Este lunes, el fiscal General Guillermo Baigorrí puso en marcha uno de los engranajes más sensibles del nuevo esquema del Ministerio Público (Fiscalía y Asesores): la Oficina de Calidad Institucional. Se trata de un órgano técnico que operará como un verdadero “tablero de control” sobre el desempeño de fiscales, unidades y oficinas. ¿Quénes pueden encargarse? El jefe del Ministerio todavía no tiene definido el nombre. Pero ya hay especulaciones.
Cómo funciona la oficina de control de fiscales que impulsó Baigorrí en el Ministerio Público y quiénes suenan para el cargo
El fiscal General, Guillermo Baigorrí, presentó el primer Manual de Política de Persecusión Penal. El texto contiene los puntos vitales para el accionar de los fiscales y Fuerzas de Seguridad.
La herramienta quedó formalmente delineada en el primer Manual de Política de Persecución Penal, un documento que fija criterios rectores para la actuación del Ministerio Público y que introduce, entre sus ejes centrales, la necesidad de medir resultados con parámetros objetivos.
La Oficina de Calidad Institucional fue concebida como un área encargada del monitoreo interno de toda la actividad administrativa y jurisdiccional de las Unidades Fiscales bajo la lógica de una gestión sustentada en datos.
Entre los nombres que suenan para quedarse con el puesto de encargado está el equipo más cercano a Baigorrí: los secretarios relatores Julieta Mercado Beer y Fabián Meló o los secretarios Sandra Gutiérrez y Rodrigo Zabaleta. Son funcionarios en danza dentro de las especulaciones de pasillo. También existe la posibilidad de que el fiscal General busque un perfil que sea bisagra entre el Ministerio Público y el Ejecutivo provincial, por la articulación permanente con la Policía de San Juan y la Secretaría de Seguridad.
El propio manual es explícito en su definición: la Oficina es la encargada de supervisar el funcionamiento del organismo bajo estándares de "máxima calidad, publicidad y transparencia". En otras palabras, no sólo observará qué hacen los fiscales, sino también cómo lo hacen y con qué resultados.
El corazón del sistema está en la evaluación permanente. La Oficina analizará los índices estadísticos que generan los despachos judiciales y las distintas áreas del Ministerio Público. Esa información no queda en un informe técnico: se eleva directamente al fiscal General, quien la utilizará para la toma de decisiones estratégicas como hizo en el último tiempo con los movimientos de fiscales para reforzar Unidades o reprender funcionarios.
Para cumplir con esa tarea, el organismo tendrá acceso directo a todos los sistemas de gestión. Esto le permitirá auditar en tiempo real el flujo de causas, tiempos de respuesta, niveles de resolución y otros indicadores clave.
Pero el control no será sólo de escritorio. El esquema prevé observación directa y visitas periódicas a las Unidades Fiscales, una señal de que la evaluación también incluirá el funcionamiento concreto en el territorio.
Otro de los pilares del modelo es la interacción con los distintos actores del sistema. La oficina funcionará como receptora de propuestas e inquietudes no sólo de fiscales y funcionarios, sino también de agentes judiciales y del público en general.
Este mecanismo busca cerrar el círculo y no limitarse a medir, sino también incorporar percepciones y detectar problemas que no siempre aparecen en las estadísticas.
El objetivo político: corregir y ordenar
Detrás del diseño técnico hay una definición política. La Oficina de Calidad Institucional no sólo detectará desvíos, sino que tendrá como misión central promover la mejora continua.
A partir de valoraciones cuantitativas y cualitativas, identificará logros y falencias para luego recomendar cambios concretos. La intención es fortalecer las buenas prácticas y desalentar aquellas que no cumplen con los estándares fijados. En otras palabras, ayuda a que los fiscales se apeguen a las normas porque hay un mayor control.
En este esquema, el control deja de ser una instancia excepcional. La apuesta de Baigorrí de instalar un sistema donde el desempeño de los fiscales ya no dependa sólo de criterios discrecionales, sino de indicadores medibles y comparables.
De acuerdo a los argumentos del Manual de Política de Persucusión Penal, el Ministerio Público pasa de un modelo con mayor supervisión centralizada, diferente a las épocas del difunto Eduardo Quattropani, que contenía la discrecionalidad permanente.
Presentación oficial
El Ministerio Público presentó oficialmente el Manual de Política de Persecución Penal, en un acto que reunió a autoridades de los tres poderes del Estado, periodistas y miembros de la institución.
El documento es el resultado del trabajo de la comisión Redactora, integrada por representantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, a saber: Unidades Fiscales de Investigación, la Fiscalía de Impugnación, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial.
Baigorrí subrayó la necesidad de “establecer criterios de actuación preestablecidos, generales, escritos y anticipados, que orienten el ejercicio de la acción penal pública y eviten la discrecionalidad”.