La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni podría cambiar de rumbo. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la causa deje de tramitar como un presunto caso de enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria. El planteo no implica un sobreseimiento y ahora deberá ser resuelto por el juez Ariel Lijo.
Caso Adorni: el fiscal consideró que no hay elementos suficientes para sostener el enriquecimiento ilícito
La Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita pidió cambiar la carátula de la causa contra Manuel Adorni y que se investigue una posible evasión tributaria.
En su dictamen, Pollicita sostuvo que las pruebas reunidas no permiten mantener la hipótesis de que el exfuncionario haya incrementado injustificadamente su patrimonio durante el ejercicio de la función pública. La principal explicación de la defensa fue que una parte importante del dinero cuestionado provenía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su llegada al Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la Fiscalía advirtió que todavía existen indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años. Por ese motivo, solicitó que el expediente sea enviado a otro fuero para determinar si hubo evasión de impuestos nacionales.
Por qué Pollicita pidió cambiar la investigación contra Adorni
Durante el período analizado, comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, la Fiscalía detectó erogaciones por 402.578,12 dólares, de los cuales 374.081,66 dólares habrían sido abonados en efectivo. También identificó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas.
Entre las operaciones examinadas aparecen la compra de un lote en el country Indio Cuá, las reformas de una vivienda, la adquisición de mobiliario, la escritura de un departamento en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esos movimientos se habría realizado fuera del sistema bancario o mediante terceros.
Ante la intimación para justificar su patrimonio, Adorni presentó una explicación basada en inversiones anteriores en criptomonedas. Su defensa afirmó que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia de Bitcoin, realizó compras por cerca de 200.000 dólares y obtuvo 591.544,61 dólares tras liquidar esos activos, dinero que habría conservado en efectivo.
Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser refutada con las pruebas disponibles. La figura de enriquecimiento ilícito exige que el incremento patrimonial injustificado se produzca después de asumir un cargo público. En este caso, la defensa ubicó el origen de los fondos varios años antes de diciembre de 2023.
Además, el fiscal señaló que no se logró vincular el dinero cuestionado con un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita relacionada con el ejercicio del cargo.
Qué revelaron las pericias sobre las billeteras de Bitcoin
La Fiscalía ordenó una verificación criptográfica de las ocho direcciones aportadas por la defensa. El procedimiento comprobó que, al momento de la diligencia, las claves privadas estaban bajo control de los abogados de Adorni y podían utilizarse para generar firmas digitales válidas.
También se constató que las direcciones habían registrado actividad entre 2014 y 2018 y que actualmente no tenían saldo. Sin embargo, el informe técnico de la Policía Federal advirtió que la tecnología blockchain no permite identificar quién controlaba una billetera en un momento determinado ni establecer desde cuándo una persona tuvo acceso a sus claves.
De los 41 movimientos registrados, 17 no habrían tenido contacto con plataformas, mientras que los restantes se vincularían con servicios del exterior cuyos plazos de conservación de información ya habrían vencido. Por eso, no fue posible reconstruir con certeza todas las operaciones, sus contrapartes ni las condiciones en las que se realizaron.
Para la Fiscalía, esas limitaciones impiden confirmar definitivamente el relato de Adorni, pero tampoco permiten descartarlo. El informe consideró técnicamente consistente la posibilidad de que quien controla actualmente las direcciones también las hubiera administrado entre 2014 y 2018.
Los ingresos familiares que respaldaron la hipótesis de la defensa
Otro punto analizado fueron los ingresos formales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Según los registros de ANSES y ARCA, las remuneraciones acumuladas del matrimonio, convertidas a dólares al tipo de cambio oficial promedio de cada año, alcanzaron aproximadamente 335.000 dólares hasta 2014 y 493.000 dólares hasta 2018.
A esos montos se sumaron compras de divisas registradas por el matrimonio: 60.983 dólares entre 2011 y 2014, cifra que ascendió a 83.472 dólares al incluir 2015.
El dictamen aclaró que esos datos no prueban por sí solos que el dinero haya sido destinado a comprar criptomonedas ni permiten reconstruir todos los gastos familiares. No obstante, consideró que ubican esa inversión dentro de una escala económica posible. También mencionó la venta por 50.000 dólares de un inmueble heredado en La Plata como otra fuente documentada de divisas.
Las operaciones inmobiliarias que estuvieron bajo la lupa
Dos propiedades concentraron buena parte de la investigación: una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y un departamento con cochera en la calle Miró al 500, en Caballito.
La vivienda del country fue escriturada en noviembre de 2024 a nombre de Angeletti por USD 120.000, más otros USD 5.000 correspondientes a la tasa de ingreso al barrio privado. Para financiar la compra, el matrimonio obtuvo un préstamo no bancario de USD 100.000, garantizado con una hipoteca sobre el departamento que tenía en Parque Chacabuco. Los USD 20.000 restantes fueron informados como un pago en efectivo.
El crédito fue otorgado por dos mujeres policías: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien aportó 85.000 dólares, y su hija Victoria Cancio, que entregó los 15.000 dólares restantes. El acuerdo establecía una devolución en dos años, con una tasa anual del 11% y cuotas mensuales de entre 600 y 900 dólares por intereses.
Las refacciones también generaron diferencias. El contratista Matías Tabar declaró que había cobrado 245.000 dólares en efectivo y sin facturas. Adorni rechazó esa cifra y sostuvo que las obras habían costado 175.000 dólares, financiados con ahorros previos.
La otra operación fue la compra, en noviembre de 2025, del departamento de Caballito por 230.000v dólares. De ese total, Adorni habría aportado 30.000 dólares en efectivo y financiado los 200.000 dólares restantes mediante una hipoteca privada con las anteriores propietarias, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. El préstamo se pactó sin intereses y con un plazo de dos años.
Además, el expediente incorporó una deuda de 65.000 dólares por reformas, que habrían sido financiadas por Pablo Feijoo, hijo de una de las acreedoras y gestor de la compraventa.
La posible evasión
El cambio de fuero apunta a determinar si existieron irregularidades en las declaraciones de Ganancias y Bienes Personales, entre otros tributos. Entre los aspectos que deberán analizarse figuran los ingresos utilizados para comprar Bitcoin, la posterior liquidación de esos activos, la tenencia de moneda extranjera no declarada, las operaciones con criptomonedas y las diferencias entre la información entregada a Binance y la presentada ante organismos públicos.
También se mencionaron préstamos cuya entrega efectiva de fondos no habría sido acreditada. Para Pollicita, la omisión de declarar bienes durante años, los pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de fondos después del inicio de la causa constituyen indicadores que justifican profundizar la investigación tributaria.
El fiscal pidió, además, que se extraigan testimonios para investigar las operaciones de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, y del contratista Matías Tabar. También solicitó enviar actuaciones al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúe la intervención de Adriana Mónica Nechevenko.
Otro de los puntos examinados fue el uso de tarjetas de crédito de empleados y funcionarios del entorno de Adorni. En el expediente aparecen consumos por $8.183.303,25 en ropa blanca y artículos para la vivienda, además de dos proyectores por $1.831.795 cada uno y un monitor de $2.185.000.
La secretaria de la Vocería Presidencial, Gisela Kocsis, declaró que realizó compras a su nombre y que Adorni le reintegraba el dinero en efectivo. La defensa sostuvo que algunas operaciones correspondían a tareas de asistencia personal y laboral, mientras que otras fueron compras puntuales cuyos importes se devolvieron al llegar los resúmenes. También afirmó que Angeletti pagó en efectivo los colchones y la blanquería.
Ahora, Ariel Lijo deberá resolver si acepta el pedido de incompetencia y envía el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Ese fuero tendrá que determinar si existieron delitos tributarios, mientras que la Fiscalía considera que, con las pruebas reunidas hasta el momento, no puede sostenerse la acusación por enriquecimiento ilícito durante el período en que Adorni ejerció funciones públicas.