Hay una especie de deporte provincial instalado desde hace años que tiene que ver con pegarle a la Justicia. Políticos, abogados, opinadores seriale y hasta ciudadanos de a pie coinciden en algo: el Poder Judicial de San Juan “funciona mal”, “es lento”, “es político” o “vive desconectado de la realidad”. Algunas críticas son válidas. Otras responden más a prejuicios, intereses o relatos construidos durante años que a datos concretos que no son tan difíciles de conseguir.
¿La Justicia sanjuanina funciona tan mal como dicen? Luces y sombras del Poder Judicial
Personajes de la opinión pública critican de manera reiterativa el desenvolvimiento del Poder Judicial de San Juan. A veces tienen razón, a veces no. Los datos.
La pregunta es si la Justicia sanjuanina funciona tan mal como se dice. La respuesta, a la luz de los números y de ciertos procesos internos que empiezan a verse, parece ser bastante más compleja. Y probablemente menos dramática.
El Poder Judicial tiene problemas reales. El fuero de Familia está sobrecargado y tensionado desde hace años. Los propios ministros de la Corte lo reconocen. El ministro cortesano y presidente del Consejo de la Magistratyra, Juan José Victoria, admitió recientemente que los jueces de Familia están tomando “entre siete y diez audiencias diarias”. Una cifra complicada para un fuero que absorbe violencia intrafamiliar, niñez, alimentos, cuidados personales y conflictos de alta sensibilidad.
También es cierto que todavía hay una percepción de poca transparencia en los mecanismos de ingreso y ascenso de empleados judiciales. El Poder Judicial tiene una deuda pendiente. Transparentar más, comunicar mejor y abrir los procesos probablemente ayudaría a desmontar suspicacias históricas que son apuntadas con razón. No alcanza con decir que todo funciona bien puertas adentro.
Pero aun con esos problemas, hay algo que la crítica permanente suele omitir: los indicadores objetivos muestran que la Justicia sanjuanina mejoró bastante más de lo que se reconoce públicamente. Los datos oficiales presentados ante la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales y publicados por DIARIO DE CUYO el 1 de enero de 2026 son reveladores. Sobre todo porque muestran el funcionamiento del sistema de oficinas judiciales y colegio de jueces.
Durante 2024 ingresaron 118.919 causas y se resolvieron 110.626 expedientes, excluyendo el fuero Penal por una vieja desarticulación estadística entre la Corte y el Ministerio Público durante la gestión del fallecido Eduardo Quattropani. Durante años, la relación entre la Corte y Quattropani fue abiertamente beligerante. El histórico fiscal General construyó un esquema autónomo de comunicación pública junto a la Policía de San Juan para exhibir resultados propios y contrastarlos implícitamente con la supuesta lentitud del máximo tribunal. Era parte de la construcción de una percepción social que imagine una Fiscalía más fuerte que el máximo tribunal.
Esa tensión empezó a desactivarse tras la llegada de Guillermo Baigorrí a la Fiscalía General. La designación de Baigorrí inauguró una etapa de convivencia mucho más racional entre el Ministerio Público y la Corte. Una pax judicial que, aunque silenciosa, parece haber ordenado bastante el funcionamiento institucional.
Y los números ayudan a entender por qué. En el fuero Laboral, por ejemplo, los tiempos de despacho bajaron de 7 días hábiles en 2017 a apenas 0,54 días al cierre de 2024. En otras palabras: hoy muchos escritos se proveen prácticamente el mismo día en que ingresan. La duración de las causas ordinarias laborales pasó de 1.337 días hábiles en 2019 a 227 días hábiles en 2024. Y las homologaciones de acuerdos, que antes demoraban casi tres años, hoy rondan los 54 días.
En el fuero Civil ocurrió algo similar. Las causas ordinarias bajaron de 2.666 días hábiles a 523. El stock pendiente también cayó drásticamente. Incluso el tan castigado fuero de Familia exhibe mejoras objetivas. Los tiempos de despacho disminuyeron en todas las áreas y el stock pendiente se redujo de 565 causas a 123 entre 2019 y 2024.
¿Eso significa que la Justicia funciona a la perfección? Po supuesto que no. Significa algo mucho más incómodo para el discurso facilista que impera en San Juan. Quizá la Justicia no funciona tan mal como algunos necesitan instalar.
También hay otro elemento que suele omitirse cuando se cuestiona a los ministros de la Corte: las viejas pertenencias partidarias. Cada tanto reaparece el señalamiento sobre si tal ministro fue peronista, uñaquista, giojista u orreguista. Puede ser una discusión legítima para el análisis histórico, pero bastante irrelevante para evaluar sentencias o funcionamiento institucional. Un juez habla por sus resoluciones. No por el color político que tuvo hace veinte años.
De hecho, si algo demuestra la actual dinámica cortesana es que las internas —que seguramente existen, porque siempre existen en cualquier organismo de poder— no parecen afectar el funcionamiento administrativo ni la toma de decisiones estructurales. Ahí aparecen medidas concretas que difícilmente podrían asociarse a una Justicia inmóvil.
La expresidenta de la Corte, Adriana García Nieto, tomó una decisión clave cuando resolvió mantener operativas las oficinas judiciales durante la feria de enero. Una medida silenciosa y poco marketinera, pero con impacto práctico para evitar parálisis burocráticas.
En paralelo, la Corte avanzó fuerte en modernización tecnológica e inteligencia artificial. No casualmente San Juan fue sede de la última asamblea de la JUFEJUS, un evento que reunió a más de medio centenar de ministros judiciales de todo el país. Y hubo un detalle: la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el primer funcionario relevante de la administración de Javier Milei que habló con un medio sanjuanino durante una actividad institucional en la provincia.
Difícil imaginar semejante nivel de articulación institucional en un Poder Judicial completamente desordenado. También resulta injusto minimizar programas como la Justicia Restaurativa, impulsada principalmente por Victoria. Más allá de cualquier simpatía o antipatía personal, el programa empezó a mostrar indicadores concretos: más de 170 casos abordados y apenas dos reincidencias. Mientras gran parte del país discute qué hacer con menores en conflicto con la ley penal, San Juan ya tiene equipos territoriales trabajando con municipios, facilitadores y programas de reinserción. Y lo hace sin abandonar el proceso penal tradicional.
Incluso el sistema de Flagrancia funciona en San Juan con niveles de velocidad que sorprendieron a ministros judiciales visitantes de otras jurisdicciones.
Claro que hay cuentas pendientes. El costo del sistema judicial sigue siendo alto: cada causa resuelta demandó más de 800.000 pesos durante 2024 y el 93% del presupuesto judicial se destina al pago de salarios. También es cierto que todavía hay sectores del Poder Judicial con dinámicas burocráticas antiguas y estructuras difíciles de modernizar. Pero una cosa es discutir mejoras necesarias y otra muy distinta es sostener, cual dogma, que la Justicia sanjuanina es un desastre. Porque los datos no terminan de confirmar eso.
Y quizá en eso radique el problema de fondo: a veces la percepción pública sobre la Justicia se construye más sobre el enojo, la ansiedad y la espectacularización que sobre el funcionamiento real de los expedientes. La Justicia nunca será simpática mucho menos porque no aporta pauta publicitaria. Tampoco será rápida al ritmo emocional de la sociedad. Pero eso no significa necesariamente que esté paralizada.