El Gobierno de San Juan terminó de elaborar el proyecto de Código Procesal Penal Juvenil, una iniciativa de alrededor de 200 artículos que busca adaptar el funcionamiento de la Justicia provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. Sin embargo, el texto todavía no está en condiciones de ingresar a la Legislatura: antes deberá superar una última revisión de la Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal y luego pasar por el OK del Poder Ejecutivo.
Código Penal Juvenil: 200 artículos listos, revisión de la Corte y el OK del Ejecutivo antes de llegar a Diputados
El equipo encabezado por Alejandro Ferrari concluyó la elaboración del texto este jueves. Ahora deberá pasar por una última revisión de la Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal y luego será enviado a la firma del Gobernador para su elevación a Diputados. La intención es que se trate antes de fin de año. Qué se sabe hasta ahora.
Fuentes oficiales confirmaron este viernes a DIARIO DE CUYO que el trabajo de elaboración quedó concluido el jueves 12 de noviembre. "Hemos terminado el trabajo ayer, pero aún resta una última revisión por parte de la Corte y el Ministerio Público Fiscal. Luego de eso será girado a la firma del Gobernador para su elevación a la Cámara", explicaron.
De esta manera, el proyecto ingresó en su tramo final, después de varios meses de elaboración y consultas entre los organismos que tendrán participación en el nuevo sistema. La expectativa del Ejecutivo es que pueda llegar a la Cámara de Diputados antes de que termine noviembre, aunque todavía quedan instancias institucionales por cumplir. Por ahora, de acuerdo a la información que trascendió desde la Legislatura, los diputados no recibieron ningún adelanto.
El recorrido tuvo varios anuncios. A comienzos de septiembre, el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, había informado que el primer borrador estaba prácticamente terminado y que había comenzado una etapa de intercambio con los distintos sectores involucrados. Luego, el 8 de octubre trascendió que el documento definitivo tenía aproximadamente 200 artículos y que esperaba el visto bueno de Orrego para avanzar hacia la Legislatura.
El último cronograma conocido, difundido el 4 de noviembre, contemplaba una nueva reunión del equipo de trabajo para revisar los detalles finales y enviar posteriormente el texto a la Corte y al Ministerio Público Fiscal. Ahora, con la confirmación oficial de que la elaboración concluyó, esas dos instituciones tendrán la última oportunidad de realizar observaciones antes de que el proyecto llegue al despacho del Gobernador.
Uno de los cambios más importantes que plantea la reforma es la modificación del modelo procesal que utiliza San Juan para intervenir en las causas penales juveniles.
Actualmente, la provincia mantiene un sistema inquisitivo mixto, regulado por la Ley 754-O, en el que los juzgados de Menores tienen un papel central en la investigación. El nuevo régimen nacional, en cambio, responde a un esquema acusatorio: la investigación y la acusación quedan en manos de los fiscales, mientras que los jueces deben concentrarse en controlar el proceso y resolver.
La adaptación implicará una reorganización de las funciones de los distintos operadores judiciales. No se trata solamente de cambiar artículos de una ley, sino de crear una estructura especializada que permita aplicar el nuevo modelo.
Ferrari había anticipado que San Juan necesitará más magistrados. Actualmente, la provincia cuenta con los jueces de Menores Jorge Toro y María Julia Camus. El funcionario sostuvo que será necesario incorporar más jueces, aunque aclaró que la definición sobre la organización y la cantidad de cargos corresponde a la Corte de Justicia.
También había explicado que el proyecto contempla modificar el esquema de revisión de las sentencias. La idea es dejar atrás el funcionamiento tradicional de las cámaras de apelaciones penales para que las decisiones puedan ser revisadas por magistrados de un mismo nivel, con una integración que garantice la imparcialidad.
La cuestión tiene una complejidad adicional cuando se trata de delitos que deben ser juzgados por tribunales colegiados. En esos casos, una sentencia dictada por tres jueces no podría quedar sometida a la revisión de un único magistrado. También deberá definirse cómo funcionará el esquema en la Segunda Circunscripción Judicial.
Más estructura y operadores especializados
La transformación también alcanzará al Ministerio Público Fiscal, la Defensa y los equipos técnicos que intervienen en los procesos.
El nuevo modelo requiere fiscalías, defensorías y asesorías especializadas en materia penal juvenil, además de personal capacitado para trabajar con adolescentes. También será necesario adecuar la intervención de la Policía Judicial y los gabinetes técnicos que actualmente colaboran con los juzgados de Menores.
Otro de los puntos que deberá resolver la provincia es la implementación de la figura del supervisor de derechos. Se trata de un operador encargado de acompañar y controlar el cumplimiento de las medidas impuestas a los adolescentes, además de velar por el respeto de sus derechos durante el proceso.
La cuestión de su dependencia institucional había aparecido entre los temas pendientes del primer borrador. Ferrari había planteado la posibilidad de que tuviera una actuación independiente, aunque eso abría interrogantes sobre quién lo designaría, qué requisitos debería cumplir y qué organismo financiaría su funcionamiento.
La ley complementaria aprobada en septiembre resolvió provisoriamente parte de esa cuestión: estableció que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, o el organismo que la reemplace, designe al supervisor transitorio.
Qué cambia para los adolescentes
El Código Procesal Penal Juvenil deberá permitir que San Juan aplique de manera integral el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, establecido por la Ley 27.801, que entró en vigencia el 5 de septiembre.
Uno de los cambios más discutidos es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esto significa que los adolescentes desde esa edad pueden quedar alcanzados por el sistema de responsabilidad penal juvenil, bajo las condiciones previstas en la legislación nacional.
Sin embargo, la nueva normativa no establece que todos los adolescentes que cometan delitos deban terminar privados de su libertad. Por el contrario, contempla distintas herramientas para priorizar la educación, la reparación del daño y la reinserción social.
Entre las alternativas aparecen las medidas socioeducativas, las reglas de conducta, la prestación de servicios comunitarios y la reparación a las víctimas. También se contempla el monitoreo electrónico en los casos que corresponda.
Ferrari había puesto especial énfasis en la justicia restaurativa. Según explicó, la finalidad del sistema no debe limitarse a castigar, sino que debe procurar la reinserción del adolescente en la comunidad.
Eso implica que el Estado tenga capacidad para garantizar respuestas concretas: continuidad escolar, capacitación en oficios, actividades deportivas, atención de adicciones y acompañamiento ante situaciones familiares o psicológicas que puedan incidir en la conducta del joven.
La legislación nacional también establece límites a las penas privativas de libertad, excluye la prisión perpetua y exige que los adolescentes permanezcan en establecimientos específicos, separados de los adultos.
La ley provisoria que ya está vigente
Mientras se termina de completar el proceso para aprobar el proyecto integral, San Juan cuenta con una normativa complementaria y transitoria aprobada por unanimidad el 14 de septiembre en la Cámara de Diputados.
La ley permite incorporar determinados institutos del nuevo régimen nacional sin modificar todavía el sistema procesal inquisitivo que funciona en la provincia.
Entre las herramientas que contempla aparecen la conciliación entre el adolescente y la víctima, la reparación integral del perjuicio, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado.
También establece mecanismos para controlar el cumplimiento de las medidas impuestas y faculta a los poderes Ejecutivo y Judicial a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, había explicado que esa norma no reemplazaba el sistema vigente, sino que funcionaba como una solución complementaria mientras se avanzaba hacia el modelo acusatorio-adversarial.
De esta manera, la provincia ya tiene una primera respuesta normativa para aplicar el régimen nacional, pero todavía necesita aprobar su propio Código Procesal Penal Juvenil.
Con el texto de aproximadamente 200 artículos terminado, el próximo paso será la revisión de la Corte y el Ministerio Público Fiscal. Después deberá pasar por la firma de Orrego y llegar a la Cámara de Diputados, donde se abrirá la discusión legislativa sobre una reforma que modificará el funcionamiento de la Justicia Penal Juvenil sanjuanina.