La investigación judicial por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum dio este miércoles dio un nuevo paso. Los fiscales de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, presentaron formalmente ante la Oficina Judicial Penal el pedido para realizar la audiencia de formalización de la causa.
Entró el pedido de formalización de la causa del Acueducto Gran Tulum a la Oficina Judicial Penal
Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro hicieron el pedido durante el mediodía del miércoles. La oficina convocará a los once notificados "en el menor tiempo posible", según la ley.
El trámite ingresó durante el mediodía y ahora comienza la etapa de organización de la audiencia. La Oficina Judicial Penal deberá poner en marcha las notificaciones y definir la fecha en la que serán convocadas las once personas que ya fueron informadas de que forman parte de la investigación.
De acuerdo con lo que trascendió en el ámbito judicial, el proceso de notificación podría demandar alrededor de diez días, por lo que la audiencia podría quedar convocada para mediados de octubre. Se trata, de todos modos, de un cálculo sujeto al tiempo que insuma la comunicación formal a cada uno de los involucrados.
La tarea de la Oficina Judicial está contemplada en el artículo 77 del Código Procesal Penal de San Juan. Entre sus funciones figuran organizar las audiencias y ordenar las comunicaciones y emplazamientos. Además, la norma establece expresamente que debe procurar que las audiencias sean fijadas "en el menor tiempo posible".
La propia estructura de la Justicia Penal sanjuanina ubica a la Oficina Judicial como una pieza central del sistema acusatorio. Tiene a su cargo la coordinación de las agendas de los actores, la organización de audiencias, las comunicaciones y la información a las partes.
La presentación de los fiscales llega después de que la UFI Delitos Especiales notificara la semana pasada a once personas vinculadas con distintos momentos de la obra. Entre ellas se encuentra el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, además de exautoridades y funcionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), un exministro de Infraestructura y un representante de la empresa Krah América Latina, vinculada a la provisión de los caños.
La nómina está integrada por Uñac; Cristian Andino; Guillermo Sirerol; Sergio Ruiz; Juan Carlos Caparros; Julio Andino; Gustavo Mastelono; Humberto Caballero; Juan Sánchez; Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso. La información sobre las notificaciones fue difundida por el Ministerio Público Fiscal. En la causa también aparece mencionado el empresario Gustavo Horacio Monti, actualmente fallecido.
La notificación realizada a los once no significó una imputación. Fue una comunicación sobre la existencia de una investigación en curso y sobre los derechos que tienen quienes podrían quedar alcanzados por una eventual formalización, entre ellos designar abogado particular o solicitar un defensor oficial y acceder a información del expediente.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre por el excandidato a gobernador Marcelo Arancibia. El abogado presentó una serie de links de un portal de noticias para argumentar la necesidad de una investigación judicial.
La pesquisa busca determinar si existieron irregularidades en distintas etapas del proyecto, entre ellas la contratación y provisión de las cañerías, posibles sobreprecios y cuestionamientos vinculados con la calidad de los materiales utilizados.
La Fiscalía ya realizó allanamientos en oficinas y dependencias vinculadas a Krah, con el secuestro de documentación y equipos informáticos para ser sometidos a análisis. Los operativos se realizaron a comienzos de septiembre y fueron considerados una de las medidas de prueba relevantes antes de este nuevo avance procesal.
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