La Justicia federal procesó a Roberto Baratta por presunto enriquecimiento ilícito y dispuso un embargo sobre sus bienes por $1.500 millones. La decisión fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini, quien consideró que existen elementos suficientes, en esta etapa de la causa, para sostener que el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación tuvo un incremento patrimonial “apreciable e injustificado”.
Procesaron al exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta por enriquecimiento ilícito: embargo de $1.500 millones
El juez Julián Ercolini detectó un crecimiento patrimonial que consideró injustificado entre 2003 y 2017. El exfuncionario kirchnerista y colaborador de Julio de Vido, seguirá en libertad.
Baratta, quien fue uno de los principales colaboradores de Julio De Vido durante los gobiernos kirchneristas, quedó procesado sin prisión preventiva y continuará en libertad mientras avanza la investigación. La resolución también ratificó la inhibición general de sus bienes.
El período bajo análisis se extiende desde el 28 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2017. Baratta ocupó su cargo en el Ministerio de Planificación Federal hasta diciembre de 2015 y la investigación alcanzó también los dos años posteriores a su salida de la función pública. Según la resolución, al comparar sus ingresos legítimos comprobados con los gastos detectados aparecieron saldos negativos en varios ejercicios, cuyo acumulado fue calculado en $4.678.496,90 a valores de aquellos años.
La casa de 380 metros cuadrados que quedó bajo la lupa
Uno de los puntos centrales de la investigación es una propiedad en el Mapuche Country Club de Pilar. El lote fue adquirido en septiembre de 2012 por USD 70.000 en efectivo y quedó registrado a nombre de la madre del exfuncionario. Allí se construyó posteriormente una vivienda de alrededor de 380 metros cuadrados, distribuida entre subsuelo, planta baja y primer piso.
Según declaró el arquitecto que estuvo a cargo de los trabajos, era Baratta quien daba las indicaciones vinculadas con la obra. El costo de construcción fue estimado en aproximadamente $3,7 millones de aquel momento, y los pagos habrían sido realizados en efectivo por el propio exfuncionario o por quien entonces se desempeñaba como su secretario privado, Nelson Lazarte.
Baratta y su esposa habían declarado aportes por alrededor de $604.546 destinados a la construcción, pero el magistrado consideró que esa cifra no alcanzaba para explicar la totalidad de la inversión realizada. La defensa sostuvo que tanto el terreno como la vivienda habían sido financiados por los padres de Baratta mediante una indemnización, ahorros, un plazo fijo y otros recursos familiares. Ercolini entendió, sin embargo, que no quedó acreditado de manera suficiente el recorrido de esos fondos hasta la operación inmobiliaria.
El particular dato que vinculó la propiedad con Oscar Centeno
Entre los elementos incorporados al expediente aparece un dato llamativo relacionado con Oscar Centeno, exchofer de Baratta y autor de los registros que dieron origen a la denominada causa Cuadernos.
La empresa Telered informó que el servicio de cable e internet de la casa del country estaba registrado desde enero de 2015 a nombre de Centeno. La investigación también determinó que facturas vinculadas con la construcción aparecían a nombre de Baratta, que su grupo familiar utilizaba habitualmente la vivienda y que distintos gastos del country estaban relacionados con él y con su esposa.
El juez también valoró una oferta de donación realizada en 2013 por la madre del exfuncionario y el testimonio de Hilda Horovitz, expareja de Centeno, quien durante la investigación se refirió al inmueble como “la casa de Baratta en Mapuche”.
Departamentos, cocheras, vehículos y dinero en efectivo
El expediente no se concentra únicamente en la propiedad de Pilar. La acusación incluye además departamentos, cocheras y bauleras en la Ciudad de Buenos Aires, algunas adquiridas directamente y otras registradas a nombre de la pareja del entonces funcionario. También fueron analizados tres vehículos y dinero secuestrado durante un allanamiento.
Baratta rechazó las acusaciones cuando declaró ante la Justicia. Sostuvo que los bienes podían justificarse a partir de sus propios ingresos, los de su esposa y fondos aportados por sus padres. Sobre las propiedades registradas a nombre de su pareja, argumentó que fueron financiadas con actividad comercial y una herencia; respecto de los vehículos, señaló que fueron comprados con ingresos propios y mediante la venta de unidades anteriores.
Ercolini consideró que algunas de las fuentes de dinero mencionadas efectivamente existieron, pero entendió que la defensa no logró acreditar suficientemente su trazabilidad ni su aplicación concreta a las operaciones investigadas. Con esos elementos, sostuvo que se alcanzó el grado de probabilidad necesario para dictar el procesamiento, una decisión que todavía puede ser apelada ante la Cámara Federal porteña.
Baratta también enfrenta el juicio por la causa Cuadernos
La investigación por enriquecimiento ilícito comenzó en 2017 y actualmente tramita ante el Juzgado Federal N°12, subrogado por Ercolini, con intervención de la fiscal federal Alejandra Mángano. La defensa mantiene además un planteo para que la causa sea declarada prescripta, cuestión que se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema.
Paralelamente, Baratta enfrenta el juicio oral por la causa Cuadernos, donde está acusado en una investigación relacionada con el presunto cobro de coimas a empresarios durante su paso por el Ministerio de Planificación. El exfuncionario negó esas imputaciones y cuestionó públicamente las declaraciones de Centeno.
Por ahora, el nuevo procesamiento no implica una condena firme ni la detención de Baratta. La resolución de Ercolini mantiene al exfuncionario en libertad, pero establece un embargo de $1.500 millones y deja abierta la instancia de apelación ante la Cámara Federal.