La disputa institucional que se abrió tras las críticas de un grupo de fiscales al accionar del juez de Garantías Diego Sanz sumó un nuevo capítulo. Luego del comunicado difundido por el Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS), ahora fue el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan el que emitió un pronunciamiento en defensa del magistrado y del rol que cumplen los jueces dentro del sistema acusatorio.
El Colegio de Magistrados salió a respaldar al juez Sanz en la polémica con la fiscal Salica y pidió que las diferencias se resuelvan dentro del proceso
La entidad presidida por Pablo Farina defendió la actuación del juez de Garantías Diego Sanz en medio de la polémica con fiscales.
A través de un comunicado institucional firmado por la conducción que encabeza Pablo Farina, la entidad sostuvo que las decisiones adoptadas por los jueces de Garantías deben analizarse dentro del marco procesal previsto por la ley y advirtió sobre la necesidad de evitar cuestionamientos públicos que puedan afectar la investidura judicial.
El documento aparece en medio del cortocircuito generado a raíz de una audiencia en la que Sanz dispuso la citación de una víctima antes de resolver un planteo vinculado a una salida alternativa del proceso.
Tras que DIARIO DE CUYO diera a conocer el contrapunto entre la fiscal Claudia Salica y Sanz en marco de una audiencia de reparación integral por el caso de los robarruedas, el CONFIAS salió en defensa de la fiscal coordinadora de Delitos Contra La Propiedad y habló de "Revictimización Institucional".
Este diario había revelado que el juez quería citar a las víctimas a la audiencia y fiscalía se negó a tal pedido porque ya tenían por escrito que no querían estar presentes y que la norma no establece la obligación de que estén presentes. Sin embargo, el juez ordenó un cuarto intermedio y que los damnificados sean citados y comparezcan de forma presente o virtual, lo que produjo el enojo de la fiscal que hasta recusó al juez, pero este se la negó.
Sin mencionar de manera expresa ese episodio, el Colegio recordó que en el sistema penal acusatorio "todos los planteos formulados por las partes intervinientes deben ser analizados, debatidos, fundados y finalmente resueltos por el juez competente dentro de las audiencias orales", de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1851-O.
La entidad remarcó además que corresponde al juez, en su carácter de director del proceso, garantizar los derechos de todos los sujetos procesales, incluyendo a las víctimas. En ese sentido, defendió la facultad de los jueces de convocar a las personas afectadas por un delito cuando se debatan decisiones que puedan derivar en la finalización del proceso penal.
"Los jueces de garantías actúan en el marco de la legalidad al aplicar las normas del proceso penal citando a la persona afectada por un delito, con la finalidad de resguardar el derecho que le asiste a ser escuchada", señalaron desde la institución, al tiempo que rechazaron que esa intervención pueda interpretarse como una revictimización.
Uno de los pasajes más significativos del comunicado apunta directamente al clima de confrontación que se instaló tras el pronunciamiento de los fiscales. Allí, el Colegio sostuvo que "el respeto institucional y republicano exige que las diferencias jurídicas sean debatidas y resueltas en las instancias correspondientes", y llamó a evitar expresiones "agraviantes o indecorosas hacia la magistratura", así como manifestaciones realizadas fuera del ámbito procesal que puedan descontextualizar lo ocurrido en las audiencias.
La entidad también recordó que forma parte de sus obligaciones estatutarias defender "los principios básicos y fundamentales de la investidura" de los magistrados, independientemente de que estos integren o no la organización.
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