La discusión por el Presupuesto 2027 para las universidades públicas quedó atravesada por una diferencia de casi $4 billones entre lo que contempla el proyecto enviado por el Gobierno de Javier Milei y lo que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Mientras el Ejecutivo prevé alrededor de $7,3 billones, los rectores sostienen que necesitan $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema y cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Presupuesto 2027: el Gobierno asigna 33% menos de lo que piden las universidades para funcionar
Los rectores advierten que, sin modificaciones al proyecto, habrá dificultades para iniciar el ciclo lectivo 2027.
El contrapunto no es solamente político: también existe una diferencia sobre cómo debe calcularse el monto necesario para 2027. El CIN sostiene que su propuesta incorpora tanto los recursos para el funcionamiento de las 60 universidades públicas como los fondos derivados de la ley de financiamiento que, según los rectores, el Gobierno todavía no aplica plenamente.
Por qué los rectores piden $11 billones
El CIN aprobó a comienzos de septiembre su proyecto de presupuesto universitario 2027 por $11 billones y posteriormente lo presentó ante diputados y senadores en el Congreso. El organismo sostiene que ese monto contempla salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales universitarios, entre otros rubros.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, planteó que el presupuesto oficial debería ser revisado para contemplar también las obligaciones derivadas de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, que sea revisado y actualizado, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene”, advirtió Bartolacci.
Según la explicación de los rectores, el cálculo de $11 billones no se limita a los gastos corrientes, sino que busca incorporar la recomposición y actualización de distintas partidas. Desde el CIN remarcaron que la previsibilidad presupuestaria resulta central para sostener el funcionamiento del sistema universitario durante todo el próximo año.
La respuesta del Gobierno
En el Ejecutivo cuestionaron el cálculo presentado por las universidades y consideraron que el pedido de $11 billones incluye una interpretación más amplia de la normativa vigente.
La discusión está relacionada con una medida cautelar judicial que ordenó al Gobierno cumplir determinados artículos de la Ley 27.795, vinculados con salarios y becas. El Ejecutivo sostiene que el presupuesto contempla los efectos de esa decisión judicial y suma además la inflación proyectada para 2027.
El proyecto oficial fue presentado con una previsión de 18% de inflación para el próximo año, uno de los parámetros utilizados por el Gobierno para calcular las partidas presupuestarias.
Desde la Casa Rosada también argumentan que el incremento salarial acordado durante el año debe ser tenido en cuenta al analizar el nivel de cumplimiento de la cautelar. Las universidades, en cambio, sostienen que los aumentos otorgados representan solamente una parte de la recomposición que consideran necesaria.
La disputa también se juega en la Justicia
El conflicto por el financiamiento universitario tiene además un capítulo judicial. Los rectores reclaman que avance la causa relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionan la demora en la aplicación de los fondos que consideran establecidos por la normativa y las decisiones judiciales.
En ese escenario, el CIN busca que el debate del Presupuesto 2027 en el Congreso incorpore modificaciones que permitan garantizar los recursos que reclama para las universidades públicas.
La entidad ya había planteado al presentar su propuesta que el presupuesto debe funcionar como un piso que contemple los fondos comprometidos por la ley y que, además, permita actualizar las partidas de acuerdo con la evolución de los precios.
Una diferencia de casi $4 billones
Con los números actualmente planteados, la distancia entre ambas propuestas es de aproximadamente $3,7 billones: el proyecto oficial contempla unos $7,3 billones, mientras que el CIN reclama $11 billones. La diferencia equivale a algo más del 50% de la partida prevista por el Gobierno y representa el eje central de la discusión que ahora se trasladó al Congreso.
El debate continuará durante el tratamiento del Presupuesto 2027, donde diputados y senadores deberán analizar si las partidas previstas para las universidades se mantienen o son modificadas. Mientras tanto, los rectores buscan que el Congreso incorpore los fondos que consideran indispensables para garantizar el funcionamiento del sistema durante el próximo ciclo lectivo.
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