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Preuniversitarios

Cautelar por los preuniversitarios: qué hará la UNSJ, el plan para recuperar clases y por qué aún no corre el plazo judicial

Aunque el juez federal Leopoldo Rago Gallo ya ordenó presentar una propuesta en cinco días, la Universidad todavía no recibió la notificación formal. Las autoridades de los institutos preuniversitarios trabajan en un esquema que, según fuentes universitarias, ya se venía aplicando durante el año.

Por Fernando Ortiz 13 de octubre de 2026 - 13:46

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) comenzó a trabajar en un plan para recuperar las clases y los contenidos afectados por las medidas de fuerza gremiales en sus tres institutos preuniversitarios, luego de que el juez federal Leopoldo Rago Gallo hiciera lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por padres autoconvocados. Sin embargo, el plazo de cinco días dispuesto por la Justicia todavía no comenzó a correr, debido a que la casa de estudios no fue notificada formalmente de la resolución.

Fuentes de la UNSJ consultadas por DIARIO DE CUYO explicaron que las autoridades del Rectorado y los directores de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno trabajan en una respuesta al requerimiento judicial. La intención es presentar una propuesta que detalle cómo se garantizará la recuperación de las jornadas y los contenidos pendientes.

Según indicaron desde la universidad, el trabajo no implica necesariamente diseñar un mecanismo desde cero. Las fuentes sostuvieron que durante el año ya se venían implementando medidas para compensar los efectos de las interrupciones en el dictado de clases y que ahora buscan reunir y organizar esas acciones en un plan que responda a lo solicitado por el magistrado.

La elaboración contempla las particularidades de cada establecimiento. De acuerdo con las fuentes universitarias, las escuelas tienen dinámicas y estructuras diferentes, por lo que la estrategia para cumplir con la resolución deberá ajustarse a la realidad académica y organizativa de cada institución.

En ese contexto, desde la UNSJ desmintieron versiones que circulaban sobre una eventual extensión de las clases hasta fechas estrafalarias. Señalaron que todavía se está trabajando en la propuesta y que no existe, por el momento, una definición que respalde ese escenario.

La resolución de Rago Gallo establece que la UNSJ debe comunicar a la comunidad educativa, dentro de los cinco días posteriores a la notificación, un Plan Extraordinario de Continuidad y Recuperación Pedagógica para el ciclo lectivo 2026. El objetivo es garantizar la finalización efectiva del año escolar y recuperar las jornadas, las horas de enseñanza y los contenidos curriculares afectados por los paros.

Al fundamentar su decisión, el juez advirtió que el avance del calendario escolar reduce las posibilidades de compensar el tiempo perdido. También señaló que, hasta el momento analizado en el expediente, no se había informado la existencia de un plan integral, concreto y verificable para atender esa situación.

El magistrado reconoció las facultades de la universidad para definir las herramientas pedagógicas y organizativas que considere adecuadas, aunque remarcó que esa autonomía no la exime de garantizar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con el ciclo lectivo.

La medida cautelar fue concedida parcialmente. Rago Gallo no resolvió todavía el planteo de los padres para garantizar una prestación mínima del 75% del servicio educativo durante las medidas de fuerza, cuestión que requiere mayor análisis y producción de pruebas.

El reclamo de los padres autoconvocados

La presentación judicial fue realizada el 24 de septiembre por los padres de diez alumnos de los institutos preuniversitarios, quienes impulsaron un amparo colectivo ante las interrupciones del calendario escolar provocadas por los conflictos gremiales.

Los padres sostienen que la continuidad educativa de los estudiantes se vio afectada por la acumulación de jornadas sin clases. En ese sentido, elaboraron un registro propio que contabilizaba 41 días sin actividad escolar hasta el martes previo a la resolución judicial.

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