Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner aseguraron que hallaron una prueba en la causa Vialidad que consideran clave para exigir su libertad. “Fue mal condenada”, apuntó Alberto Beraldi en una conferencia de prensa este martes, luego de anunciar novedades en la presentación que hicieron ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los abogados de Cristina Kirchner dicen que encontraron una prueba que la podría beneficiar en la causa Vialidad
Los defensores presentan un informe donde aseguran que Lázaro Báez solo obtuvo el 0,85% de la obra pública por la que fue condenada la expresidenta.
Según explicó Beraldi, un testigo de la causa Cuadernos, donde se investiga la trama de corrupción en el kirchnerismo, aportó bajo juramento una base de datos con el detalle de todos los proveedores de la obra pública durante esos años. A partir de ese archivo, el equipo de la expresidenta encargó una auditoría económico-financiera al economista brasileño Antonio Corrêa de Lacerda, junto con André Paiva Ramos y el contador Roberto Yassuo Shiroma, de la consultora Specs, con sede en San Pablo.
El informe pericial, fechado este 14 de septiembre en San Pablo, analizó la planilla “Analítico 2008-2015 Xls”, que forma parte del expediente 9608/2018 que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°7, y cruzó esos datos con la nómina de empresas del Grupo Austral, el listado de obras de la causa Vialidad y la evolución del tipo de cambio entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015.
El resultado, según el documento, es que la Fuente 14 del Presupuesto Nacional financió en ese período 367 obras, ejecutadas por 114 constructoras, con 3.855 certificados pagados por un total de US$2.200 millones. De esas 367 obras, solo 17 están vinculadas a la causa Vialidad —el 4,63% del total— y corresponden a cuatro empresas del Grupo Austral: Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla, y la Sucesión de Adelmo Biancalani. A esas 17 obras se les pagaron 36 certificados, el 0,93% del total, por un monto de US$18,66 millones: el 0,85% de todo lo desembolsado por la Fuente 14 en el período analizado.
El informe también muestra que esa participación fue decreciendo año a año: representó el 1,63% de los pagos en 2009 y el 3,26% en 2010, cayó al 0,18% en 2011 y fue del 0% entre 2012 y 2015. En el ranking de las 15 constructoras que concentraron el 75% del total financiado por la Fuente 14, ninguna empresa del Grupo Austral aparece entre las principales beneficiarias: el primer lugar lo ocupa IECSA, con el 16,36% del monto total (US$360 millones), seguida por JCR (10,18%), Benito Roggio e Hijos (9,55%), José Cartellone Construcciones Civiles (9%) y Rovella Carranza (5,92%).
Con esos números, la defensa de Cristina Kirchner busca cuestionar el peso que se le dio en la sentencia a la relación entre la expresidenta y el empresario Báez, al que la Justicia consideró beneficiario central de una asociación ilícita montada desde el poder. Beraldi dijo que el hallazgo es “monumental” porque a la expresidenta “se la juzgó como jefa de una supuesta asociación ilícita” solo por haber firmado el decreto presidencial 54/2009, mientras que la evidencia económica muestra que la porción de fondos que recibió el entorno de Báez fue marginal frente al total de la obra pública nacional del período.
Beraldi dio la conferencia junto a los otros abogados de la expresidenta, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. Buscan reforzar el reclamo ante el organismo multilateral por la condena en la causa Vialidad, por corrupción en el ejercicio de la obra pública en Santa Cruz.
La presentación busca que a Cristina Kirchner se le suspenda su inhabilitación para ejercer cargos públicos y revise su prisión domiciliaria. En su departamento de Constitución, la expresidenta cumple una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Las claves de la presentación ante la ONU
Los abogados detallaron que la presentación incluyó tres medidas cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de miembros de la Corte Suprema de la Nación, de la que dijeron que es “imposible” que funcione con tres miembros.
En la conferencia de prensa aclararon que con esta nueva prueba que buscarán incorporar al expediente esperan que se suspenda la ejecución de la pena, lo que significaría, a su entender, la libertad de la ex mandataria. Beraldi detalló que esperan una definición del comité de la ONU para octubre próximo y luego avanzarían en los tribunales locales para que se revise la condena.
“Una vez que tengamos una definicion del comité, será la instancia judicial en la cual mostraremos las características del proceso. Nuestro propósito es que la condena caiga y que Cristia reanude sus actividades políticas. Estamos en condiciones temporales de obtener estos objetivos”, dijo Berali ante la consulta si con esa estrategia Cristina podría ser candidata en las elecciones 2027. “Con la mera interposición del recurso de revision se podría pedir el freno de la ejecución de la sentencia. Un tribunal de justicia puede avanzar en lo que planteamos y podría suspender los efectos de la condena hasta una sentencia de fondo”, aseveró el abogado defensor.
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