El Gobierno nacional acelera la preparación de un nuevo decreto para instrumentar la expulsión de extranjeros que inciten al odio o a la violencia contra argentinos por su nacionalidad. La medida buscará reglamentar el DNU 681/2026, firmado por Javier Milei a fines de julio, que modificó la Ley de Migraciones.
El Gobierno acelera un decreto para expulsar extranjeros por discursos de odio contra Argentina
La Casa Rosada trabaja en la reglamentación del DNU que ya incorporó estas conductas como causal para impedir el ingreso al país o cancelar residencias. El nuevo texto definirá cómo se aplicará el procedimiento.
El punto central es que la posibilidad legal de impedir el ingreso o disponer la salida del país ya está vigente. Lo que falta definir es cómo se aplicará en la práctica: qué organismos intervendrán, qué pruebas serán necesarias y cuál será el procedimiento cuando la persona señalada ya se encuentre dentro del territorio argentino.
La normativa alcanza a extranjeros que hayan dirigido o promovido mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino por razones de nacionalidad. También contempla los actos de ultraje contra los símbolos patrios como causal para impedir el ingreso o cancelar una residencia.
El comunicado con el que el Gobierno anunció la medida
Cuando Milei firmó el DNU, la Oficina del Presidente difundió un comunicado oficial en el que vinculó la decisión con lo que calificó como recientes manifestaciones de hostilidad hacia Argentina y sus ciudadanos.
En ese mensaje, el Ejecutivo sintetizó su postura con una frase: “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
Cómo funcionaría el mecanismo de expulsión
Uno de los esquemas que analiza Nación es incorporar esta nueva causal al sistema de alertas migratorias que ya utiliza la Dirección Nacional de Migraciones. Todavía resta resolver quién generará las alertas, qué documentación deberá respaldarlas y qué autoridad tendrá a cargo su validación.
Cuando el extranjero ya tenga residencia en Argentina, la normativa permite cancelarla y, según las circunstancias de cada caso, intimarlo a abandonar el país o disponer su expulsión. La reglamentación deberá establecer el procedimiento administrativo concreto y las posibilidades de revisión correspondientes.
El Gobierno también deberá precisar dónde estará el límite para determinar qué expresiones pueden ser consideradas alcanzadas por la medida. El propio DNU establece que no quedan comprendidas las críticas políticas, académicas o ciudadanas ni las expresiones de disenso ideológico protegidas constitucionalmente.
Este punto aparece como uno de los principales desafíos jurídicos de la reglamentación. Especialistas constitucionalistas ya plantearon cuestionamientos sobre el alcance de la norma y la necesidad de establecer criterios precisos para evitar interpretaciones amplias.
Por el momento, el Gobierno no informó cuándo firmará el nuevo decreto ni difundió públicamente un borrador. La intención de la Casa Rosada es completar la reglamentación para que la causal incorporada al régimen migratorio pueda aplicarse efectivamente en controles de ingreso, cancelaciones de residencia y procedimientos de expulsión.