La defensa de Sergio Ruiz consiguió que la jueza de Garantías Mónica Lucero hiciera lugar al planteo de nulidad que había presentado en la causa del Acueducto Gran Tulum. Sin embargo, lejos de considerar cerrado el capítulo judicial, el abogado Nasser Uzair anticipó que recurrirá parte de la resolución ante el Tribunal de Impugnación. El principal desacuerdo pasa por la fecha desde la cual deben retrotraerse los efectos de la nulidad, aunque aseguró que también existen otras cuestiones técnicas que buscarán discutir ante un tribunal superior.
La defensa de Ruiz va por otra apelación en la causa del Acueducto y cuestiona el alcance de la nulidad
El abogado Nasser Uzair explicó que la resolución de Mónica Lucero tiene aspectos que buscarán revertir ante el Tribunal de Impugnación. También cuestionó que la investigación alcance a algunos exfuncionarios y deje afuera a otros que, según su planteo, tuvieron participación en la obra.
En una rueda de prensa, Uzair aclaró que la presentación de la defensa se realizó el 4 de octubre y que fue resuelta este martes. Si bien valoró que la magistrada haya aceptado el planteo, señaló que todavía no conocen los fundamentos de la decisión y que esperan acceder a ellos para definir los próximos pasos. "Hay algunas cuestiones que entendemos que son erróneas de la resolución. No conocemos los fundamentos más allá de que hace lugar al planteo nuestro de nulidad. Vamos a esperar conocer los fundamentos porque creemos que tenemos ciertas cuestiones que apelar", explicó.
Uno de los puntos centrales de la discrepancia está relacionado con el alcance temporal de la nulidad. Según indicó el abogado, Lucero estableció el 13 de octubre como fecha a partir de la cual debe retrotraerse el procedimiento. Para la defensa, en cambio, los efectos deberían remontarse al momento en que se planteó la nulidad, lo que, de acuerdo con su interpretación, llevaría el proceso hasta junio.
"Entendemos que la fecha no es el 13 de octubre, por un lado, y habría otras cuestiones también muy técnicas que vale la pena que se aclaren ante un juez superior", sostuvo. En ese sentido, confirmó que utilizarán las herramientas recursivas previstas en el Código Procesal para llevar sus cuestionamientos al Tribunal de Impugnación.
Uzair también fue consultado sobre qué condición tienen actualmente las personas alcanzadas por la investigación, teniendo en cuenta que la audiencia de formalización quedó sin efecto y todavía no concluyó. "En calidad de convocados para formalizar no poseen la calidad de imputados, como mal se dice por ahí", respondió. La aclaración apunta a la situación procesal que dejó la resolución de Lucero, que anuló las actuaciones alcanzadas por su decisión.
Respecto de la continuidad del expediente, el abogado señaló que primero habrá que conocer qué magistrado quedará a cargo de la causa y si existen motivos para plantear una recusación o si, por el contrario, el nuevo juez decide inhibirse.
"Vamos a ver cuál es el juez que teóricamente viene y si hay motivos o no para recusarlo o, en su caso, si el juez va a tener motivos para inhibirse. Luego de eso veremos cómo puede seguir el proceso", explicó.
Más allá de las cuestiones procesales, Uzair volvió a cargar contra el enfoque de la investigación y cuestionó que la Fiscalía haya dirigido sus actuaciones sobre determinados exfuncionarios sin incluir a otras personas que, a su entender, también deberían ser investigadas por la obra del Acueducto Gran Tulum.
"Este es un proceso donde hay una especie de selección imputativa selectiva", afirmó. En esa línea, mencionó al ingeniero Beltrán y al exgobernador que se encontraba en funciones cuando comenzó la obra, a quienes consideró que también deberían estar alcanzados por la investigación.
"Acá faltan otras personas como investigadas, como es el ingeniero Beltrán y el exgobernador Gioja, que también estaba cuando empezó esta obra. Porque si a todos eligen algunos y no todos los que estaban, esto, lo vuelvo a decir, tiene un trasfondo únicamente político y no jurídico", expresó.