Un reciente sondeo de opinión realizado por el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) en la provincia de San Juan revela matices profundos en la percepción ciudadana sobre el Régimen Penal Juvenil. Si bien existe un respaldo mayoritario a la baja de la edad de imputabilidad, el apoyo se encuentra fuertemente condicionado por la gravedad del delito cometido y convive con una baja expectativa sobre la cárcel como herramienta de reinserción.
Un estudio reveló que los sanjuaninos bancan la baja de la imputabilidad, pero rechazan la prisión para delitos menores
El relevamiento del IOPPS detalla que, si bien la mayoría acepta una respuesta penal para adolescentes, el 55% de los consultados desconfía de la eficacia de la prisión para lograr rehabilitarlos.
El estudio, fechado el 2 de octubre de 2026 y basado en 500 casos efectivos, indica que el 52% de los encuestados está de acuerdo con la baja de la imputabilidad a partir de los 14 años (11% muy de acuerdo y 41% de acuerdo), frente a un 36% en desacuerdo y un 12% que no sabe o tiene dudas.
Uno de los datos más destacados del informe es cómo cambia drásticamente la opinión pública según la naturaleza de la infracción:
- Homicidio durante una pelea o robo: ante la posibilidad de una condena de hasta 15 años en un instituto especializado para un adolescente de 14 o 15 años, el 62% se muestra de acuerdo, mientras que el 29% lo rechaza.
- Falsificación de DNI para ingresar a un boliche: ante una pena propuesta de hasta 8 años, el respaldo se derrumba a un 10%, registrando un 83% de desacuerdo.
- Amenaza de bomba escolar para evitar una prueba: solo el 22% apoya una pena de hasta 6 años, en tanto que el 76% está en desacuerdo.
La encuesta también expone una aparente tensión entre el castigo y su efectividad. A pesar del aval a la modificación de la edad punitiva, solo el 37% considera que pasar unos años en prisión puede ser útil para reinsertar a un menor en la sociedad, mientras que el 55% opina que no sirve para dicho propósito. Esto sugiere que un sector significativo de la sociedad valida una consecuencia legal para los adolescentes infractores, pero desconfía de que el encierro cumpla un rol rehabilitador.
En contraposición al debate punitivo, la inversión estatal en educación preventiva reúne el mayor grado de concientización: el 80% de los sanjuaninos está de acuerdo con que el Estado debe priorizar recursos en una buena educación para niños y jóvenes con el fin de evitar futuros delitos (frente a un 17% de desacuerdo).
Asimismo, el sondeo revela asimetrías en el nivel de información sobre el sistema:
- El 84% desconocía que, de cada 100 delitos en el país, solo 2 tienen como autores a menores de edad.
- El 70% estaba al tanto de que los menores no pueden estar detenidos junto a adultos.
- El 57% sabía que la implementación de la nueva ley demandará una inversión económica estatal en infraestructura, seguridad y programas socioeducativos, mientras que el 43% lo ignoraba.
Temas