Mientras la Justicia avanza con la investigación sobre la causa por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum, dirigentes del oficialismo provincial, del bloquismo y de La Libertad Avanza fijaron posición y reclamaron que se esclarezcan los hechos. Por debajo de esas declaraciones públicas, también circulan interpretaciones políticas que ponen el foco en la interna del peronismo y en la relación entre los exgobernadores Sergio Uñac y José Luis Gioja.
Cómo impacta la causa del Acueducto Gran Tulum en la política sanjuanina y qué se dice de la interna peronista
El PRO, el bloquismo y La Libertad Avanza reclamaron que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades. En paralelo, circulan versiones que vinculan el avance de la causa con la vieja disputa entre Sergio Uñac y José Luis Gioja, aunque no hay elementos que permitan acreditar los dichos.
Las tres voces consultadas públicamente coinciden en que la investigación debe avanzar y que las eventuales responsabilidades tienen que determinarse en el ámbito judicial. Naturalmente, tienen matices. Mientras Enzo Cornejo, presidente del PRO y referente del orreguismo, puso el acento en la transparencia y la ausencia de privilegios, el diputado nacional libertario José Peluc reclamó celeridad. Por su parte, el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, enfatizó la independencia de los poderes del Estado y la necesidad de respetar el debido proceso.
La causa involucra a dirigentes que ocuparon lugares centrales en gobiernos anteriores y pone bajo análisis una obra financiada con recursos públicos. Nada menos que el exgobernador Uñac y el expresidente de OSSE, Cristian Andino, recientemente electo como diputado nacional. Justamente, ninguno estuvo en la fallida audiencia de formalización de este miércoles 14 de octubre. Los dos argumentaron razones laborales en el Congreso de la Nación.
Por eso, la jueza de Garantías Mónica Lucero reprogramó la audiencia -con un plazo mínimo de 10 días- hasta que se presenten. ¿Por qué? Porque no permitió que haya conexiones vía teleconferencia. De modo que se aplazó un tiempo más el momento de conocer las imputaciones. Mientras tanto, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez, adelantó que, de no haber presencia de los peronistas, pedirá formalmente el desafuero.
En tren de las opiniones, Cornejo expresó una posición alineada con el discurso institucional del Gobierno provincial. "La audiencia por el Acueducto Gran Tulum es un paso fundamental para que la Justicia pueda esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan", sostuvo.
El dirigente del PRO, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, remarcó la importancia de la obra y el origen de los fondos involucrados. "Estamos hablando de una obra estratégica para San Juan y de recursos públicos que pertenecen a todos los sanjuaninos. La Provincia necesita conocer la verdad, con transparencia y sin privilegios", agregó.
Peluc, representante de La Libertad Avanza en San Juan y diputado nacional, eligió una formulación más directa. "La Justicia tiene que hablar. La pelota la tienen ellos, solo espero que sea rápida y no lo dilate como tantos temas de corrupción", manifestó.
El mensaje libertario se concentró en los tiempos de la investigación. La expectativa expresada por Peluc es que el expediente tenga avances sin demoras, en un contexto en el que el caso ya comenzó a repercutir hasta en el escenario nacional por el planteo del expresidente de OSSE, Sergio Ruiz, para que haya pase de la causa a la Justicia Federal. El juez Daniel Rafecas ya está en eso.
Rueda, en tanto, planteó una mirada institucional. El titular del bloquismo consideró que, ante cualquier duda o sospecha sobre el manejo de los recursos públicos, la Justicia debe investigar con independencia y esclarecer los hechos. "En una democracia, cada uno de los tres poderes del Estado tiene su función y debe ejercerla con plena autonomía, sin interferencias ni presiones", señaló.
El dirigente también pidió respetar el trabajo judicial y garantizar el debido proceso. "Hay que respetar el trabajo de la Justicia, garantizar el debido proceso y esperar que se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder. Eso también es fortalecer las instituciones y darles tranquilidad a los sanjuaninos", concluyó.
Fuera de los pronunciamientos públicos, en ámbitos de Tribunales y en reuniones de dirigentes del Partido Justicialista circula otra lectura sobre el avance del expediente. Se trata de versiones que atribuyen a José Luis Gioja una supuesta influencia o gestiones destinadas a acelerar la causa, en una interpretación que conecta el proceso judicial con la histórica interna con Uñac.
Esa hipótesis, que aparece en conversaciones reservadas, dibuja un escenario en el que las diferencias internas del peronismo podrían proyectarse sobre el terreno judicial. Sin embargo, por ahora se trata de versiones no corroboradas. No hay elementos acreditados que permitan afirmar que Gioja haya intervenido ante la Justicia ni que el ritmo de la investigación responda a una maniobra política.
En estricto off, tanto Andino como Uñac, señalaron a sus allegados que es una "operación" de desprestigio en la previa a las elecciones provinciales del 2027. Es opinión que estaba ya afincada en los dirigentes del PJ, tomó mayor peso cuando Andino quedó notificado y pasó a ser un investigado. De hecho, el abogado de Ruiz, Nasser Uzair, dio una pista en sus consideraciones sobre el pedido de pase a la Justicia Federal.
El abogado puso como ejemplo la convocatoria de Andino por su paso por la presidencia de OSSE y preguntó por qué no se habría aplicado el mismo criterio al exgobernador Gioja, a quien atribuye responsabilidad política por el inicio de la obra. Y también marcó que es "un proceso armado, falso". Incluso, aunque no lo mencionó explícitamente, en el peronismo hay cierta coincidencia sobre el supuesto "lawfare", un término que popularizó Cristina Kirchner antes de la condena por la causa Vialidad.