La Ley Penal Juvenil vuelve a estar vigente en la provincia de Buenos Aires después de que la Justicia revocara la resolución de la jueza Marta Elba Pascual, quien había suspendido durante 60 días la aplicación de la normativa que establece la responsabilidad penal desde los 14 años.
Revocaron el fallo que frenaba la Ley Penal Juvenil y vuelve a regir la imputabilidad desde los 14 años
La Justicia dejó sin efecto la suspensión que había dispuesto la jueza Pascual por 60 días. Mientras Buenos Aires atravesó una fuerte disputa judicial, San Juan aprobó por unanimidad un régimen transitorio para adaptar la nueva ley nacional.
El nuevo capítulo llegó después de una semana de fuerte controversia judicial y política. Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, había hecho lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y ordenado frenar temporalmente la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. Su argumento central era que la provincia no contaba con infraestructura y recursos suficientes para absorber un eventual incremento de adolescentes dentro del sistema penal.
La decisión fue apelada por el fiscal penal juvenil Hernán Ceruti, quien sostuvo que un hábeas corpus no podía utilizarse para suspender de manera general una ley nacional ya sancionada y vigente. Además, consideró que no existía una afectación concreta que justificara paralizar su aplicación y cuestionó que el fallo avanzara sobre facultades de otro poder del Estado.
Con la revocación de aquella resolución, se elimina el freno judicial que pesaba sobre la aplicación del nuevo régimen en Buenos Aires.
Qué cambia con la nueva Ley Penal Juvenil
La Ley Nacional 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre y reemplazó el sistema anterior para los adolescentes en conflicto con la ley penal. Uno de sus principales cambios es que incorpora al régimen penal a jóvenes de 14 y 15 años, cuando anteriormente la edad mínima de punibilidad era de 16.
La normativa establece además un máximo de 15 años de privación de la libertad, prohíbe las penas perpetuas para adolescentes e incorpora distintas respuestas alternativas al encierro para determinados delitos, entre ellas tareas comunitarias, reparación del daño, restricciones de acercamiento y otras medidas.
El conflicto bonaerense había generado incluso criterios diferentes dentro de la propia provincia. Mientras Pascual sostenía que la suspensión debía aplicarse en todo el territorio, fiscales y otros magistrados entendían que la ley nacional continuaba vigente fuera de su jurisdicción. Una jueza de Moreno-General Rodríguez, por ejemplo, había resuelto que el fallo de Lomas de Zamora no tenía efectos en su departamento judicial.
El contraste con San Juan: una ley transitoria aprobada por unanimidad
Mientras en Buenos Aires la entrada en vigencia estuvo atravesada por una batalla judicial, San Juan avanzó por la vía legislativa para adaptar su sistema al nuevo régimen nacional.
Este lunes, la Cámara de Diputados provincial aprobó por unanimidad la Ley Complementaria del Régimen Penal Juvenil, una propuesta impulsada por la Corte de Justicia para resolver la transición hasta que la provincia cuente con un Código Procesal Penal Juvenil definitivo.
La adecuación resulta necesaria porque San Juan todavía cuenta con la Ley 754-O, basada en un modelo procesal mixto inquisitivo, mientras que el nuevo esquema nacional requiere avanzar hacia un sistema especializado de características acusatorias y adversariales. La norma aprobada funcionará de manera transitoria hasta que se complete esa reforma procesal.
Entre otras herramientas, incorpora la conciliación, la reparación integral del perjuicio, la suspensión del juicio a prueba y el juicio abreviado. También contempla la figura de un supervisor encargado de controlar determinadas reglas de conducta.
El presidente de la Corte sanjuanina, Daniel Olivares Yapur, había explicado ante los legisladores que la intención era permitir la aplicación de la nueva legislación nacional sin modificar de inmediato todo el sistema vigente. En paralelo, la provincia deberá avanzar hacia una estructura especializada que incluya jueces, fiscales, defensores y asesores específicos para adolescentes.