Santiago Graffigna pidió a la Justicia que cierre una de las demandas civiles vinculadas con la megacausa de expropiaciones en San Juan. El planteo apunta al expediente conocido como “Luna, Benito Ricardo”, relacionado con un terreno ubicado en Iglesia que fue expropiado para la construcción del dique Cuesta del Viento.
Santiago Graffigna pidió cerrar una demanda por una expropiación en Iglesia
El abogado solicitó la caducidad del expediente por falta de movimientos. Fiscalía de Estado anticipó que rechazará el planteo.
El abogado, condenado como jefe de una asociación ilícita en la causa penal por expropiaciones, solicitó la caducidad de instancia, una figura que permite cerrar un expediente cuando transcurre determinado tiempo sin actividad procesal. Según su presentación, la causa civil permaneció más de seis meses sin movimientos.
La decisión quedó ahora en manos de la jueza Adriana Tettamanti, del fuero Contencioso Administrativo. Desde Fiscalía de Estado, conducida por Sebastián Dávila, adelantaron que responderán el planteo y presentarán argumentos para intentar evitar el cierre de la causa.
El expediente se remonta a una expropiación por la que la Provincia pagó $1.011.194,31 en 2009. Fiscalía de Estado sostiene que ese proceso fue irregular y que el desembolso resultó indebido, una situación que también fue considerada acreditada por el Tribunal de Juicio de la megacausa en el proceso penal.
Si la demanda civil avanzara favorablemente para el Estado, el monto a recuperar podría ubicarse entre $7 millones y $10 millones, luego de aplicar la actualización correspondiente con la tasa activa del Banco Nación.
En su presentación, Graffigna sostuvo que había acordado con Fiscalía de Estado una suspensión de plazos por 20 días, fijada el 29 de agosto de 2023. Según argumentó, ese período no fue prorrogado y desde septiembre de aquel año no se habrían registrado avances suficientes en el expediente. Por ese motivo pidió que se declare la perención de instancia.
El Código Procesal establece que, en primera instancia, una inactividad superior a seis meses puede provocar el cierre del proceso. Graffigna sostuvo además que una eventual caducidad no impediría al Estado iniciar una nueva demanda, aunque planteó que, por el tiempo transcurrido, esa acción ya estaría prescripta. La presentación original fue realizada hace alrededor de una década.
La demanda también cuestionó la situación jurídica del terreno expropiado. Según Fiscalía de Estado, Graffigna habría presentado a Luna como propietario del inmueble cuando en realidad contaba con “derechos y acciones” sobre el lote. Para el organismo, esa diferencia habría permitido tasar el terreno por su valor total cuando correspondía una valuación inferior.
El expediente incluyó además cuestionamientos sobre el modo en que se valuaron terrenos rurales. Uno de los puntos centrales fue el denominado Plenario Luna, a partir del cual el Tribunal de Tasaciones provincial modificó el criterio y comenzó a valorar ciertos terrenos rurales como urbanos, pasando de una tasación por hectárea a otra por metro cuadrado.
Ahora será la jueza Tettamanti quien deberá resolver si acepta el pedido de Graffigna y declara la caducidad de la causa o si hace lugar a los argumentos que presentará Fiscalía de Estado para que el expediente continúe abierto.