un informe elaborado por la empresa Industrias Metalúrgicas Jaime, fechado el 24 de junio de 2020. Según el denunciante, este documento revela que, durante la ejecución de la obra, personal de OSSE, inspectores estatales y representantes de la contratista MAPAL S.A. ya tenían conocimiento de "graves deficiencias técnicas" en los caños de PEAD provistos por la firma Krah América Latina S.A.
El estudio técnico señala la existencia de discontinuidades, defectos de fusión y riesgos de pérdida de estanqueidad en el sistema. "No se trata de una advertencia posterior derivada de roturas ocurridas años después, sino de observaciones efectuadas durante la ejecución misma de la obra", sostiene Arancibia en su escrito. Pese a estas alertas, la obra continuó certificándose y financiándose con recursos públicos y préstamos internacionales del Estado de Kuwait.
Pedido de "Amigo del Tribunal" (Amicus Curiae)
Ante la magnitud del posible perjuicio patrimonial, estimado inicialmente en una deuda de 100 millones de dólares, Arancibia solicitó ser reconocido bajo la figura de Amicus Curiae (Amigo del Tribunal).
Esta figura, respaldada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y convenciones internacionales contra la corrupción, permitiría al abogado aportar antecedentes, análisis jurídicos y elementos técnicos para colaborar con la labor investigativa del Ministerio Público Fiscal. El objetivo, según la presentación, es fortalecer el control ciudadano sobre los actos de gobierno y garantizar la máxima transparencia en una causa que afecta la confianza pública.
Según explicaron fuentes judiciales, la figura del "Amigo del Tribunal" no está estipulada en el procedimiento penal de San Juan, por lo que estipulan no le darán lugar.
Delitos bajo investigación
La denuncia original y sus ampliaciones plantean una serie de delitos graves que la justicia deberá determinar, entre ellos: administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público; malversación de caudales públicos; falsedad ideológica de instrumentos públicos y asociación ilícita.
Además, la investigación busca esclarecer presuntos beneficios indebidos en las contrataciones.
Con la incorporación de estas nuevas pruebas, la fiscalía deberá ahora decidir si acepta la documetación y qué medidas de prueba como declaraciones testimoniales de los ingenieros que redactaron el informe de 2020 se llevarán adelante para deslindar responsabilidades penales.
Preocupación por la investigación
Marcelo Arancibia expresó en la ampliación de su denuncia una profunda preocupación por la lentitud judicial, la cual califica como un "factor de impunidad estructural" en causas de corrupción administrativa. Su planteo central se resume en la cita jurídica: "En la investigación criminal el tiempo que pase es la verdad que huye".
El abogado sostiene que el tiempo no es un dato neutro; cada día de inacción incrementa el riesgo de que se desaparezca, altere o destruya la prueba, especialmente cuando los hechos involucran a estructuras del poder estatal que pueden ocultar documentación administrativa o registros digitales.
La falta de una investigación temprana y dinámica opera objetivamente como un mecanismo de impunidad, transformando la inacción judicial en un "aporte funcional" al resultado ilícito. Según el abogado, "investigar tarde, en este tipo de causas, equivale muchas veces a no investigar".
En su denuncia inicial, manifestó una urgencia específica debido a que se cumplían los dos años desde que ciertos funcionarios dejaron sus cargos, plazo tras el cual no podrían ser enjuiciados por enriquecimiento ilícito según el Código Penal.
La demora prolongada en causas de alto impacto social no solo afecta el patrimonio del Estado, sino que lesiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones y refuerza la percepción de privilegios para los poderosos.
Considera que la demora injustificada no es un defecto menor, sino una falla estructural del sistema de persecución penal que beneficia directamente a los presuntos responsables y compromete la justicia material.
Por estas razones, Arancibia insiste en que la justicia debe actuar con especial diligencia y celeridad, adoptando medidas urgentes (como secuestros de documentación y pericias) para evitar que el paso del tiempo consolide situaciones de impunidad.